La carta del BCE existió. Nunca se demandó a España la constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria.
Ha pasado tiempo, pero lo entonces vivido aún late en la memoria y eriza el vello.
A lo largo del primer semestre del año, la tensión política y económica ha ido in crescendo. Europa aprueba el segundo rescate a Grecia, pero lejos de tranquilizar, esa decisión genera más inestabilidad en los mercados debido a la imposición de que la banca privada también participe en el mismo y a las reticencias del BCE a comprar deuda soberana en los mercados secundarios –si el BCE de entonces hubiese tenido la flexibilidad del BCE de ahora, quizás otro gallo cantaría-. Para agravar la situación, y las dudas, el Banco de España interviene la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Por muchos esfuerzos que se hacen, Europa no consigue disipar los temores a una posible ruptura del euro.
Llega el 29 de julio. Hace apenas dos semanas que me he estrenado como ministro portavoz del Gobierno y acompaño a Zapatero a dar la rueda de prensa de cierre de curso. Es una ocasión especial porque no será un cierre más: será el cierre. Zapatero anuncia el adelanto electoral y nos despedimos para tomarnos unas pequeñas vacaciones. En realidad, en mi agenda aún tengo un acto en Galicia el día 2 de agosto, en coincidencia con la publicación de los datos del paro. A partir de ahí, se supone que podré tomarme unas minivacaciones con mi familia.
El BCE se centra en recomendar una vuelta de tuerca al mercado laboral y medidas adicionales de consolidación fiscal
Suposición errónea. La especulación se desata contra las deudas española e italiana y la prima de riesgo, el “marcapasos”, ya no nos dará tregua. Regreso a Madrid. El Gobierno intensifica los contactos con los socios europeos para buscar soluciones conjuntas. El Gobierno centra sus esfuerzos en evitar a toda costa que España caiga en el pozo del rescate. ¿Qué hacer?
En Europa había empezado a cobrar energía el debate sobre la necesidad de introducir en las constituciones la llamada regla de oro, a imagen y semejanza de lo hecho por Alemania dos años antes. De hecho, a mediados de julio Sarkozy había lanzado el debate sobre su inclusión en la Constitución francesa.
En ese contexto, el BCE emite sus recomendaciones a Italia y España, dado que son las deudas soberanas de estos dos países las más afectados por el contagio de la crisis griega.
En el caso de Italia, dentro de un conjunto amplio de medidas, el BCE recomienda la adopción de la regla de oro. Berlusconi lo acepta y anuncia que su Gobierno trabajará “para introducir en la Constitución el principio del equilibrio de las cuentas públicas”. Medida que no se llega a adoptar dado que Berlusconi acaba dimitiendo e Italia, en manos de un Gobierno técnico.
Nada que ver con España. El BCE excluye tal medida y se centra en recomendar una vuelta de tuerca al mercado laboral y medidas adicionales de consolidación fiscal. El Gobierno descarta de plano cualquier recorte social o reforma laboral inconstitucional. Pero, en línea con lo acordado con los socios europeos, aprobamos un conjunto de medidas orientadas a mejorar los ingresos públicos y a garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit.
¿Qué más hacer para reforzar la credibilidad de España? El Gobierno decide de forma autónoma que la mejor opción es constitucionalizar el principio de estabilidad –que no equilibrio- presupuestaria. Por tres motivos: es coherente con la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en el año 2006 y con la praxis de un Gobierno que ha logrado por primera vez en la democracia tres superávit consecutivos; no atenta contra el margen de maniobra de un Gobierno para afrontar situaciones de crisis dado que prevé la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo y no en cada uno de los ejercicios; y aporta una doble garantía: para los ciudadanos, porque al asegurar la salud de las cuentas públicas se asegura nuestro Estado del Bienestar. Y, para los inversores, porque reforzamos nuestra imagen y la solvencia de nuestro país para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo.
Lo demás es conocido: el Congreso aprueba la reforma constitucional y España evita el rescate. Fin de la historia de aquel agosto de 2011 cuya verdad revela en su libro ZP. Hablando de ZP, quizás algún día cuente cómo tomamos la decisión de impulsar ese acrónimo, que ha quedado para siempre. Pero esa es otra historia.
José Blanco