La regulación es de “dudosa constitucionalidad”. Quien lo dice es el Poder Judicial. Antes fue el Consejo de Europa quien pidió explicaciones y puso a España bajo observación por las restricciones al ejercicio del derecho de manifestación. Sí, estamos hablando de la ley de seguridad ciudadana, como la llama el Gobierno. De la ley mordaza, como la conoce el resto de España. Y Europa.
Y uno, por más vueltas que le da, no acaba de explicarse el porqué de la necesidad de esta norma.
La criminalidad no ha subido en España. De hecho, el último balance publicado por el Ministerio del Interior revela que no, que a pesar de atravesar la crisis más dura que recordamos en décadas, la sociedad española no ha respondido con un incremento de la delincuencia sino, al contrario, con una nueva reducción de las tasas de criminalidad. España sigue siendo un país seguro y, pese a los recortes y al paro desbocado, su ciudadanía está dando muestras de una entereza y una solidaridad encomiables.
A pesar de la crisis, las tasas de criminalidad en España se reducen
Por tanto, no existen elementos objetivos para endurecer las leyes que rigen nuestra convivencia para hacer frente a nuevas amenazas, a una criminalidad desbocada, a una situación social insostenible.
La razón, la razón profunda, por tanto, hay que buscarla en otros lares.
Durante mucho tiempo, la derecha de este país no necesitó tener la razón, le bastó con ejercer la represión para controlar a la población. Lo recordarán, eran los tiempos en los que la calle era suya. Parece que eso ha hecho mella en su ADN, en su forma de pensar y actuar porque cada vez que se sienten libres de ataduras tratan de contener la fuerza de la razón con las fuerzas de la represión. Y eso, no nos engañemos, responde a una concepción autoritaria del poder. No es paternalismo, es autoritarismo.
El mismo que les ha llevado a aprobar una ley de tasas judiciales que retira la tutela judicial efectiva a las capas menos pudientes de la sociedad, dejándolas inermes ante los abusos. Y el mismo que ahora les lleva a querer amordazar a la ciudadanía con la amenaza de multas y sanciones también fuera de los cauces judiciales. Menos tutela judicial, más represión administrativa. Por tanto, más arbitrariedad.
Y junto al autoritarismo, el negocio. Porque la ley de seguridad ciudadana no viene sola. Viene acompañada de la ley de seguridad privada, con la que el Gobierno abre el melón de la privatización de nada más y nada menos que uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática moderna: el que establece que el monopolio de la fuerza reside en el Estado.
La ley de seguridad ciudadana no viene sola, va acompañada de la ley de seguridad privada
Ahora, se sustituye el principio de “subordinación” de la ley anterior por los de “complementariedad” y “corresponsabilidad”, en una suerte de equiparación entre el papel desarrollado por agentes públicos y privados. Vigilantes a quienes alguien paga y que velan por los intereses de quien les paga, no por los del conjunto.
Una vez más, la razón de una ley se explica a la vista del único principio que anteponen a cualquier otro: el de convertir cualquier servicio público en un negocio privado. Como dijo el en tiempos de Aznar delegado del Gobierno en Madrid Francisco Javier Ansuátegui: “El que quiera seguridad que se la pague”.
No seré yo quien ponga trabas a facilitar el desarrollo de cualquier sector económico de nuestro país, pero ¿a qué responde este empecinamiento del Gobierno en primar siempre el interés particular sobre el interés general? La respuesta es que nunca han creído en la igualdad. Sólo hay que pensar en la forma tan despectiva y displicente con que se refieren a ella, ya sea la igualdad entre mujeres y hombres, ya sea la igualdad de derechos o de oportunidades.
Ley a ley, recorte a recorte, el Partido Popular está cambiando la piel a este país, sustituyendo el manto de derechos sociales y libertades cívicas tejido a lo largo de los últimos 35 años que cubría a todos, por un retal que da cobertura a unos pocos en función de la cuenta corriente. La versión moderna de la ley de la selva, la sociedad de mercado. Y contra quien se rebele, peaje –ley de tasas judiciales– y mordaza –ley de seguridad ciudadana–.
Este Gobierno al que tanto gusta invocar a Europa no debiera olvidar una realidad y una advertencia. La realidad, que España lidera los rankings europeos en materia de seguridad precisamente porque lidera la apuesta por la seguridad pública, con una mayor proporción de policías y guardias civiles que en los países de nuestro entorno. La advertencia, que el Consejo de Europa y la Eurocámara nos han puesto bajo vigilancia por la “desproporcionada” ley de seguridad ciudadana, tan restrictiva como innecesaria.
Ya lo decía Al Pacino: “No es personal, son solo negocios”. Ese es el problema, no ven a las personas, sólo el negocio, ese oscuro objeto del deseo.
P.D.: La Puerta del Sol no sólo es un bien de interés cultural, como nos ha recordado la alcaldesa de Madrid. Es el corazón de la capital de España. Un corazón que late al ritmo de las dificultades y el sufrimiento que está atravesando la sociedad española y que se expresa en la multitud de manifestaciones y protestas que en Sol tienen lugar. Sí, Sol es bien de interés cultural. Pero las protestas son un bien de interés social, porque no hay mayor interés que defender el bien común, algo que la marea blanca ha logrado al frenar la privatización de la sanidad pública en Madrid con sus protestas. Y Sol, aunque le pese a la alcaldesa y al Partido Popular, seguirá latiendo mientras la sociedad sufra.
José Blanco