Los socialistas navarros, liderados por Roberto Jiménez, aceptan a regañadientes la decisión de la Ejecutiva Federal del PSOE de impedir una moción de censura contra la presidenta de la Comunidad, Yolanda Barcina, para evitar que fuese apoyada por Bildu. No están de acuerdo pero cumplen con lo dispuesto por Ferraz al tiempo que reclaman un replanteamiento a sabiendas de que no habrá marcha atrás.
La consigna de Ferraz incluye también la negativa a respaldar una moción de censura presentada por terceros con el inevitable apoyo de Bildu. De este modo queda perfectamente escenificado el blindaje político de la presidenta que le otorgan los votos de los amigos de ETA. Al menos hasta que se vuelvan a repartir cartas en las próximas elecciones autonómicas.
Era doctrina Rubalcaba que los socialistas no darían ni un paso de la mano de Bildu. Lo cual limita notablemente su acción política en un escenario tan fragmentado como el navarro. Visto desde la perspectiva de UPN, es un seguro de vida (política, se entiende) para Yolanda Barcina, que puede seguir gobernando gracias a los amigos políticos de ETA. En ellos ha encontrado la clave de su supervivencia al frente de la Comunidad Foral, puesto que el acercamiento a Bildu es la raya roja que tanto el PSOE como el PP han prometido no rebasar.
A partir de ahora, Bildu ya sabe lo debe hacer para bloquear cualquier iniciativa que le disguste: anunciar que piensa votarla a favor. Eso será suficiente para que UPN, el PP y el PSOE desistan de impulsarla, según la lógica que se desprende del frenazo impuesto desde Ferraz a la ofensiva que había iniciado Roberto Jiménez (PSN) contra Barcina, después de desvelarse un caso de presunta corrupción: el de la vicepresidenta del Gobierno navarro y consejera de Hacienda, Lourdes Goicoechea, que pudo haber interferido en favor de clientes de la asesoría fiscal que regentaba antes de entrar en el Ejecutivo navarro.
Los ecos mediáticos y políticos de la discrepancia interna en la familia socialista y el rasgado de vestiduras frente a cualquier iniciativa susceptible de ser apoyada por los votos del diablo (los de Bildu) ha hecho olvidar el origen del problema. A la vista de los trabajos de la comisión parlamentaria que trató el caso de la vicepresidenta denunciada por la ex gerente de la Hacienda Foral, Idoia Nieves, no se sabe si hubo o no practicas corruptas, pues la clave indagatoria de la comisión fue de carácter político y no judicial.
En todo caso, si no hubo malas prácticas, no hay razón para reprobar a la presidenta, al margen de que la moción de censura tuviera o dejara de tener el apoyo de Bildu. Y si realmente hubo corrupción, o así lo creyó una mayoría de la Cámara, me parece poco presentable que los votos de Bildu se constituyan en un obstáculo insalvable a la hora de depurar un comportamiento tan condenable como el uso de la Hacienda Publica en beneficio particular de un gobernante.
Antonio Casado