16/2012. Habrá mucha gente a la que esas dos cifras no le digan nada, pero probablemente haya pocas decisiones que hayan afectado tanto a la vida de los ciudadanos de este país como las que se esconden tras esos números. Porque esas cifras identifican el decreto que puso fin a la universalidad del sistema sanitario público español, de cuya aprobación se cumple estos días el segundo aniversario, tiempo más que suficiente para ver el alcance de sus consecuencias.
Aquel 20 de abril de 2012, el Gobierno del Partido Popular dio un giro de 180 grados a la política sanitaria que se había venido desarrollando en nuestro país desde la Ley General de Sanidad de Ernest Lluch. De repente, la sanidad dejó de avanzar para empezar a retroceder, dejó de ampliar coberturas para empezar a excluir a personas.
Los ciudadanos pasábamos de beneficiarios de un derecho a asegurados de un servicio
Los recortes no eran nuevos, no en vano los responsables del Ministerio de Sanidad se habían estrenado en el cargo aprobando una reducción del presupuesto de más de 400 millones de euros. Sin embargo, el decreto suponía un cambio de filosofía: los ciudadanos pasábamos de beneficiarios de un derecho a asegurados en un servicio. Y como todo el mundo sabe un servicio se presta, un derecho se tiene y se ejerce. Es una diferencia nuclear. Lo saben bien los inmigrantes irregulares, excluidos de la sanidad pública al igual que los españoles en paro que, habiendo agotado las prestaciones, salgan a buscarse la vida fuera de nuestro país. Injusticia sobre la necesidad.
Desde entonces, la sanidad pública española no ha dejado de sufrir ataque tras ataque, recorte tras recorte, copago tras copago. Y el balance es desolador: la plantilla del personal sanitario se ha reducido en más de 22.500 profesionales en dos años, el presupuesto sanitario se ha recortado un 10%, el número de pacientes en listas de espera ha aumentado un 25% y el tiempo de espera para una operación quirúrgica, un 37% (de 73 a 100 días).
Además, todos pagamos más por nuestros medicamentos y por primera vez deben hacerlo los pensionistas, a lo que se suma la retirada de más de 400 medicamentos de la financiación pública, entre ellos antiinflamatorios, vasodilatadores o fármacos para prevenir el deterioro cognitivo asociado a la edad. Que la ministra Mato nos recomendara sustituirlos “con alguna cosa natural” lo dice todo.
Aunque en materia de farmacia hay una medida que aún es más injustificable por cruel: por primera vez los medicamentos dispensados en farmacia hospitalaria deben ser cofinanciados, unos 42 fármacos destinados a tratar pacientes crónicos o con enfermedades graves como cáncer, artritis, hepatitis o esclerosis múltiple y que habían quedado al margen del copago. De nada han servido las críticas recibidas también desde los gobiernos de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular: el Gobierno ha continuado adelante contra viento y marea.
Y si no sufrimos más copagos en nuestros bolsillos, no es por falta de ganas gubernamentales: previstos estaban tanto para ambulancias como para prótesis, pero la dureza del informe emitido por el Consejo de Estado cuestionando el ahorro que se conseguiría con ellos –llegó a afirmar que el coste de poner en marcha el sistema podría llegar a ser más alto que lo recaudado- llevó al Gobierno a retirarlos.
Si no sufrimos más copagos en nuestros bolsillos no es por falta de ganas gubernamentales
¿Se han producido ahorros? Lo que se ha producido es, utilizando la jerga de la ministra de Empleo, una movilidad exterior del gasto, concretamente hacia los bolsillos de los ciudadanos, que hoy pagan más por una atención de peor calidad, muy explícita en el caso del gasto farmacéutico, del que los ciudadanos han pasado a sufragar el 10%, frente al 5% anterior.
Desde luego, si algún ahorro se le conoce a este Gobierno es el ahorro con la verdad. Precisamente, una materia en la que es claramente perjudicial.
Ana Mato dejó dicho que “no hay cosa que tenga más valor que una medicina que cura enfermedades”. Que haya llamado “cosa” a uno de los mejores, sino el mejor, sistemas sanitarios del mundo probablemente lo explique todo.
P.D: Ya que hablamos de aniversarios, permítanme un recuerdo al décimo aniversario de la retirada de las tropas de Irak, decisión comunicada por José Luis Rodríguez Zapatero el 19 de abril de 2004, un día después de tomar posesión como presidente del Gobierno. Ahora que tan denostada está la política, no está de más recordar que el presidente honró la palabra dada a los ciudadanos con una medida de largo alcance. Inició su mandato retirando las tropas de Irak y lo concluyó con el fin del terrorismo etarra. La paz como bandera.
José Blanco