No, hoy prefiero no escribir en este resumen semanal sobre Cataluña porque, lamentablemente, nada nuevo, en cuanto a esperanzador, se ha producido bajo este sol. Hoy quisiera hablar, con cierto optimismo, sobre ese cáncer que ha sido, es, la corrupción. Y es que a veces me atrevo a preguntarme si no estaremos ante el comienzo de algo nuevo, inédito en las tres últimas décadas de la vida política española. Cuando coinciden en el tiempo una denuncia pública nada menos que del fiscal general del Estado, que airea la falta de medios y de leyes contra una corrupción que él considera excesiva, y el presidente del Tribunal de Cuentas, que nos narra que se detectan irregularidades en prácticamente todos los partidos, algo ocurre en un país. En este caso, en España. Ya no se trata solamente de lo que va contando el recluso Bárcenas acerca de los manejos en las sedes del PP, ni de la algo errática instrucción de la juez Alaya sobre lo que va encontrando en los aledaños de la Junta socialista de Andalucía. Ahora son instituciones tan respetables como la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas las que señalan que el nivel de corrupción -¿pasada?- ha sido, es, intolerable. Y, aunque me aseguran que la coincidencia en esta pública denuncia en sede parlamentaria ha sido casual, no deja de ser sintomática.
Ahora son instituciones tan respetables como la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas las que señalan que el nivel de corrupción ha sido, es, intolerable.
Diputados en el Congreso, asistentes a la reunión de la comisión constitucional ante la que Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, hizo esta semana unas revelaciones que, en el fondo, no lo eran tanto, señalando que trece partidos y veinticuatro fundaciones muestran irregularidades en su financiación, dijeron a quien suscribe que probablemente se esté abriendo en España un 'macroproceso moral' contra la corrupción política. Una corrupción que, insisten, es cosa más del pasado que de un presente en el que no se podrían repetir ni casos como Filesa, ni Gürtel -cinco años ya lleva de instrucción-, ni Bárcenas, ni ERE… O sí; pero lo cierto es que ahora los focos se han puesto de manera adecuada e insistente sobre la financiación de los partidos, la excesiva 'libertad' de los tesoreros de las formaciones políticas y la impunidad en la que han vivido unas conductas delictivas que no encuentran excesiva severidad en el Código Penal ni hasta ahora, en el código moral de la ciudadanía. Y los ciudadanos parecen más preocupados aún por la corrupción que por lo que está ocurriendo en Cataluña, por ejemplo, según indican los sondeos.
Los ciudadanos parecen más preocupados aún por la corrupción que por lo que está ocurriendo en Cataluña
Y, así, el Tribunal de Cuentas, que siempre actuó con retraso -cinco años de demora-, ha venido clamando reiteradamente en el desierto acerca de las extrañas maneras como los partidos españoles se financiaban: donaciones anónimas y aportaciones de los ayuntamientos -obviamente, procedentes de recalificaciones y otros excesos urbanísticos-. Sin que, naturalmente, nadie quisiera oír estos informes de un Tribunal sin atribuciones ejecutivas y designado de manera poco independiente. La financiación de los partidos nació de manera irregular, porque había que financiar muchas campañas, a muchos funcionarios, engrosar sueldos demasiado escasos de quienes, en principio, se dedicaban al servicio público, y acabaron, ante la falta generalizada de vigilancia, cuando no por la complicidad de los jefes máximos de los 'aparatos' partidarios, afanándose en el beneficio de sus propios bolsillos. Hora es ya de modificar esta situación.
Así, los últimos días han sido muy reveladores: las comparecencias parlamentarias del indudablemente idóneo fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, y del sin duda adecuado presidente del Tribunal de Cuentas, Alvarez de Miranda, se han sumado al espectáculo dado ante un tribunal por un juez que en teoría defiende la depuración de la justicia, el procesado por presunta prevaricación Elpidio José Silva, que convirtió su propio juicio en una charlotada de presunta denuncia de la falta de esta justicia en España. Ciertamente, hay que convenir que existe una sensación generalizada de que la justicia española no es igual para todos. Pero la actitud del juez Silva, lanzado a su propia campaña para lograr un escaño en el Parlamento europeo, contribuye poco a la mejora de esa justicia de la que se burló precisamente en sede judicial el pasado miércoles.
Existe una sensación generalizada de que la justicia española no es igual para todos
Pero todo apunta a un consenso generalizado, en el propio marco político, en el judicial y en el social, en pro del fin de las conductas delictivas, irregulares o antiéticas en el manejo de la vida pública. Por primera vez, el Gobierno de Mariano Rajoy, que tanto hizo la vista gorda en el pasado, parece decidido a cortar todo tipo de abusos y vacíos legales, y en ello debe, y probablemente así será, sentirse secundado por el principal partido de la oposición y por otras formaciones con representación parlamentaria. No es la primera vez que un consenso de estas características se delinea en el horizonte para luego diluirse en la falta de medidas concretas. ¿Será esta una nueva ocasión perdida? Ya digo: quisiera creer que el viejo sueño, al menos este viejo sueño, puede hacerse realidad.
Fernando Jáuregui