La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dio por cerrado el escándalo Bárcenas desde el atril del Consejo de Ministros cuando anunció hace unos días que no volvería a decir ni media palabra hasta que sea cosa juzgada. Como si el caso del ex tesorero, y lo que le cuelga en materia de enriquecimiento personal, financiación ilegal del partido y dudosa procedencia de esos dineros, fuera estrictamente judicial y no tuviera alcance político. Lo tiene, y mucho. Nos movemos en un régimen de opinión pública donde importa, incluso más que el tratamiento judicial de un determinado asunto, esa percepción ciudadana que de hecho ya sitúa el problema de la corrupción en el segundo lugar de sus grandes preocupaciones, detrás del paro, en medio del desaliento ante la incierta voluntad de acabar con ese grave agujero negro de la democracia.
A esos climas de opinión contribuyen actitudes como la de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría cuando pone el grito en el cielo porque la portavoz socialista en el Congreso le reprocha haber cobrado un sobresueldo del partido cuando en la etapa 2008-2011 ejercía de portavoz parlamentaria, pero ni se inmuta cuando se enfrenta a la acusación policial, fiscal, judicial y mediática, de que su partido se ha financiado con dinero negro durante años y años. Eso le debe parecer asunto de menor cuantía. Y si la emplazan a dar explicaciones, entonces dice que las dará cuando haya una sentencia.
Por eso en el tema del cabreo protagonizado el martes pasado por la vicepresidenta en el Congreso, ante la pedrada de Soraya Rodríguez, la portavoz socialista, lo verdaderamente relevante es, en mi opinión, que tenga un umbral de indignación tan bajito respecto a su persona y tan alto, tan astronómico, respecto al Gobierno y al partido que representa cada vez que hace o dice algo. Por ejemplo: «Yo no he cobrado un sobre en mi puta vida», declamó en pasillos cuando se insinuó la dudosa procedencia del dinero que, según Soraya Rodríguez, habría percibido como un sobresueldo del PP, sin perjuicio de que lo declarase o no, o que le llegase en sobre o por transferencia. Eso es lo de menos. Lo relevante es que el partido al que pertenece sí ha recibido un masivo sobresueldo en negro para financiarse, pero frente a eso los dirigentes del partido en el poder, incluidos los que forman parte del Gobierno, no reaccionan o reaccionan como si el asunto no fuese con ellos el hecho totalmente anómalo de que ese partido se haya financiado en «B».
Lo dicho. Es una lástima que el rasgado de vestiduras de la vicepresidenta no se haya hecho extensivo al escándalo de la financiación ilegal de su partido. Lo cual es bastante más grave que la presunta dignidad herida de una persona, pues afecta al corazón del sistema democrático y la imagen de España en el mundo. No es grano de anís que el PP haya estado jugando con ventaja en los procesos electorales sobrepasando el gasto legal mediante pagos en dinero negro. Pero eso, al parecer, no hiere en absoluto la dignidad personal de tan señalada representante de ese partido.
Antonio Casado