El asesinato de Isabel Carrasco no es un crimen político, por mucho que la fallecida fuese un personaje público y que el asesinato haya conmocionado la campaña de las elecciones europeas. El suceso ha tenido además una indeseable consecuencia sobrevenida en forma de opiniones indignas que, por un lado, han ofendido la memoria de la víctima a base de insultos y, por otro, han intentado presentar el crimen como consecuencia de la desafección política o como estación natural a la que ha conducido la actitud de quienes, por ejemplo, han defendido los escraches.
Aunque la conexión criminal entre los escraches y el asesinato la han realizado personas conocidas en medios de comunicación convencionales, el ministro del Interior ha ordenado a la policía investigar las redes para identificar a los autores de algunas ofensas. Como seguramente alguien le ha indicado que los delitos de injurias no se investigan de oficio sino a partir de la denuncia del presuntamente ofendido, en sus últimas declaraciones ha derivado su argumentación insistiendo en la peligrosidad de las redes como nido en el que se desenvuelven con eficacia los grupos yihadistas. Comenzar con un asesinato en León movido por una venganza privada y terminar hablando del terrorismo islamista es un triple salto difícil de digerir.
Sorprende que el ministro no se aplicase con la misma contundencia cuando compañeras de partido llamaron nazis a quienes defendían los escraches. Y sorprende aún más que el ministro, que habla con tanta autoridad del lado oscuro de las redes sociales, no siga ni el propio perfil de la Policía Nacional en Twitter. De haberlo hecho podía haber leído este tuit lanzado hace un año por @policia: «»¡Ojalá se mueran!» es una mezquindad, una idiotez, pero NO ES DELITO. ¿Por qué no les ignoras y bloqueas? Te cabrearás menos.»
Isaías Lafuente