El mismo tribunal que sentenció al guardia civil que ha indultado Gallardón, informó luego favorablemente a la petición de dicho indulto en base a que la pena que le impuso, insignificante por cierto, podría costarle al reo la expulsión del Cuerpo. Se trata de un detalle más, sólo de un detalle más, del caso que ha escandalizado a las personas de bien, que por serlo aún conservan la capacidad de escandalizarse en un país regido, maltratado, por el escándalo permanente.
También, como se sabe, la Fiscalía puso de su parte para que quedara impune la execrable y delictiva acción del agente, que no sólo no impidió una agresión sexual a una mujer delante de sus ojos, sino que se complació con ella mientras la grababa en vídeo y se reía. También el padre del elemento, concejal del PP y responsable local del partido, arrimó el hombro y recogió firmas para solicitar el indulto, y así, en una escalada delirante, hasta llegar al Gobierno, que le dio la definitiva palmadita en la espalda al que no sólo omitió el deber de socorro y el de perseguir el delito, sino que ensució el uniforme que tantos otros compañeros, los que se juegan la vida persiguiéndolo, visten con honor.
La demencia parece haberse instalado en España en términos de normalidad. Independientemente del reproche judicial que merece la conducta del individuo, ese reírse de una víctima, y grabar su tortura mientras su amigo la ejecuta, y permanecer impasible mientras éste apalizaba al buen ciudadano que quiso impedir el ultraje, y sustraerse luego a las pesquisas policiales, al margen, digo, de todo eso, parece claro que la pena automática, pues no necesita procedimiento judicial alguno, debiera ser precisamente la expulsión del Cuerpo, justo lo que todo el mundo con poder ha querido y conseguido evitar. La calificación de ese indulto, de ese escándalo y de su génesis, queda para quien conserve un adarme de sentido común, pero diríase que a todas las instancias y personas implicadas en él les parece la cosa más natural del mundo que un agente del orden que delinque y se cisca en sus obligaciones conserve ese empleo.
Diversos colectivos han pedido a Gallardón que anule el indulto por ser éste «un ataque a la dignidad de las mujeres». Lo es, en efecto. Y a la de los hombres. Y a la de la Guardia Civil.
Rafael Torres