La reafirmación de la imputación de la Infanta Cristina no es un asunto menor. El Juez Castro ha querido esperar a la Proclamación de Felipe VI como nuevo Rey. Pero, una vez que ha pasado la fiesta viene la resaca y la resaca se plasma en que, muy probablemente Doña Cristina de Borbón será imputada por blanqueo de capitales y cooperación en los dos delitos fiscales cometidos por su marido Iñaki Urdangarín en el 2007 y en el 2008. Estos delitos llevan penas de prisión de hasta 11 años.
Pero el proceso todavía es largo y tiene que pasar a la Audiencia Provincial. Muy probable ahí quede frenado el asunto de Doña Cristina. No así, sin embargo el de su marido Iñaki Urdangarín. Son seis delitos los que pesan sobre él y unos cuantos años de prisión.
Si atendemos a las palabras del mensaje de Navidad de Don Juan Carlos en que “la justicia es igual para todos”, el axioma es que Urdangarín tendrá que ser juzgado y muy probablemente irá a prisión. Pero una cosa es lo que se dice y otra son los hechos y la acciones.
Si nos aventuramos al futuro podríamos preguntarnos si cabría el indulto a Urdangarín. Por supuesto que cabe. Pero si eso ocurriere, el escándalo adquirirá unas dimensiones sobresalientes.
Tal y como está la Institución de la Corona en la actualidad, no creo que sea el momento más adecuado para estar concediendo indultos. No hay más que recordar las palabras del Rey Felipe VI en su Proclamación el pasado jueves cuando habló de Justicia y Transparencia.
Eso es lo que hace falta. El ciudadano español necesita sentirse seguro del poder judicial, de las instituciones políticas, de los aparatos sindicales, del Gobierno, de los presidentes de las comunidades autónomas y un largo etcétera que se hace interminable. En otras palabras: si hay justicia tiene que ser para todos, si Doña Cristina cometió delito tendrá que pagarlo. Si Iñaki Urdangarín cometió varios delitos tendrá que responder. Sin embargo, si se demuestra que no hay delito serán inocentes.
No creo que la opinión publica española quiera hacer sangre. Lo que la ciudadanía española reclama es que “todos seamos iguales ante la ley”.
Alberto Peláez