La Abogacía del Estado, la Fiscalía, la Hacienda Pública y el Gobierno de España parecen haberse puesto de acuerdo para abundar en el desprestigio de unas instituciones claramente deterioradas en los últimos tiempos. Su salida en tromba en defensa de la Infanta Cristina está confirmando ante la opinión pública la idea, por otro lado bastante asentada, de que no todos somos iguales ante la ley. Y con ello, no solo le están haciendo un flaco servicio a la ciudadanía a la que se deben, sino, fundamentalmente, a la corona y a la Casa Real a la que pretenden proteger.
El espectáculo de un fiscal que, en contra de lo que debe ser y ha sido siempre su norma de actuación, se dedica a redactar un recurso contra la imputación de la Infanta, con graves acusaciones contra el juez instructor, que rozan, si es que no caen de lleno, en la de prevaricación, está sembrando el estupor ante esa mudanza de papeles de quien debería acusar o abstenerse pero se convierte en meritorio abogado defensor. Un recurso que, por otro lado, parecía tener escrito de forma previa al auto del juez Castro, habida cuenta de la celeridad con que el fiscal Pedro Horrach lo ha presentado.
Su salida en tromba en defensa de la Infanta Cristina está confirmando ante la opinión pública la idea de que no todos somos iguales ante la ley
El inusual comportamiento de una hacienda pública, admitiendo como desgravable facturas falsas que, además, corresponden a ejercicios distintos, despierta la perplejidad de los españoles de a pie que han sufrido el rigor una «paralela» ante el más mínimo despiste en sus declaraciones.
Perplejidad que no parece afectar a una Abogacía del Estado, personada en la causa, y que avaló desde el principio el comportamiento de la Infanta, no apreciando ningún tipo de delito fiscal.
Y como colofón, la actitud del Gobierno, expresada por su presidente, Mariano Rajoy, mostrando su confianza en que la Infanta Cristina demostrará su inocencia: «Es mi deseo y mi convicción».
Por un lado resulta increíble que un presidente de Gobierno, generalmente parco en palabras y en actitudes, adopte una posición ante el tema. Por otro lado sus aseveraciones nos retrotraen a otras similares, en casos que están en la memoria de todo el mundo -Bárcenas, Francisco Camps…- y que, cuanto menos, siembran enormes dudas sobre la capacidad de acierto de las convicciones y los pálpitos del presidente.
En fin, esos nuevos tiempos por los que apostó el Rey Felipe VI solo parecen haber sido asumidos exclusivamente por la propia Corona que, reposicionando la postura de la Casa Real en la primera imputación, pone de manifiesto su respeto por la Justicia y las decisiones judiciales. Así debe ser cuando se desea y busca el respeto de la ciudadanía.
Victoria Lafora