El Gobierno ha confundido el Hemiciclo del Congreso con el Hipódromo de la Zarzuela. Corre el riego de ver cómo revienta esta especie de caballo de Troya que Moncloa acaba de meter en el Congreso, sobrecargado de las más variopintas medidas de lucha contra la crisis económica en nombre de la competitividad y la eficiencia. Es, al menos, el airado reproche de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP. Por las prisas de convalidar en menos de cuarenta y ocho horas el llamado Decreto de Medidas Urgentes para la Competitividad y la Eficiencia, aprobado en el Consejo de Ministros del viernes pasado.
Nada menos que veintiséis leyes quedarán modificadas después de que la Cámara, solo con la inapelable mayoría absoluta del PP, respalde este jueves, en periodo de vacaciones parlamentarias y por vía de «necesidad urgente» este nuevo «decretazo». Se pueden contar hasta un centenar de medidas diversas que afectan a nueve Ministerios distintos en un convoluto donde cabe todo: desde la liberalización de horarios hasta la reforma fiscal, privatización de aeropuertos, reforma del registro mercantil, impuesto a depósitos bancarios, medidas contra el paro juvenil, etc.
Entiende la oposición que no es constitucional el uso de esta formula legislativa porque no responde ni mucho menos a una cuestión de «extraordinaria y urgente necesidad», que es el supuesto indicado para recurrir al decreto-ley que entra en vigor antes de convalidarse en el Congreso. Por eso ha anunciado la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, que su grupo presentará un recurso de inconstitucionalidad. Otros grupos, que por sí mismo no disponen de suficientes escaños para tomar esa iniciativa, han anunciado que se sumarían al recurso socialista por entender afectados los derechos del ciudadano, que es uno de los límites al uso del decreto-ley.
Tienen razón, a mi juicio. El malestar es justo, lógico y previsible ante una evidente alteración del normal funcionamiento del Parlamento. Además del citado supuesto de inconstitucionalidad, se reducen casi cero las posibilidades de debatir y de escuchar las explicaciones de los ministros afectados. Habla uno en nombre de todos, se supone que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Y no parece que fuera imprescindible esperar a las vacaciones parlamentarias para presentar estas medidas contenidas en casi doscientos folios ¿Cómo se las van a arreglar los grupos para formarse una opinión sobre un convoluto de decisiones tan heterogéneas?
En definitiva, que el Gobierno se desmiente a sí mismo cuando se llena la boca de buenas intenciones sobre la regeneración democrática y acercamiento de los ciudadanos a las tareas de sus representantes. Si no hay cambios de última hora, todo está preparado para que el «decretazo» cuente con el singular respaldo de la Cámara -deprisa, deprisa- este mismo jueves. Estamos ante un descarado ejercicio malversador de una fórmula legislativa pensada exclusivamente para cuestiones apremiantes.
Antonio Casado