El derrumbe de Gowex, esa empresa que ofrecía instalar WiFi hasta en el infierno y que llevaba cuatro años falseando las cuentas de resultados, es un ejemplo más de la falta de vigilancia por parte de las autoridades competentes de determinadas aventuras empresariales que acaban convertidas en verdaderas estafas de guante blanco.
Su presidente, Jenaro García, recibió incluso un galardón de manos del presidente del Gobierno (que ahora se ha apresurado a retirarle) y una frase tan elogiosa como esta: «Una sociedad necesita, porque si no, no vive, referentes emprendedores como Vds». Pensará el Ejecutivo que con la retirada del premio se acaba su responsabilidad en la estafa que se ha llevado por delante, una vez más, los ahorros de miles de ciudadanos.
No vale decir la frase de rigor de que no «se atan perros con longanizas» y que los inversores deben desconfiar de aquellos valores que ofrecen una rentabilidad por encima del mercado. Sobre todo porque los principales acreedores, en este caso, son el Ministerio de Industria que le prestó casi cinco millones de euros, el Instituto de Crédito Oficial, el Ayuntamiento de Madrid y el Banco Europeo de Inversiones.
Cuando no hay dinero ni para mantener abiertos los comedores escolares en el verano, ¿quién es el responsable de esta mala gestión del dinero público que sale de las carteras de los contribuyentes? Una vez más la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ese organismo de control con nombre tan rimbombante, no se ha enterado de nada. Es verdad que su misión consiste en vigilar el IBEX, pero es que la empresa que realizó la auditoria de Gowex es una desconocida en el mundo económico.
¿Cómo es posible que Bolsas y Mercados Españoles el otro órgano encargado de velar por los inversores tampoco detectara nada? Ahora todos se lavarán las manos y la denuncia acabara en la Audiencia Nacional, donde el Juez Santiago Pedraz ya ha solicitado quedarse con la causa, dada su experiencia previa con otra estafa como fue el foro filatélico Afinsa.
Porque conviene recordar que Afinsa creó un perjuicio patrimonial de casi dos mil millones de euros y dejó sin ahorros a más de doscientas mil personas que todavía andan esperando recuperar los ahorros que invirtieron en unos sellos que nunca existieron.
Y antes, con el Gobierno socialista, se consintió que la familia Ruiz Mateos hiciera una emisión de pagarés de Nueva Rumasa. Con el dinero que captaron, en torno a los 673 millones de euros, se dedicaron, según el auto de la Audiencia Nacional, a pagar las hipotecas de los hijos del fundador y a mantener su lujoso tren de vida. Aquí también, más cuatro mil familias vieron volatilizarse los ahorros de toda su vida.
Hundidos los negocios, los trabajadores en las colas del INEM y los inversores estafados, cabe preguntarse, en el caso de la piadosa familia Ruiz Mateos, donde se encuentran el padre y los hijos implicados en la estafa. Pues en su casa, tan tranquilos. Eso es seguridad jurídica y los demás son bromas.
Victoria Lafora