Vaya por delante que estoy de acuerdo con un cambio en la ley electoral para que gobierne la lista más votada y se ponga en marcha la llamada segunda vuelta para la elección de alcaldes. Lo estaba, cuando en su día, lo propuso el PSOE y lo estoy ahora que es la apuesta del PP. Parece que, definitivamente, el Presidente del Gobierno está decidido a sacar adelante el cambio en la ley orgánica de régimen electoral para que entre vigor en las elecciones municipales del mayo del 2015 y ahí, precisamente, es donde algunos pueden encontrar las sombras. Modificar una de las piedras angulares del sistema político español, como es la ley electoral, sin el consenso necesario es algo muy arriesgado y da lugar a especulaciones sobre el interés electoralista de la medida.
Llevo años oyendo a los ciudadanos quejarse de que, finalmente, lo que manda no es su voto si no las componendas que se pueden hacer en los despachos y aunque los pactos electorales son plenamente democráticos -y en ese sentido no cabe airear sospechas- lo cierto y verdad es que en términos de equidad es más correcto que gobierne el programa electoral que mayoritariamente han decidido los electores. El asunto no es tanto el qué, si no el cómo y el cuándo. Sólo hay que tirar de hemeroteca para comprobar que el Partido Socialista, que ahora se muestra crítico con la medida, durante muchísimos años ha estado defendiéndola, aunque tal vez lo hiciera sólo de boquilla y siempre que se le preguntará por medidas de regeneración democrática. Ahora la cosa ha cambiado, entre otras cuestiones porque se ha fragmentado el voto de la izquierda, y no sólo porque el PSOE se haya desangrado electoralmente, sino por la aparición de nuevas opciones como el fenómeno PODEMOS que tiene su principal granero de votos en la izquierda y le esta comiendo la merienda a IU.
La gran pregunta a plantear es si un partido político está legitimado para sacar adelante sus propuestas
Sea como fuere parece que el Gobierno en cuanto se reanude la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados iniciara los contactos tanto con el PSOE como con el resto de los partidos para intentar pactar un texto que, finalmente, podría ser enviado a la Cámara Baja en octubre y habría tiempo, más que suficiente, para su aprobación y entrada en vigor antes de las elecciones municipales del 2015. Es verdad que de hacerlo, el PP, utilizando solamente su mayoría absoluta, sería la primera vez que los dos grandes partidos no se ponen de acuerdo a la hora de hacer cambios de gran intensidad en el sistema político español, aunque también es cierto que el PP durante toda su la legislatura no ha tenido más opción para poder aplicar el programa con el que ganó las elecciones y sus reformas que tirar de mayoría absoluta.
Ahora la gran pregunta a plantear es si un partido político está legitimado para sacar adelante sus propuestas, incluso las de mayor calado ideológico, en unos tiempos donde el consenso se hace inviable. Y la respuesta desde luego es que sí. La tradición no escrita, pero aceptada durante toda la democracia ha sido que en los asuntos de mayor trascendencia haya diálogo, acuerdo y pacto, pero, desgraciadamente, en estos tiempos de intransigencias cada vez es más difícil buscar puntos de encuentro. A mi me da igual quien gobierne y acepto plenamente la voluntad de las urnas, aunque no se el partido al que he votado, porque no creo en las patentes de corso ni en que haya legitimidades diferentes. Muchos creen que sólo la izquierda está legitimada para, según que cosas, en una interpretación de la Democracia y la Constitucion bastante alicorta y miope. Me gustan que se respeten las reglas del juego y, como casi todos, desconfío de los cambios que se hacen a la mitad del partido pero en este caso tengo el firme convencimiento de que si el PP, como dicen algunos, esta moviéndose por interés partidistas el PSOE también lo esta haciendo y de ahí su cambio de posición y su no rotundo a aceptar algo que ellos proponían y ahora desprecian.
¿Por qué dónde decían 'digo' ahora dicen Diego? Pues o bien porque no cree en sus posibilidades de ganar o simplemente porque quienes lo proponen son sus adversarios y da igual lo que propongan. De hecho, hace bien poco me decía Pedro Sánchez, en la primera entrevista que concedió a un periódico nada más ser elegido, que estaba dispuesto a aceptar cambios en algunos aspectos de la ley electoral aunque rehusaba que se hiciera con un objetivo ventajista. Ahora es el momento de que explícite esos cambios y explique claramente su posición política.
Esther Esteban