La reforma electoral que plantea el Partido Popular y por la que Mariano Rajoy no se atreve a comparecer en el Parlamento rompe una regla no escrita básica en el funcionamiento de nuestra democracia desde sus propios inicios: la de que el diálogo y el acuerdo amplio y mayoritario presiden cualquier modificación de la ley electoral.
Con su propuesta, el PP está a punto de dinamitar un modelo que ha aportado credibilidad, fiabilidad y estabilidad a la democracia y a la competencia democrática en nuestro país, dado que el cumplimiento de ese pacto tácito entre las fuerzas políticas ha garantizado hasta ahora el juego limpio y evitado la imposición unilateral de cambios en las normas electorales españolas. Un modelo que el Partido Popular parece dispuesto a llevarse por delante, lo cual amenaza con introducir un foco de inestabilidad permanente en el sistema al dejar las normas electorales al albur de cualquier cambio de mayoría –por definición coyuntural–, socavando aún más la legitimidad de nuestras instituciones, ya muy cuestionadas a ojos de amplias capas de la sociedad.
El PP amenaza con introducir un foco de inestabilidad en el sistema
El problema no estriba en si el sistema de elección de las corporaciones municipales es uno u otro. Sistemas de todo tipo tenemos en los países de la Unión Europea, desde sistemas proporcionales a mayoritarios, a una y a dos vueltas, con prima de mayoría y sin ella. Cada uno de ellos con sus virtudes y sus defectos. Todos perfectamente democráticos.
El problema estriba en que el Partido Popular hace gala de escasas convicciones democráticas cuando pretende aprobar la reforma de forma unilateral, sin haber impulsado ningún tipo de diálogo previo con las demás fuerzas políticas, en los minutos finales de la legislatura y por intereses espurios. Todo en un intento desesperado por retener un poder municipal que se le escapa –como apuntan todos los sondeos de opinión y prueban las últimas elecciones, en las que perdió 16 puntos–, mediante un cambio de las reglas de juego que sólo pretende poner impedimentos a la libre expresión de las preferencias democráticas (y de la voluntad de cambio) de los ciudadanos. Y eso tiene un nombre: autoritarismo antidemocrático. El mismo que alienta en propuestas como la de la reforma de la ley de seguridad ciudadana o del derecho de huelga.
Y pretende hacerlo, además, utilizando argumentos falaces como el de que la elección directa de los alcaldes es más democrática.
«Adiós representatividad, hola virreinatos»
En primer lugar, el 90% de los alcaldes de España ya pertenecen a la lista más votada, por tanto el sistema vigente no es un obstáculo, sino todo lo contrario, al gobierno de la lista más votada.
En segundo lugar, si realmente se cree el argumento el Partido Popular está tardando en presentar una propuesta de reforma constitucional para posibilitar la elección directa del presidente del Gobierno dado que Mariano Rajoy está padeciendo el mismo déficit de legitimidad democrática que advierte su partido en las corporaciones locales…
No, el sistema vigente no es en absoluto menos democrático que el propuesto por el PP. Al contrario, en un panorama de creciente fragmentación del voto lo único que lograría la reforma del PP sería recortar pluralidad y regalar mayorías absolutas a candidatos que hubieran alcanzado el 40% de los sufragios emitidos. Adiós representatividad, hola virreinatos.
Frente a la propaganda oficial, no hay atisbo de regeneración en esta medida, sino más bien de degeneración, dado que lo que promueve son alcaldes omnipotentes e inamovibles, con oposiciones mermadas, cuando no anuladas, en su capacidad para fiscalizar la actividad de las corporaciones. Caciques de nuevo cuño. Peor aún, caciques con una pátina de falsa legitimidad democrática.
Nadie pretende, por tanto, defender que no puedan cambiarse las normas. Todo lo contrario, las normas pueden y deben cambiarse y es sano para la vitalidad democrática someterlas a revisión y modificación para corregir sus defectos. Es lo que hicimos con la propia LOREG cuando, tras largo debate y por amplio acuerdo, la modificamos durante la pasada legislatura para poner coto al transfuguismo. Y es lo que mi propio partido defiende al proponer reformas en la ley electoral, en la ley de partidos y, lo que es más importante, en la propia Constitución como vía para mejorar la calidad de nuestras democracia y solventar algunos de los problemas más acuciantes que nuestro país tiene sobre la mesa. Pero por la vía del diálogo y el acuerdo, no de la imposición y el rodillo.
«Caciques con una pátina de falsa legitimidad democrática»
Porque si algo está claro es que la vía más rápida para socavar la democracia es aprovechar una mayoría absoluta coyuntural para cambiar de forma unilateral las reglas de juego para blindarse de forma permanente en el poder. Dolores de Cospedal ha abierto el camino en Castilla-La Mancha reduciendo el número de diputados del Parlamento autonómico y retirándoles el salario –la mejor fórmula para que solo los ricos puedan dedicarse a representar a los ciudadanos, dificultar el control del Gobierno por parte de la oposición y abrir la puerta a la corrupción–. Y ahora pretende extenderlo Mariano Rajoy a todos los ayuntamientos de España.
Aznar apostó por una derecha sin complejos. Y sus consecuencias las sufrimos en su segunda legislatura. Rajoy ha apostado por una derecha sin vergüenza. Y lo está consiguiendo a la primera.
Sin complejos. Sin vergüenza.
José Blanco