El desafío de la «Generalitat» de Cataluña a la legalidad constitucional española tiene precedentes. Todos terminaron mal. En algún caso, fueron semilla de tragedias que vinieron después. Visto que el Tribunal Constitucional ha suspendido la consulta convocada por Artur Mas para el próximo 9 de Noviembre, en lógica democrática, la cosa no debería ir a más. Los políticos implicados en primera línea -el Presidente Rajoy, el citado Mas, desde la oposición, Pedro Sánchez y en Cataluña, Oriol Junqueras- deberían asumir el compromiso de enfriar la situación, intentar rebajar la temperatura del debate e impedir, a toda costa, que se traslade a la calle como, de manera temeraria, ya lo han intentado desde una de las plataformas antisistema que, aprovechando el río revuelto, parece haber resucitado el viejo lema leninista de «cuanto peor, mejor». Evitar que se traslade a la calle -a través de movilizaciones o tumultos- de los que la Historia nos enseña que con certeza sólo se saben dos cosas: cuando empiezan y que suelen terminar mal. Con violencia. Aunque algún desaprensivo pueda sentir la tentación de jugar a eso, Barcelona no es Kiev. Ni Cataluña, Kosovo. Los ciudadanos de una comunidad que aporta el 20 % al PIB de España; siete millones de personas que han vivido hasta ahora en paz, beneficiándose -pese a los recortes provocados por la crisis- de las ventajas de vivir en un país democrático y moderno, con autonomía política y pautas del Estado del bienestar muy asentadas, no deberían dejarse arrastrar a situaciones de incierto futuro porque es mucho lo que podrían perder frente a lo difuso que puede ofrecer la quimera de la independencia. Debería triunfar el «seny» por encima de la «rauxa», alimentada con una letanía de supuestos agravios, recitada por dirigentes políticos que, en algún caso, han resultado ser grandes impostores. Corruptos que se han enriquecido de manera obscena. Ellos, sus familias y sus deudos. Llegado a dónde hemos llegado ya es hora de que los ciudadanos de Cataluña se olviden de las palabras de sus dirigentes y pasen a escrutar sus hechos. Que se den cuenta de que han sido utilizados para causas de encubrimiento de conductas políticas interesadas. En el caso de Artur Mas para difuminar su último fiasco en las urnas; en el de ERC para que se olvidaran la desastrosa gestión del «tripartito»; en el caso de Jordi Pujol y familia para que nadie les preguntara por las cuentas opacas de Andorra. Todavía es tiempo de evitar que las cosas se desborden. Visto que la consulta del 9N no se celebrará, si tanta fe tiene Artur Mas en lo que proclama, debería convocar elecciones y asumir el riesgo de que los catalanes le digan lo que piensan de estos dos años perdidos al frente del gobierno de la «Generalitat».En mi opinión, sería la salida menos arriesgada para esta crisis. Sin violentar la ley, sabríamos cuantos catalanes quieren separarse y cuantos seguir en España. Y, sabríamos a qué atenernos.
Fermín Bocos