Sostengo que nos quedamos a medio camino cuando centramos el reproche moral y legal en los ochenta y tantos beneficiados con el uso de las dichosas tarjetas «gratis total» de Caja Madrid y Bankia. El problema mayor no es el de estos pícaros, que al fin y al cabo es un problema asociado a la condición humana. Más nos valiese denunciar el sistema, el modelo, una forma de hacer las cosas cuando se trata del dinero de todos (las Cajas de Ahorro, cuyo gobierno estaba encargado a instituciones y entidades públicas, eran teóricamente palancas de desarrollo territorial y apoyo a emprendedores).
Hablamos de un sistema corrompido a partes iguales por corruptores y corrompibles en dulce amontonamiento, donde el clientelismo y el intercambio de favores eran modelos de conducta perfectamente identificables. Nadie se molestaba en disimularlos. Sin embargo, tuvieron que pasar casi diez años para que un presidente de la entidad lo pusiera en la mesa de un fiscal después de hacer algo tan simple como leer el informe resultante de una auditoria interna. No hizo nada del otro mundo el señor Goirigolzarri, solo lo que es debido, lo normal, preguntar por unos epígrafes de la contabilidad interna y descubrir lo que a todos luces era reprobable.
Quiero decir que Goirigolzarri no es ningún héroe. Es un gestor que, naturalmente, quiere hacer bien las cosas en nombre de lo consabido en todos los manuales de buenas practicas, tanto en el ámbito de la legalidad como en el de la ética. Pero su decisión de poner el asunto en manos de un fiscal, nos viene a recordar que en materia de lucha contra la corrupción, cuando se quiere se puede. O sea, una vez más se demuestra que acabar con esta lacra, o al menos intentarlo, es cuestión de voluntad política.
Tomemos, por ejemplo el Código Ético del PSOE. No el que se aprobó el pasado fin de semana, apadrinado por Sánchez y los nuevos dirigentes, sino el que vio la luz hace nada menos que diecisiete años, tras la dimisión de Felipe González, en cuyos últimos tramos de mandato su partido estuvo salpicado por varios escándalos. Se encargó su puesta en práctica a una comisión con el deber de «supervisar y controlar las situaciones patrimoniales de los afiliados y las actividades económicas de los cargos públicos electos o designados por el PSOE». Se estableció que dicha comisión recibiría «comunicaciones e informaciones de aquellas personas afiliadas u órganos ejecutivos que consideren que el comportamiento de algún compañero o compañera infringe la legalidad vigente o es éticamente contradictorio e incompatible con los fines del partido».
Con la simple aplicación de aquel reglamento hubiera sido imposible que 15 consejeros de Caja Madrid nombrados por el PSOE utilizasen de aquella manera y durante tanto tiempo las famosas tarjetas opacas, porque nadie se cree que a la comisión de ética de su partido no le llegase ninguna noticia durante casi diez años. Sencillamente, no es creíble.
Antonio Casado