La obsesión nominal por el respeto a la ley nunca se apeó del discurso del president, incluido el deber de obedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional. Es precisamente el doble frenazo a la Ley de Consultas y a la convocatoria de la consulta del 9-N, lo que le ha obligado a proponer una consulta «alternativa» a la impugnada, con la misma fecha (9-N), pero sin aparcar su teórico respeto al Derecho. De ahí su creativo hallazgo jurídicos en el «marco legal preexistente». En esa percha cuelga su absurda convocatoria sin que, según él, pueda volver a ser impugnada por el Gobierno de la Nación.
La percha se encuentra, de nuevo, en la Ley de Consultas de la Generalitat, aunque no en la parte no suspendida hasta ahora por el Tribunal Constitucional. Concretamente la referida a una competencia autonómica: su genérica obligación de fomentar la participación ciudadana. Vean ustedes la denominación de la citada ley, aparecida en el boletín oficial de la Comunidad: «Ley de Consultas Populares no refrendarias y de otras formas de participación ciudadana». La excusa legal de Artur Mas para su dichosa consulta «alternativa», tachada mayoritariamente de sucedáneo sin ningún recorrido, está en esa coletilla del nombre oficial: «otras formas de participación ciudadana».
«Ley de Consultas Populares no refrendarias y de otras formas de participación ciudadana»
Sin embargo, la Abogacía del Estado, que asesora al Gobierno central, por si llega el caso de tener que recurrir, considera que estamos ante un fraude de ley. Otros lo llaman «filibusterismo normativo» o, simplemente, guerra de guerrrillas en la espesura del vigente orden jurídico. En todo caso, si la obligación de los poderes públicos de promover la participación ciudadana no es impugnable, sí lo es la figura del fraude de ley.
Lo demás es política pura y dura, cuya novedad es la quiebra del frente soberanista. A partir de ahí, lucha abierta entre las dos fuerzas políticas que compiten por la hegemonía del nacionalismo catalán. Por un lado, CiU, una fuerza conservadora, burguesa, con aversión al desorden y sed de centralidad. Su mantra es el derecho a decidir en un marco legal y convenido con el Estado. Y por otro, ERC, repoblada de independentistas impacientes, cuyo mantra es el de la insumisión materializada en una eventual declaración unilateral de independencia. El argumento de la confrontación entre Mas y Junqueras es el cuándo, el cómo y el para qué de unas elecciones.
Ahí estamos, ante el hecho insalvable de que solo Mas tiene la capacidad institucional de convocarlas. Y, como cualquier líder, su misión en la vida es conquistar el poder y conservarlo cuando ya se tiene. Es lógico que Artur Mas se resista a anticipar unas elecciones que, plebiscitarias o no, también anticiparían su muerte política y la bancarrota de su partido. Salvo que fuese él quien encabezase una lista conjunta que le mantuviera en el poder y disfrazase la baja cotización política de CiU. Pero Junqueras no está por la labor de darle cuerda para otros cuatro años. Y menos después de hacerle culpable de romper el frente soberanista.
Antonio Casado