Hace falta tener la cara muy dura para que un inspector fiscal de profesión como Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, declare ante un juez que, aunque los gastos que se hacían con la tarjeta negra eran una forma de retribución complementaria, nadie le dijo que esas cantidades debían ser declaras a la Hacienda. Como si el indefenso presidente de la entonces poderosa entidad estuviera a merced de asesores incompetentes o él mismo lo fuera a la hora de saber si una retribución salarial debe o no debe ser declarada a la Hacienda.
La tontísima excusa de Blesa no se repitió en la declaración de su sucesor, el ex ministro Rodrigo Rato, pero casi. Hubo dos diferencias. Rato también dijo que los «gastos personales» que hacia con la dichosa tarjeta -«personales, no de representación», aclaró- eran de naturaleza salarial, aunque no como complemento sino que formaba parte del salario mismo, según contrato. La otra diferencia es que, mientras Blesa dijo que desconocía si había que declararlo a Hacienda, Rato se limitó a decir que suponía que se estaba declarando. O sea, tal para cual.
El dictamen legal y moral no cambia su trazo grueso: despilfarro sin control a cuenta del dinero de todos. En el plano ético y estético, un insulto a todos los españoles, de cuyos bolsillos van a salir los 22.000 millones de euros utilizados en el rescate de la entidad nacionalizada. En términos judiciales las figuras son diversas. A saber: administración desleal, alzamiento de bienes, fraude, delito contable y, por supuesto, delito fiscal. En distinto grado de responsabilidad, claro.
A ese respecto, el proceso indagatorio del juez Andréu, en la pieza esta separada del Caso Bankia referida a las llamadas tarjetas negras de Caja Madrid y Bankia, debe encaminarse hacia el autor intelectual de esta forma de retribución complementaria (dietas por asistencia los consejos y tarjeta de gratis total). La retribución complementaria como herramienta para la compra de miradas distraídas, voluntades y votos a la hora de tomar las grandes decisiones.
Los primeros emplazamientos del juez Andréu van por ahí. Amén del ex director general, Ildefonso Sánchez Barcoj, el gran ejecutor financiero de una orden superior, las primeras personas llamadas a declarar fueron los dos presidentes en la década de la tropelía: uno. Uno, el amigo de Aznar. Y otro, quien estuvo a punto de ser el sucesor político de éste. Las desiguales fianzas que les impune el juez por los años de la tropelía tienen que ver con el tiempo pasado al frente de la entidad. O sea, que Blesa dispuso de más años para el uso de la tarjeta (436.699 euros) que Rato (99.055 euros). Por tanto, 16 millones de fianza para aquel y 3 para éste, por responsabilidad civil y posibles sanciones.
Tecnicismos aparte, lo que va quedando del escándalo ante la ciudadanía es el olor a podrido en la vida pública, que ya forma una insoportable nube tóxica sobre las cabezas de millones de españoles honrados que sudan a diario el modo de llegar justitos a fin de mes.
Antonio Casado