Los europeos no solo tendrán que seguir ingiriendo más residuos de pesticidas de los que acaso deberían, sino que probablemente no tengan derecho a recurrir a la Justicia europea para evitar esas y otras cosas a través de organizaciones no gubernamentales que pretendan defender su salud, la ecología u otras cosas. Eso es lo que se denuncia que podría representar una polémica sentencia del Tribunal de Luxemburgo (la Gran Sala) que se ha conocido recientemente.
La sentencia ha caído como un gran jarro de agua fría sobre la esperanza que tenían algunas organizaciones no gubernamentales de que la corte judicial europea pudiese servir para corregir algunos posibles desmanes cometidos por la Comisión Europea. Por ejemplo, las que tienen que ver con la defensa de la salud de los ciudadanos y el medio ambiente frente a los intereses de las grandes empresas.
Puede haber «sentenciado» por mucho tiempo, en opinión de algunas organizaciones, algunos derechos irrenunciables de la ciudadanía europea.
«Es un día triste para la democracia en Europa«, según PAN Europe, la entidad a la que le ha tocado recibir el varapalo en primer término. «Las ONGs ya no podrán desarrollar su misión ante el Tribunal y proteger a las personas y al medio ambiente contra los intentos de socavar las normas comunitarias, diluir los estándares acordados y aprovechar las lagunas y puertas traseras para ignorar regulaciones democráticamente acordadas»
Como se ve, el asunto, más allá del caso en concreto que ha desembocado en esta decisión judicial (vinculado a un importante asunto relacionado con los residuos de pesticidas en los alimentos que consumimos los europeos), puede tener efectos más amplios. Es lo que temen las ONGs denunciantes. Efectos que podrían definirse, ciertamente, como «tóxicos», al «envenenar» la jurisprudencia de cara a otros asuntos muy diversos. Muchos en los que pueda haber ONGs que hayan presentado denuncias contra decisiones de las autoridades europeas.
Establecer unos niveles legales de presencia de pesticidas muy altos genera además una falsa sensación de mejor «control» del problema por las autoridades
Al negar ese derecho, como denuncia PAN Europe, «las Organizaciones no Gubernamentales no pueden enfrentarse a las decisiones de la Comisión, como la de rebajar los estándares de seguridad alimentaria sobre residuos de pesticidas».
Fue precisamente frente a esa decisión de la Comisión que PAN Europe presentó una denuncia y aunque, como se ha dicho, las implicaciones de esta sentencia van mucho más allá del este caso concreto, lo cierto es que el asunto en cuestión ya es, por sí mismo, de una enorme gravedad.
Los residuos de pesticidas fueron el origen de todo
El tema arranca cuando en 2008 la Comisión Europea, sin encomendarse a Dios ni al Diablo, decide rebajar las exigencias sobre los Límites Máximos de Residuos de pesticidas en las frutas y verduras. Un tema crucial, porque, precisamente, esos Límites Máximos de Residuos de pesticidas son tenidos por uno de los pilares de todo el edificio de la seguridad alimentaria en Europa. Marcan algo tan importante como la cantidad mayor o menor de estos venenos que podrán ingerir 500 millones de europeos cada vez que coman una pera, una manzana, una lechuga, un pepino…
Por ello, cuando PAN Europe vio como la Comisión decidía subir masivamente los niveles permitidos de muchos pesticidas presentes en la comida se echó las manos a la cabeza e intentó conseguir que la Comisión rectificase. Se preguntaban cómo podía ser que aunque las normas comunitarias insistiesen, una y otra vez, en que la salud es lo primero y que deben aplicarse los estándares más exigentes para protegerla, se decidiese aquello. Así que decidieron recurrir a la Justicia europea para intentar que se enderezase el entuerto.
La excusa de la Comisión Europea para establecer generalizadamente esos niveles menos estrictos de pesticidas en los alimentos había sido muy simple. Había que «armonizar» los Límites Máximos de Residuos de pesticidas en todos los países de la UE. Hasta entonces, cada país podía tener límites diferentes. Había países que consideraban «saludables» niveles de pesticidas en la comida que eran cientos de veces más altos que en otras naciones.
En principio, la idea de que se uniformizasen los niveles en toda la UE podía parecer una buena idea, siempre, claro, que no fuese a costa de rebajar las exigencias de seguridad alimentaria en una serie de países. Sin embargo, esto último fue precisamente, según se denuncia, lo que hizo la Comisión Europea a mayor gloria, claro está, de los fabricantes de pesticidas. Evidentemente, para estos, cuantos más pesticidas se usen mejor. Son más ventas. Si los niveles permitidos se rebajan mucho, aplicando criterios más estrictos, el uso de pesticidas ha de reducirse.
Para PAN Europe lo que se había decidido era «de juzgado de guardia» motivo por el cual lo denunció a la Justicia europea
Pero establecer unos niveles legales de presencia de pesticidas muy altos genera además una falsa sensación de mejor «control» del problema por las autoridades. Por ejemplo, cuando entidades como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (la EFSA) o las equivalentes a nivel de país, presentan sus informes sobre la presencia de residuos de pesticidas en los alimentos en la UE tienen fácil presumir de que el porcentaje de muestras que superan los Límites Máximos de Residuos establecidos es muy bajo. Ello proporciona una apariencia de que, en términos generales, «no hay problemas» significativos y que las cosas se están haciendo «bien».
Pero claro, el porcentaje de las muestras que superen el límite siempre está en función de lo alto o bajo que se haya fijado ese límite. De modo que con otros limites más estrictos, en lugar de decirnos que «no pasa nada» porque solo un 2% de las muestras superan los límites, los responsables de las agencias podrían encontrarse con la papeleta de tener que explicar que, a lo mejor, un 20, o un 30% o cualquier otro porcentaje elevado… lo superasen. Todo está en función de lo estrictos que sean los límites que se fijen.
Antes de la «armonización» había países científicamente muy serios como Alemania o Austria que habían establecido unos niveles que eran, para muchos pesticidas, cientos de veces más bajos, y en algún caso hasta un millar de veces más bajos, que los establecidos en otras naciones cuyos habitantes se exponían así a mayores cantidades de estos venenos. La Comisión, ante esa disyuntiva, optó por adoptar, niveles poco exigentes para un enorme número de pesticidas.
Unos niveles que no eran, obviamente, todo lo bajos que, en opinión de PAN Europe y otras organizaciones, deberían haber sido. De hecho, incluso la EFSA, que no tiene fama de ser demasiado exigente (y, es más, ha sido acusada de graves conflictos de interés), ha tenido que rebajar los límites de algunos de los pesticidas que se subieron por parte de la Comisión, según se relata.
De cualquier modo, las entidades denunciantes, así como muchos científicos, juzgan que los sistemas por los que se establecen los Límites Máximos de Residuos, incluso algunos que pueden parecer más «exigentes», no tienen debidamente en cuenta el conocimiento científico actual. Piensan que factores ajenos a la ciencia y a la evaluación objetiva de los riesgos para la salud tienen demasiado peso en la determinación de los niveles supuestamente «seguros» de muchas sustancias.
Un ejemplo claro de hasta qué punto pueden pesar los factores políticos (o los intereses que estos puedan encubrir) y no los objetivamente científicos en la determinación de ésos niveles podemos tenerlo en la situación previa a la «armonización» europea de los niveles máximos de residuos. Si los efectos para los seres humanos son los mismos con independencia del país en el que vivan ¿por qué antes de la «armonización», no era lo mismo lo que se consideraba «seguro» para, pongamos por caso, un austriaco que lo que se consideraba «seguro» para un polaco?. ¿Acaso había diferencias reales en los organismos de tales personas? ¿Algunos europeos eran «super-hombres» más resistentes a una mayor concentración de pesticidas?
Lo mismo puede decirse de lo sucedido con la «armonización». ¿O es que acaso esos países en los que sus autoridades habían juzgado, antes de la «armonización» que era inseguro exponerse a cierto nivel de pesticidas en la comida, estableciendo unos niveles muy bajos, podrían después decir, tras una subida de los niveles legales de a lo mejor centenares de veces que estos nuevos niveles eran también seguros?. Ese tipo de planteamientos, desde luego, proyecta sombras sobre aquella decisión de la Comisión Europea en 2008.
Para PAN Europe lo que se había decidido era «de juzgado de guardia» motivo por el cual lo denunció a la Justicia europea. Sin esperar, claro está, que se produjese un desenlace como el habido, en el que no solo es que no se les dé la razón, forzando a la Comisión a rectificar, sino que se establece que las ONGs no tienen derecho a reclamar justicia ante esos tribunales.
Más sorprendente parece aún a esta organización la argumentación del Tribunal de Luxemburgo cuando en 2012, sin ir más lejos, el Tribunal General de la UE había dictaminado que «las ONGs tienen derecho a solicitar un revisión interna de una amplia gama de decisiones de las autoridades europeas lo que, de hecho, concernía a la mayoría de las posibles decisiones publicadas tales como aprobaciones, directrices, derogaciones,etc.»
El Tribunal apoyaba su argumentación en un importante acuerdo internacional, el Convenio de Aarhus, sobre el acceso de los ciudadanos a la información, la participación pública en la toma de decisiones políticas y el acceso a la justicia en lo concerniente a cuestiones ambientales.
Es más, como denuncia PAN Europe, hasta el Abogado General, en su asesoramiento a los tribunales el pasado mes de mayo de 2014, confirmó el derecho de acceso a los tribunales por las ONGs en contra de las pretensiones de la Comisión Europea. Ahora, «inexplicablemente», se alega, «en un cambio notable de la opinión del Tribunal, que la Convención de Arhus no es lo suficientemente concreta acerca de conceder el derecho de acceder al Tribunal».
El Tribunal habría hecho suyas así las pretensiones de la Comisión Europea que llevaba mucho tiempo intentando privar de ese derecho a las ONGs que cuestionasen sus decisiones.
Sin embargo, curiosamente, no se pone en duda el derecho de las grandes empresas -por ejemplo, las industrias químicas que venden pesticidas- a cuestionar sus decisiones y denunciarlas ante la Justicia europea.
Con ello, como ya se decía, puede ser que no solo se deje «sentenciada» (o se condene) la defensa de la seguridad alimentaria de cientos de millones de europeos en este affaire de los niveles permitidos de residuos de pesticidas, sino que, en un salto cualitativo, se «sentencie» el inalienable derecho que debería tener la sociedad civil de acudir a los tribunales en los estados democráticos para exigir Justicia frente a los atropellos de las Administraciones, en este caso de la Comisión Europea.
¿Qué puede pasar a partir de ahora? Lo que teme PAN Europe es que lo establecido por el Tribunal de Luxemburgo pueda ser aprovechado durante años por las industrias, a las que nadie, claro está, ha privado de su derecho de acudir a ésas instancias, como ya se ha dicho. Es previsible que se sirvan de esta sentencia para ganar decenas de casos que tienen en la justicia europea con algo tan sencillo como, simplemente, alegar que la parte contraria no tiene derecho siquiera a acudir al tribunal. Y, como antes se decía, lo dictado no solo puede tener implicaciones vinculadas a los pesticidas o a la contaminación química, sino a infinidad de otros asuntos donde los demandados, sean empresas o Administraciones, podrán alegar lo mismo.
Bruselas está cuajada de lobbistas de las grandes empresas, frente a unas pocas ONGs, con medios muy limitados
Para Angeliki Lysimachou, toxicóloga ambiental de PAN Europe, ya es grave que «la Comisión Europea rechace en la práctica el derecho que las ONGs tienen de acceder a estos tribunales, a pesar de haber firmado la convención de Arhus que se lo concede» pero lo que le parece más increíble aún es que «la Corte de Justicia de la UE le haya dado la razón con una sentencia final en la que se dice que la Comisión puede implementar Arhus como le parezca». Los argumentos legales que se han utilizado para ello están, dice, «más allá de toda comprensión».
Este tema plantea, sin duda, graves interrogantes acerca del camino en el que decisiones así pueden arrastrar a Europa y lo que esta es (o era). Que Europa sea comandada por instituciones como la Comisión que no puedan ser impugnadas debidamente por la sociedad civil en asuntos importantes, mientras sí que pueden serlo por poderes económicos concretos, es algo que, evidentemente, no contribuye a tener la impresión de que exista un equilibrio mínimamente democrático.
¿Debe la sociedad perder el papel de vigilancia que desempeñan algunas ONGs? Porque, seamos sinceros, ¿qué institución pública europea es demasiado exigente a la hora de velar por la salud de los ciudadanos, por ejemplo, frente a la amenaza sanitaria que puede suponer la presencia de residuos de pesticidas en los alimentos?. ¿La Agencia de Seguridad Alimentaria (EFSA), lastrada desde sus orígenes por conflictos de interés. ¿La Dirección General de Salud de la UE, ahora que se denuncia que algunos de sus miembros andan embarcados en ver como suavizar las posibles medidas que se emprendan contra aquellos pesticidas que pueden ser disruptores endocrinos? ¿Quién? ¿Acaso algún partido político? ¿Cuál? ¿Alguno de ésos que andan precisamente defendiendo los intereses de las grandes empresas en Bruselas?
Bruselas está cuajada de lobbistas de las grandes empresas, decenas de miles de personas, que constantemente están trabajando para influir, con un derroche de medios espectacular, en las decisiones de la Comisión Europea. Frente a éso, unas pocas ONGs, con medios muy limitados, luchan para intentar, simplemente, cosas tan básicas como que la Comisión Europea y los Estados Miembros no incumplan las propias directivas y reglamentos.
Si resultase que las ONGs no pueden acceder adecuadamente a la Justicia Europea para que se cumplan las leyes o se mejoren, mucho nos tememos que lo que se conseguirá es contribuir a la inauguración de una edad oscura en la que las grandes empresas, aún de forma mucho más descarada de lo que ya lo hacen, nos impondrán a todos los ciudadanos todo lo que se les antoje, con la inestimable ayuda de autoridades como las de la Comisión Europea.
Si un día la Comisión Europea decidiese, porque así le placiese, subir los niveles legales de residuos de pesticidas que muchos europeos ingieren con la comida, ¿no se podría hacer nada, los suba 100, 500 o 1000 veces? ¿No puede hacerse nada si alguien decide un día que podemos ingerir unos niveles de pesticidas cientos de veces superiores a los que ahora -y ya de forma harto discutible, según muchos científicos- se tienen por «seguros»? ¿Todo porque la Comisión Europea, porque «ella lo vale» lo habría dictaminado? ¿No sería esto un «trágala», nunca mejor dicho, de algo demasiado indigesto para una sociedad europea sanamente democrática?
Carlos de Prada