Al margen del morbo que produce buscar cada día apellidos ilustres entre los defraudadores de la Lista Falciani, la verdadera protagonista de esta historia de fraude y escaqueo es, a su pesar, la Hacienda Pública.
Porque, conviene recordar que la lista con los nombres y las cuentas del banco HSBC que el informático se llevo de la sucursal de Ginebra, fue entregada a España en 2010 por el gobierno francés, para que cada país persiguiera el posible delito fiscal de sus nacionales. Por aquel entonces gobernaba Zapatero y al frente de Hacienda estaba Elena Salgado. Pues bien, en lugar de abrirles una inspección fiscal, Hacienda (que somos todos) se limitó a enviar a los poseedores de las cuentas en Suiza una educada carta solicitándoles que, a la mayor brevedad posible, se pusieran al día con el fisco. Han pasado cinco años y todavía resulta difícil comprender como a un contribuyente se le hace una paralela sin previo aviso, simplemente por haber olvidado mencionar en el IRPF los emolumentos de una conferencia académica, mientras que a estos grandes defraudadores se les evita una sanción por delito fiscal.
Así que, al margen del morbo, la publicación en estos últimos días de la Lista Falciani ha servido para que la Audiencia Provincial de Madrid abra una investigación contra altos cargos de la Agencia Tributaria que, como decimos, en 2010 dejaron irse de rositas a defraudadores que además de regularizar su situación tenían que haber sido objeto de sanción penal. La querella afecta a la ex directora general de gestión tributaria y a ex director general de Inspección. En aquel entonces, el Gobierno decidió, por su cuenta, que dada la necesidad de dinero para las arcas públicas, mermadas por la crisis económica, había que seguir el dicho de «coge el dinero y calla».
También entonces se supo que la entidad bancaria, el HSBC, no solo operaba dentro del paraíso fiscal que es el país helvético, sino que tenía un departamento especializado en asesorar a sus clientes sobre los procedimientos (sociedades instrumentales, cuentas fraccionadas etc.) para que jamás les pillaran los inspectores fiscales. No se hizo nada. Pero ahora Cristóbal Montoro, en su habitual tono grandilocuente , amenaza con abrir una investigación judicial para llevar a los tribunales al HSBC, quien asegura haberse reformado y ser, en la actualidad, una banca legal.
Qué imagen de falta de solvencia y rigor está evidenciando el Ministerio de Hacienda cuando se abren investigaciones cinco años después de que se les desvelara la gran bolsa de fraude en Suiza (se dice que en UBS y otras entidades hay el doble y el triple de cuentas de evasores españoles).
Sobre todo cuando en este periodo de tiempo se han subido los impuestos (esos que el PP aseguró que nunca tocaría) y el propio Montoro se ha dedicado, desde su escaño en el Congreso, a amenazar a diferentes colectivos, entre ellos a la bancada de la oposición, con inspecciones fiscales masivas.
El rigor debe aplicarse a quien delinque, se llame como se llame y, cuando la ciudadanía vea que no se acosa siempre a los mismos, a lo mejor se acaba creyendo el eslogan de que «Hacienda somos todos».
Victoria Lafora