Después de más de cuatro años de atroz guerra en Siria, millones de personas han abandonado sus casas, su trabajo, sus familias y sus deudos para buscar refugio y seguridad en lejanos países. Se trata, quizá, de la mayor crisis humanitaria que vive hoy el mundo, con la emergencia de las necesidades de millones de seres humanos, niños, mujeres, ancianos y enfermos, creciendo exponencialmente cada minuto que pasa y que ha provocado, hasta la fecha, cuatro millones de refugiados.
Los países limítrofes con Siria están desbordados, con campamentos masificados en los que miles de familias sobreviven en condiciones muy difíciles. Algunos, ante esta situación, están poniendo gravemente en riesgo sus vidas, tratando de alcanzar las tierras de Europa.
Soraya Sáenz de Santamaría, en su calidad de vicepresidenta del gobierno, ha señalado públicamente que España acogerá a 14.931 refugiados, según la propuesta que le ha hecho llegar la Comisión Europea, institución que confirmó que deberemos acoger ese número de refugiados del total de los 120.000 llegados a Grecia, Italia y Hungría. Tres veces más del contingente ya previsto en el mes de mayo.
Sabemos que el jefe del ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, ha trasladado a los eurodiputados los detalles de su plan para que los Estados miembros ofrezcan esas 120.000 plazas de refugio para recibir en territorio europeo. Según Bruselas, España tendrá que reubicar a refugiados procedentes principalmente de Siria, pero también de Irak y de Eritrea. La Comisión ha considerado cuatro criterios (población, PIB, tasa de desempleo y carga de refugiados ya acogidos) para disponer el reparto. Según estos parámetros, Alemania acogerá a 31.443 personas y Francia a 24.031. Pero poco se hace y el problema se agrava.
No hace tanto que quienes buscaban refugio eran los españoles. Lo encontraron en países como México y Chile, que se mostraron generosos con quienes huían de una España devastada por la guerra y aterrorizada por un régimen fascista. Hubo también ejemplos de una magnífica solidaridad, parecidos a los que hoy vemos en Centroeuropa, en los campos de Argelès y de Saint-Cyprien, cuando muchos ciudadanos franceses, al ver cómo los refugiados españoles enterraban en la playa a sus hijos muertos, se rebelaron contra la mezquindad de sus autoridades y facilitaron la salida de los españoles hacia los puertos del Atlántico. También hubo conmovedoras reacciones de mucha gente buena en la raya de Portugal, que desoyeron las consignas de Salazar y salvaron de una muerte segura a muchas familias españolas.
Los refugiados de ahora no llegan a Europa por capricho sino escapando de la muerte que les acecha si no huyen urgentemente de sus casas. Las guerras que asolan territorios cada vez más amplios, desde Afganistán hasta Mali, son también el resultado de la apatía, cuando no de la inacción interesada de nuestros propios gobiernos.
Si hay algo positivo en la actual crisis de los refugiados es la reacción de los ciudadanos, quienes han demostrado mucha más solidaridad y valentía que sus propios gobernantes. La gente va más allá de las declaraciones formales de Merkel o de Juncker, de las promesas de Cameron o de la reacción torpe y tardía de Rajoy.
Los ciudadanos europeos están haciendo espontáneas filas de automóviles para unir la frontera húngara con Viena y las mujeres serbias ofrecen agua y comida a los damnificados. Los niños alemanes entregan sus juguetes a sus pares y hasta el papa Francisco ha pedido que cada parroquia acoja al menos a una familia.
La cicatería, cuando no la mezquindad, de los gobiernos europeos, junto con la incapacidad de las instituciones supranacionales, ha provocado que lleguemos a la situación actual. Las autoridades han sido incapaces de alcanzar acuerdos hasta que la opinión pública ha puesto el grito en el cielo, como si la vida humana no tuviera importancia hasta el momento de publicarse las imágenes de un niño ahogado en una playa turca, de una fila de degollados en un secarral sirio, de la bodega de un carguero repleta de cadáveres o de un grupo de personas malheridas encaramadas a una valla en Melilla.
La ayuda al refugiado no solo es un deber jurídico al que España se ha obligado al ratificar los correspondientes tratados internacionales, es sobre todo una obligación moral cuya inobservancia conlleva la pérdida de los valores básicos y fundamentales de nuestro propio sistema de convivencia.
Como abogado, deseo señalar la enorme lista de normas que nuestros gobernantes se han saltado, impunemente y para su vergüenza. Los textos que legal e imperativamente nos obligan y que están siendo desoídos son, entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (1950), el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (1950), la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas (1951), la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954), el Protocolo n° 4 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales reconociendo derechos y libertades más allá de los que ya figuran en el Convenio y en el primer Protocolo adicional al Convenio (1963), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967), la Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos específicos de los refugiados en África (1969), la Declaración sobre los Derechos Humanos de los individuos que no son nacionales del país (1985) o la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).
No queremos y no vamos a aceptar a unos políticos que se desentienden, no ya de las más elementales obligaciones éticas, sino de sus estrictas responsabilidades legales, mientras millones de personas desesperadas gastan sus últimas fuerzas en huir de la muerte. La sociedad civil y los partidos políticos de la oposición deben movilizarse ante tanta inoperancia del gobierno y tomar la iniciativa en el cumplimiento de las leyes y en la defensa de nuestros valores, recordando a las autoridades su falta de sensibilidad y su incapacidad para dar respuesta a la legalidad internacional y, en consecuencia, para resolver los problemas reales de la gente.
Ignacio Perelló