Como demócrata, creo en la validez del referéndum. Lo niega el nuevo y nunca consumado 'triparitito' -PP, PSOE, Ciudadanos–, lo predica Podemos y lo quiere el ochenta por ciento, dicen las encuestas, de los catalanes para su caso particular, secesión sí-secesión no. El referéndum es una forma de participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos; obviamente, no es conveniente abusar de esta fórmula, pero entiendo que hay materias relativas a la conducción del Estado, a usos sociales o cuestiones económicas que bien pueden consultarse a los contribuyentes y electores. Desde este plano, creo que quienes piden esa consulta para conocer lo que los catalanes piensan acerca de seguir o no en España, y bajo qué modalidades, tienen pleno derecho y justificación para solicitarlo. De la misma manera que pienso que el Estado, representado por el Gobierno central, que es el competente para dar los pasos y reformar las leyes que haya que reformar para llegar legalmente a esa consulta, tiene el derecho y la obligación de establecer los cauces para que esa consulta no se desborde. Esa es, entiendo, la negociación aún posible entre dos partes que no tienen más remedio que entenderse, por muchas bravatas que ahora se crucen.
Comprendo y comparto que la posición adoptada por algunos de los socios de 'Junts pel Sí' es poco razonable hasta el desvarío, desafiante hasta lo chulesco, peligrosa hasta la temeridad al borde del abismo. No comprendo en absoluto que una minoría mayoritaria de catalanes aún apoye el liderazgo -cuestionado hasta por los suyos- de Mas en un contexto en el que se desvelan escándalos de corrupción sin freno, desafíos a la legalidad sin rubor, aislamientos internacionales seguros, mentiras sin parangón en cualquier país occidental, una deriva hacia posiciones cercanas a las de la Albania de Hoxa y una incapacidad para gobernar simplemente escandalosa. Pero, ante la ceguera colectiva, poco puede hacer la llamada a la racionalidad desde el Estado. Menos aún podrá conseguir el palo sin zanahoria, tal y como algunos predican: los que hoy quieren sentirse víctimas mañana podrían querer ser héroes de una 'intifada' moral. Y ya digo: desde mi punto de vista, incluso desde la irracionalidad y con las carencias antes apuntadas se puede pedir el derecho a decidir el futuro. Siempre que se haga desde las normas, desde el diálogo y desde posiciones constructivas, premisas que no se dan ni en las actuaciones de la CUP, ni en las de Esquerra, ni en las de la presidenta de la Asamblea -la inconcebible señora Forcadell- ni, desde luego, en Artur Mas y su camarilla inmediata.
¿Qué hacer? Obviamente, no, desde luego, enviar a la Guardia Civil a tomar la Diagonal, como reconoce el ministro del Interior, que no debería meterse en esos pantanos dialécticos, en mi opinión. Obviamente, no lanzarse a la aplicación del articulo 155 de la Constitución, signifique lo que signifique esa aplicación de tan escurridiza norma, cuya aplicación ya dijo el mismo Mariano Rajoy que no compartía. Obviamente, no lanzarse a sanciones económicas o comerciales, aunque desde la Generalitat se lancen a su vez provocaciones tan claras como exigir para Cataluña dos mil trescientos millones de los fondos autonómicos. Solamente veo un camino: cambiar algunas disposiciones y celebrar una consulta que legitime la actuación del Estado.
Entiendo que una campaña electoral, en la que, digan lo que digan, están todos contra todos a la caza y captura de votos, no es el mejor momento para proponer soluciones transitorias o duraderas derivadas de pactos. Pero a mí no me cabe la menor duda de que, gane quien gane las elecciones, y las gane con quien las gane, habrá de producirse un acuerdo 'a tres' (PP, PSOE; C's) para gestionar el futuro inmediato en general y el problema del independentismo catalán muy en particular. Entiendo que ese acuerdo, que no debería sobrepasar una Legislatura de dos años de duración, debería incluir en primer lugar una propuesta de reforma constitucional que afectase no solamente, desde luego, a los artículos y Título relacionados con Cataluña, pero que, sin duda, habría de afectar también a Cataluña: sigo pensando que la introducción de una disposición adicional, que contemplase a Cataluña como una nación dentro de España podría ser una buena base de debate, por más que me consta que no gusta, al menos oficialmente, ni a PP, ni a PSOE ni a Ciudadanos. Pero estamos ante grandes retos -todas las situaciones derivadas de la ceguera voluntaria lo son- que exigen grandes soluciones. Y ya se sabe que en un acuerdo ambas partes ceden, sin que se pueda invocar la literalidad de leyes o la intangibilidad de los grandes principios que siempre estuvieron ahí.
Y ahí es donde entra el referéndum, o el comienzo de una era en la que cabrán las consultas de manera más frecuente que hasta ahora. Porque una reforma constitucional 'agravada' como la que se precisa haría necesaria, una vez elaborada y consensuada por las fuerzas políticas, la disolución de las cámaras, la convocatoria de un referéndum para aprobar estas reformas y la convocatoria de nuevas elecciones. Ahí podríamos saber cuál es la respuesta de los catalanes ante esas modificaciones constitucionales que les afectarían. Un buen indicio para preparar una consulta específica sobre independencia sí o no. Una consulta que, sin duda, a esas alturas, y se celebrase cuando se celebrase, habrían ganado ya los partidarios de mantener a Cataluña, con sus peculiaridades, dentro del Estado español, o España.
Se me dirá, acaso, que este es un plan no contemplado en las hojas de ruta de partido alguno. Y yo respondería que tengo la sensación de que, a ciertos niveles y en ciertas formaciones, de manera particular el PSOE, sí se barajan ideas como las aquí expuestas. Habrá que aguardar, mientras arrecian la tormenta catalana y los desencuentros de la campaña electoral, a conocer los resultados del 20-D. Después, no quedará otro remedio que desempolvar proyectos imaginativos, valientes y generosos. Y diálogo, mucho diálogo, aunque la mera palabra parezca que molesta a algunos.
Fernando Jáuregui