Nuestros políticos no se han puesto de acuerdo para formar un nuevo Gobierno, así que la próxima semana las Cortes Generales serán disueltas y acabará la legislatura más breve de la democracia. O la primera legislatura fallida, según se mire. En el mes de junio, los españoles serán convocados a votar para elegir de nuevo al Parlamento de la Nación, pero antes hay que organizar otras elecciones, con los abultados gastos que eso conlleva. ¿Y quién los va a pagar?
¡Bingo!
La factura, entre 140 y 150 millones de euros, según quién haga la cuenta, correrá a cargo de todos los ciudadanos que contribuyen con sus impuestos a mantener el sistema en marcha. Pero lo más interesante del caso es que esa cantidad incluye entre 25 y 30 millones en subvenciones públicas y sueldos que se embolsarán los propios partidos responsables de esta situación.
Es decir, que nuestros políticos en vez de ser penalizados por no haber sabido hacer su trabajo –que es lo que le ocurriría a cualquiera en su oficio-, van a ver recompensado su fracaso con un sustancioso y millonario premio. Como suele ocurrir en los casinos, la banca siempre gana. Y en este caso no es de extrañar que ganen, porque para eso son ellos quienes hacen las leyes. Ya dice un viejo refrán que hecha la ley, hecha la trampa.
Ocurra lo que ocurra, cada formación que consiga al menos a un parlamentario se va a embolsar, por ley y por segunda vez en medio año, 21.167 euros por cada escaño. A eso habrá que añadir 81 céntimos de euro por cada voto al Congreso y 32 céntimos por cada sufragio al Senado cosechados. Pero eso no es todo. La parte más jugosa viene una vez constituidas las cámaras: todos los partidos que formen grupo parlamentario recibirán la cantidad equivalente a 18 céntimos por elector –es decir, por cada persona en edad de votar, incluidos los que se abstienen– en todas las circunscripciones donde presenten candidaturas al Congreso y Senado.
Para que el lector se haga una idea, después del 20D y en virtud de las leyes en vigor, el PP se embolsó más de 8 millones de euros en subvenciones; el PSOE casi 6,5 millones; Podemos y sus confluencias en torno a 5 millones y Ciudadanos más de 3,6 millones. Todo eso sin contar, claro está, los sueldos de los parlamentarios y los gastos corrientes de los grupos, la cuenta de los viajes de sus señorías con cargo al Congreso y al Senado, las facturas de los teléfonos móviles, las tabletas, coches oficiales, seguros, etcétera. Adivinen, otra vez, quién paga.
Lo que hagan los partidos con el dinero procedente de las donaciones privadas forma parte de los misterios de la creación
Y como no hay tiempo antes del 26J ni tampoco intención de reformar la Ley Electoral, me temo que en el caso de las subvenciones públicas de nada van a servir los llamamientos a ahorrar como el que realizó Felipe VI en su última ronda de entrevistas con los líderes políticos. Este año, a los partidos que se repartan la tarta del Parlamento les lloverán millones por partida doble. El resto de gastos cargados al erario cuando se organizan unas elecciones –Administraciones Públicas, correo, logística, telecomunicaciones, seguridad…- son difíciles de recortar. Y lo que hagan los partidos con el dinero procedente de las donaciones privadas forma parte de los misterios de la creación.
Lo ocurrido desde el 20D no sólo ha evidenciado el fracaso de la política sino que ha puesto sobre la mesa un problema, el del gasto desbocado de dinero público en tiempos de crisis, no previsto por la legislación. Creo que sería democráticamente sano abrir un debate en torno a si los partidos políticos merecen cobrar las subvenciones por partida doble o si la ley debería ser reformada para que, cuando haya que repetir las elecciones, estos pagos sean reducidos de forma sustancial o eliminados.
César Calvar