Que la agenda judicial nos traiga cada día episodios del pasado parece normal, dada la lentitud de los procedimientos y la complejidad de algunos asuntos. Que, no obstante, las prácticas políticas tanto de los afectados como de los responsables no acaben de trazar un muro entre pasado y presente parece menos razonable.
Los episodios Soria y Barberá resumen las prácticas que ponen en peligro las aspiraciones de su propio partido, sin que el menor atisbo de generosidad militante se haya producido en el exministro o la exalcaldesa, uno a la búsqueda de retiro dorado y otra a la búsqueda de no se sabe qué protección.
Uno y otra han arrastrado a los responsables políticos de su partido a situaciones próximas al ridículo, cuando no al escándalo político. La falta de transparencia con la que se ha construido el caso Soria, las vacilaciones cuando no las inexactitudes del responsable político han sido alarmantes. Los silencios con la exalcaldesa parecen, más de una vez, tolerantes con unas prácticas que han deteriorado la credibilidad del propio partido en su comunidad, y más allá.
SI el PP ha recuperado escaños, a pesar de la agenda judicial, se debe, también, a cierto compromiso regenerador, plasmado, por necesidad o por convicción, no importa mucho, en acuerdos de gobierno en algunas comunidades o en documentos previos al intento de investidura. Que aparezcan datos que desmienten esos compromisos daña, sin duda, a quien gobierna y a quien aspira a hacerlo.
Las declaraciones de no pocos dirigentes del PP ante ambos casos refleja bien la ansiedad por pasar página en importantes ámbitos de la derecha española que, sin embargo, son desmentidos por silencios de quienes podrían poner coto a estas situaciones o impedirlas.
El caso Soria es paradigma de las prácticas opacas de Estado a las que se había acostumbrado la política española. La política de nombramientos no siempre acordes al mérito y casi siempre a modo de retiro dorado han sido ampliamente compartidas y repartidas en la política española. Eso no exime al ministro de Economía de responsabilidad en un patinazo que queda retratado por explicaciones insuficientes y una gestión de la explicación política manifiestamente mejorable.
Lo de Barberá es harina del costal de las prácticas indecorosas que han acompañado a la reciente política española. Su continuidad institucional no sólo empaña el esfuerzo de regeneración del PP, si es que lo hay, sino que reduce su capacidad de influencia.
Que el uno y la otra no hayan tenido el más mínimo gesto solidario con su propio partido y su afiliación dice mucho, también, del modelo de compromiso político que se ha defendido y se defiende en muchos ámbitos, en la derecha o fuera de ella: una participación política más próxima a intereses personales que a proyectos compartidos e ideales.
Es esto lo que no acaba de desaparecer: una idea de la política vinculada a proyectos personales, con escasa empatía con las situaciones que vive la gente y sin el menor compromiso colectivo que no pase por el canto a la egolatría del oportuno dirigente.
Se hace necesario recuperar con rapidez un mínimo crédito para la política. Al fin y al cabo, no existe mecanismo democrático conocido que no pase por la representación. Sin duda, la superación ética, democrática y social de la crisis política y económica española depende de esa recuperación.
Podrán los mecanismos institucionales articular nuevos instrumentos que impidan malas prácticas pero son los propios protagonistas y las formaciones políticas las que han de ofrecer una propuesta convincente a ciudadanos y ciudadanas.
Libertad Martínez