Da igual si a usted nunca le pareció bien que se construyeran o si jamás las ha utilizado ni piensa hacerlo, porque vive lejos de ellas o porque cree innecesario pagar por usar una carretera cuando hay vías alternativas. Incluso si no tiene coche, le va a tocar abonar su parte de los 5.500 millones que le costará al Estado nacionalizar las autopistas de pago quebradas, cuya construcción en pleno auge de la burbuja económica ya fue motivo de controversia.
Una vez más asistimos a la escenificación del paradigma neoliberal de que cuando un bien, empresa o servicio público da dinero hay que privatizarlo (acuérdense de Telefónica) y el Estado no debe inmiscuirse en el mercado; pero si un negocio privado -ya sean bancos o autopistas- da pérdidas, éstas deben ser asumidas por todos los contribuyentes y el Estado tiene que acudir al rescate.
En el caso de las autopistas tendremos que desembolsar 5.500 millones, según cálculos de la patronal de las grandes constructoras (Seopan). Una millonada equivalente a medio punto del PIB que no estará disponible para otros fines en un país, España, que nos dicen que pronto será incapaz de pagar las pensiones, en el que miles de niños estudian en barracones porque a alguien le pareció que construir colegios era despilfarrar dinero y donde todo lo público agoniza debido a los recortes.
Las nueve autopistas que hoy están quebradas o en peligro de liquidación están en Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia y se construyeron en tiempos del todo vale. En el caso de las madrileñas, su ejecución fue defendida contra viento y marea por el Gobierno de Esperanza Aguirre pese a la oposición que encontraron en la sociedad.
El motivo de ese rechazo era la discriminación que subyacía bajo el modelo: si la capital necesitaba mejores accesos para los miles de coches que a diario colapsaban sus entradas, lo lógico habría sido ampliar y mejorar los ya existentes. En vez de eso, prefirieron hacer carreteras para ricos, pensadas para librar del atasco sólo al que paga. Y de paso, que algunos hicieran negocio a costa de la incapacidad del Gobierno para resolver un problema de todos. Porque hoy nuestros gobernantes ya no consideran rentable en términos de país arreglar lo de todos: el verdadero negocio está en segregar entre pudientes y no pudientes, en este caso conductores. Otras veces han querido aplicar la misma fórmula a los estudiantes, enfermos, trabajadores o pensionistas.
Lo peor es que cuando el modelo fracasa, sus impulsores se las ingenian para generar falsos debates sobre quién y cómo debe pagar las deudas. Ocurre entonces que los servicios de estudios de organizaciones afines a las patronales nos aportan soluciones imaginativas, como la que lanzaron en su día de poner peajes en todas las autovías de libre acceso para pagar las deudas de las autopistas de pago. Y venga los grandes analistas a opinar sobre la viabilidad de la propuesta, mientras otros pensamos que o se ríen de nosotros o nos toman por lo que no somos.
Fueron gobiernos del PP los que dieron las concesiones a las empresas que construyeron las carreteras para ricos. Ellos mismos calcularon el tráfico que iban a tener, aprobaron los planes de viabilidad, adjudicaron la gestión e incluyeron en los contratos la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que obliga al Estado a asumir las infraestructuras en quiebra y pagar a las concesionarias el importe no recuperado de la inversión. Ahora otro gobierno del PP impulsa esta ‘nacionalización’, que en realidad es un rescate con dinero de todos a los bancos y constructoras que invirtieron en estas autopistas.
Como en el casino, aquí la banca nunca pierde por mal que juegue. Los contribuyentes se lo dimos todo y ellos ahora nos devuelven un negocio quebrado y la factura de su fracaso. Tengan cuidado, si no lo remedian podrían hacer lo mismo con la educación, la sanidad y las pensiones de todos.
César Calvar