Pido al lector que atienda a las cifras a las que me referiré a continuación: se estima que anualmente, el monto del negocio global de la droga, está en un rango entre 320 mil y 600 mil millones de dólares. La amplia variación de los cálculos se debe a que las metodologías para intentar una aproximación son diversas: puesto que se trata de un delito cuyas transacciones ocurren en efectivo, es casi imposible precisar el volumen total de las mismas. Pero aun así, incluso las proyecciones más conservadoras hablan de montos más allá de todo razonamiento. De hecho, el narcotráfico es la práctica delictiva que más dinero moviliza, por encima de la falsificación de moneda, el tráfico de personas y el tráfico de petróleo. La economía venezolana, que tiene uno de los flujos más altos de dinero ilícito, es un terreno propicio para los narcotraficantes.
Pero, y esto es vital, el narcotraficante no se limita a producir y vender sustancias ilícitas y peligrosas para la salud, sino que crea y hace crecer una estructura paramilitar, policial, legal y política, para proteger su negocio. El narcotráfico se alía con guerrilleros, terroristas, regímenes políticos, sicarios, jueces, unidades policiales y con personas que se desempeñan en actividades de transporte. Las tentadoras sumas de dinero que manejan, no solo les permite sobornar a las autoridades, sino que, como está sucediendo ahora mismo en Venezuela, logran convertir a los más altos jerarcas en sus socios y protectores.
El país y los venezolanos de bien, tanto los afectos a la inmensa mayoría opositora que clama por un cambio en el país, como también esa cada vez más reducida minoría de personas honestas que todavía mantienen su apego al régimen, deben –debemos todos- reflexionar sobre los múltiples peligros que nos acechan como país, si los narco promotores del negocio de la droga que forman parte del gobierno continúan expandiendo sus actividades.
Si Venezuela sigue siendo ruta de paso de la cocaína hacia Norteamérica y Europa; si se facilita la proliferación de laboratorios de procesamiento de pasta de coca; si las regiones sur y occidental del país se convierten en refugio y centros de acopio de bandas que trabajan para el narcotráfico; si no se actúa en contra de las personas, civiles y militares que están involucradas en esta lesiva actividad, entonces, ocurrirá lo que en otros países: la mortandad se multiplicará, los vínculos entre cuerpos uniformados y narcos se estrecharán, el poder de las bandas paramilitares se extenderá por toda la geografía nacional. Esto no son pronósticos, sino que son hechos que ya se están produciendo. En Venezuela todos los días ocurren muertes que son consecuencia del negocio de la droga. Lo que nadie puede olvidar es que robos, atracos, asesinatos dantescos y guerras entre bandas, son muertes de la droga. La droga no solo puede matar a quienes la consumen sino que genera violencia y cobra vidas en todos los eslabones de su actividad.
Lo que está ocurriendo en Venezuela es de tal gravedad, que exige despojarse de posiciones políticas y afrontar su nefasta realidad: no había ocurrido nunca que tantos y tan altos cargos de un gobierno apareciesen involucrados en el delito de narcotráfico. Creer que esto es un ataque a la soberanía o una invención producto de la lucha política es errado: detrás de los anuncios hechos por las autoridades de Estados Unidos hay años de investigación, evidencias y cientos de miles de documentos, fotografía y otras pruebas que no podrán ser desmentidas. Cuando los juicios se produzcan, los que hoy proclaman su inocencia no tendrán como negar su participación en los hechos por los cuales se les señalan.
Los delitos por narcotráfico tienen un doble carácter: atentan contra las personas y contra las instituciones, por lo tanto, se les considera violaciones a la ley de amplio alcance, que son perseguidos más allá de las fronteras y con un rigor que los emparenta a las violaciones a los derechos humanos. Cualquier ilusión al respecto, es vana: ni el gobierno que los protege durará por siempre, ni se salvarán del juicio y la cárcel que les corresponde. Que sean atrapados y enjuiciados es una legítima aspiración venezolana. De no ocurrir, Venezuela irá escalando en el ranking de países clave en el negocio del narcotráfico.
Miguel Henrique Otero es Presidente Editor de El Nacional (Venezuela)
Miguel Henrique Otero