El 23 de febrero es fecha de infaustos recuerdos golpistas en este país. El destino ha querido que este año, actitudes judiciales en connivencia con policiales, nos devuelvan a aquellos tiempos de persecución sindical amparada en leyes con hedor a viejos tiempos. El 23-F de 2017 engrosará futuras hemerotecas con el juicio montaje contra el compañero de Coca Cola, Juan Carlos Asenjo.
La Fiscalía solicitaba dos años de cárcel. Tras un juicio donde el testimonio de cinco policías no se correspondía con los hecho grabados en vídeo, la solicitud fue, finalmente, de cuatro meses. Estoy convencido de que la sentencia será absolutoria.
No es la primera vez: Juanjo, los 8 de Airbus y Pedro Galeano ya han pasado por los tribunales con un montaje muy similar que conseguimos demostrar que era mentira. En el caso de Asenjo, ¿en qué consiste este montaje? El 29 de marzo de 2012 hubo una huelga general. Frente a la fábrica fuenlabreña de Coca Cola hubo piquetes informativos reprimidos tan duramente por la policía que dos compañeros tuvieron que ser ingresados en el hospital.
Lógicamente, el hospital redactó un parte de lesiones, que cuando es detectado tiene como respuesta una denuncia policial, precisamente a los lesionados. Una denuncia donde se les acusa de “atentado a la autoridad”. Y a partir de ahí, policía y fiscal ponen en marcha un montaje que ha supuesto que durante cinco años, el compañero Asenjo haya vivido con una espada de Damocles a la espera de si un juez decide o no condenarle a dos años de cárcel. Una vez más, esperamos que el Juzgado, en este caso de Móstoles, absuelva a Juan Carlos como ha ocurrido en las otras ocasiones.
Se repite el modelo de siempre: Por una parte, una decisión política consistente en poner en marcha el artículo 315.3 del Código Penal y por otro, utilizar la presunción de veracidad de la policía para denunciar y castigar duramente a aquellos que se mueven.
Hay que recordar que es en 2012 cuando se intensifica la ofensiva antisindical que supone el proceso a 300 sindicalistas en todo el Estado, en virtud del artículo 315.3 del Código Penal.
En 2012, España y la Comunidad de Madrid vivían una intensa movilización laboral y social. En 2012 llevamos a cabo más de 45.000 movilizaciones, más de 1.200 huelgas, dos huelgas generales, millones de trabajadores se movilizaban contra las políticas de austeridad de los recortes y… los poderes de siempre tenían que reprimir el movimiento.
El tiempo ha transcurrido y a pesar de los cambios políticos y sociales, siguen erre que erre. La policía sigue haciendo denuncias de este tipo, la fiscalía sigue dando crédito a este tipo de denuncias y pidiendo años de cárcel para los huelguistas.
El 23-F estuvimos en la puerta de los juzgados de Móstoles exigiendo una solución para Juan Carlos Asenjo, pero al mismo tiempo hay que recordar permanentemente que el artículo 315.3 del Código Penal no está derogado y que tampoco está derogada la ley mordaza.
El desfase del Código Penal es tal, que se aplica sólo la parte que afecta a los trabajadores. Es decir, no se aplican no los artículos 315.1, ni 315.2, por los que se puede condenar a los empresarios “que atentan contra el derecho fundamental de huelga”. Los juzgados no son nada eficaces al perseguir este delito. La evidencia es que la señora Daurella, o sea Coca Cola, fue condenada por esquirolaje empresarial, pero no se le aplica ninguno de los artículos mencionados del Código Penal.
La otra pata antihuelga, menos violenta, también sigue dándonos la razón. Recientemente nos hemos encontrado con otra sentencia a nuestro favor de servicios mínimos en el Ayuntamiento de Aranjuez donde se dictaron servicios abusivos e ilegales. La Justicia nos da la razón, pero no pasa nada. Con Esperanza Aguirre llegamos a contabilizar 29 casos de servicios mínimos abusivos que recortaron el derecho de huelga.
Desde las Comisiones Obreras emplazamos a esas fuerzas políticas que, mayoritariamente, durante la campaña electoral estuvieron de acuerdo y así demostraron firmando sendos manifiestos contra el artículo 315.3 y la ley mordaza. Los partidos políticos deben actuar y cambiar las cosas.
Jaime Cedrún