El desarrollo de las técnicas más avanzadas de reproducción asistida ofrece, hoy, la posibilidad de gestar embriones a partir de material genético de otras personas, distintas a la donante. Así, esta moderna fórmula reproductiva permite que parejas del mismo sexo o heterosexuales (con problemas de gestar) tengan la oportunidad de “engendrar un hijo y gestarlo en el cuerpo de otra mujer”.
En 2006, con la entrada en vigor de ley de Reproducción Asistida, España prohíbe expresamente la gestación subrogada o por sustitución y declara nulo de pleno derecho cualquier contrato que pueda suscribirse en tal sentido, con independencia de que haya o no precio.
Las palabras son importantes y el lenguaje falaz que los detractores de la gestación subrogada usan para nombrar esta técnica reproductiva pone de manifiesto su voluntad de confundir. La llaman, con total desprecio de la realidad, “vientre de alquiler”. Indudablemente, los que se oponen a este avance de la técnica y, en consecuencia, a la regulación de este derecho de las mujeres (y de los hombres), denominándola así (en vez de gestación por sustitución altruista y gratuita) están ignorando, a sabiendas, el primer requisito que se exige para su legalización, que no es otro que el que no haya (nunca) precio o recompensa.
Por tanto, hablar de “alquiler” constituye el eje nuclear de la falacia conceptual que manejan de los opositores a esta práctica. Decía el sabio Cervantes que “La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el agua sobre el aceite” Desmontemos pues, de una vez por todas, la mentira de los conservadores (tanto de derechas como de izquierdas), su mantra falsario: en la maternidad subrogada “no hay precio, luego no hay alquiler”.
Desde estas líneas, no sé si en vano, pido a la derecha y la izquierda que, si no se atreven dar a la mujer el derecho y la libertad plena para usar su cuerpo en beneficio de los demás, que lo digan sin tapujos, pero que no mientan más a la opinión pública. Basta ya de falsedades. En política, no todo vale.
Son muchas las asociaciones que defienden el uso de esta técnica, como “Son Nuestros Hijos” (SNH) o la “Asociación por la Gestación Subrogada en España” (AGSE). Para estas entidades especializadas la denominación correcta es “gestación subrogada o por sustitución”, considerando que la utilización maliciosa del término “vientre de alquiler', además de ser falsa y tendenciosa, “fomenta que nuestros hijos sean increpados en el colegio y los pone en riesgo”.
Para Pedro Fuentes, ginecólogo y presidente de SNH, la denominación “vientre de alquiler … es un término amarillista y que llama a la equivocación”. Obedece, en suma, a un planteamiento político obsoleto e integrista, que no se compadece con la realidad y que, además, al prohibir la posibilidad de llevar cabo la técnica es España, fomenta la explotación de las mujeres y la inseguridad jurídica de padres e hijos.
Este lamentable estado de cosas, propiciado por los prohibicionistas, facilita la aparición de personas y entidades empresariales sin escrúpulos que promueven el abuso y la explotación de mujeres vulnerables, normalmente en situación de exclusión y pobreza, provocando al tiempo situaciones de alarmante inseguridad jurídica y de injusticia que afectan, como ya se ha dicho, a las propias mujeres gestantes, a los padres y a los hijos nacidos o por nacer.
Ante esta situación, se hace imprescindible modificar la legislación vigente mediante una fórmula legal que permita la armonización de los derechos legítimos en juego. En definitiva, para evitar abusos y vulneración de derechos, resulta urgente legalizar la gestación subrogada altruista en España. La clave reside en que, al igual que sucede con la donación de órganos, se garanticen los derechos de todos y, sobre todo, no medie precio ni recompensa. Y ello, como ya se ha apuntado, para que no pueda producirse ningún caso de explotación o de abuso de situaciones de riesgo.
El hecho de que la gestación por sustitución solo pueda ser gratuita, es decir, altruista, constituye el elemento nuclear que promueve y respeta la libertad y la plena autonomía de la mujer sobre lo que puede hacer o no con su propio cuerpo, pues de lo que se trata, en primer término, es de evitar que, como sucede ahora con la ilegalidad y las mafias, mujeres en situación de vulnerabilidad sean obligadas a gestar un hijo para otros sin su pleno y libre consentimiento, por la sencilla razón de que son mujeres pobres que venden su cuerpo como medio de vida y subsistencia.
A mi modo de ver, una sociedad que potencia y protege la gestación subrogada altruista es una sociedad avanzada y más justa. El rechazo y miedo al abuso son legítimos, pero no debemos ser prisioneros del miedo, cayendo en la ignorancia y en la desinformación, sino que debemos tomar la iniciativa y actuar con transparencia, mediante una regulación rigurosa, garantista y con vigilancia y control.
Desde el punto de vista político, la gestación subrogada ha entrado con dinamismo en el debate partidista y social. Ciertamente, algunos movimientos feministas (otros, más de este siglo, ya han avanzado que están a favor de su regulación) y grupos y sectores vinculados a la Iglesia Católica se oponen con igual beligerancia a esta práctica, normalizada en países como Canadá o los Estados Unidos.
El Partido Popular ha llevado la cuestión a su Congreso Nacional, si bien ha evitado pronunciarse sobre el fondo del asunto. El PP, como siempre, intenta introducir el debate pero no concreta en qué se traducirá, pues pesa demasiado su impronta conservadora e inmovilista. Por su parte, PSOE y Podemos se debaten en disputas y querellas, rehenes ellos del más rancio conservadurismo de izquierdas.
Ciudadanos, este emergente partido de centro y con visión de progreso, se ha convertido en el valedor en solitario de una política basada en la ética práctica, al ser la única formación política española que tiene en marcha una propuesta viable, sensata y serena para regular la gestación subrogada, que espera sacar adelante en esta legislatura.
Desde luego, estamos ante un debate lleno de aspectos éticos y morales. Sin embargo, la mayoría de las objeciones o, mejor dicho, de las argumentaciones negativas que se ponen sobre la mesa para no promulgar una ley reguladora, son de carácter meramente político y afectan, como bien he indicado, tanto a la derecha como a la izquierda conservadora, incapaces ambas de otorgar a la mujer la plena capacidad de decisión y disposición sobre su propio cuerpo.
En el contexto político actual, Ciudadanos es la única fuerza que apuesta, en exclusiva, por su regulación. En este sentido hay que subrayar que la formación naranja aboga por un modelo estrictamente altruista y triplemente garantista para todas las partes implicadas (gestante, familias de intención y bebés nacidos). Vaya mi mención y mi gratitud a políticos comprometidos y valientes como Tomás Marcos, Diputado Autonómico y Senador por Madrid, o como Patricia Reyes, Diputada en el Congreso y responsable máximo de políticas de Mujer y LGTBI de Ciudadanos. Con su empuje y su visión de futuro, estoy seguro de que Ciudadanos conseguirá sacar adelante una regulación rigurosa y garantista de la gestación subrogada, en beneficio de la sociedad.
Quiero terminar mi columna subrayando que, en España, en los últimos años, se han disparado de forma exponencial los casos de padres que utilizan esta técnica en países extranjeros, muchas veces sin las debidas garantías y a costes muy elevados. En este sentido, algunas entidades y asociaciones que defienden de la gestación subrogada afirman que en España hay más niños nacidos mediante esta técnica reproductiva que los recibidos en adopción, cifrándose entre 800 y 1.000 niños los nacidos al año mediante la maternidad subrogada.
Ignacio Perelló