Los asuntos de la Defensa corren el riesgo de alejarse del Parlamento, especialmente los relacionados con el despliegue de militares españoles en operaciones en el exterior, las conocidas popularmente como operaciones de paz, que ni hoy ni nunca trabajan en un escenario pacífico, de ahí el envío de fuerzas armadas.
Una de los efectos secundarios positivos de la invasión de Irak de 2003, quizá el único, fue la conciencia generalizada de que la participación española en operaciones militares fuera de la península debiera contar con legalidad, legitimidad y un alto grado de consenso político, y que este tipo de decisiones por su trascendencia pasaran por el Parlamento para que los diputados, y la opinión pública, tuviera conocimiento de objetivos, medios, tiempos, coste económico y soporte legal de cada despliegue.
Lo anterior tuvo su concreción en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005: «Para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados».
Por tanto, desde la entrada en vigor de la ley, cada nueva operación tendría que pasar por el Parlamento, y no está siendo así.
En estos momentos España tiene en el exterior 2.684 militares participando en 17 operaciones. Destacan los responsables del Ministerio de Defensa que nunca antes nuestro país ha trabajado militarmente en tantos escenarios. Una interpretación parcial es que las misiones en el exterior han reducido su tamaño y se centran hoy mayoritariamente en adiestramiento de fuerzas locales y operaciones especiales, con contingentes reducidos; y se han multiplicado pequeñas misiones en el África subsahariana.
Las principales operaciones en el exterior en las que participa España son Líbano (cascos azules de Naciones Unidas, 620 militares), Irak (coalición para el caso, 507), Turquía (OTAN, 149 militares), aguas de Somalia (operación de la UE, 148 militares) y Malí (UE, 138).
Las últimas decisiones han estado relacionadas con el incremento del contingente en Irak, que fue autorizado por el Congreso en diciembre, 125 militares y 25 guardias civiles más; y con el envío de 14 observadores militares a Colombia para supervisar el proceso de paz en ese país, que no ha tenido procedimiento parlamentario (Margallo prometió hasta 400 observadores). La Guardia Civil opera desde hace años en Mauritania sin que ni Defensa ni Interior rindas cuentas en el Parlamento.
La previsión a corto plazo es un incremento no menor de militares en dos operaciones en el Báltico, en el marco del despliegue de la OTAN en las cercanías de la frontera rusa con contingentes multinacionales, con la filosofía de que en el caso improbable de un incidente afectaría a diversos países, alguno de ellos de peso, no a una pequeña república del vecindario, con lo que la internacionalización de las consecuencias estaría asegurada.
Por una parte, en mayo está previsto el despliegue de cuatro cazas españoles F-18 para vigilar el espacio aéreo de Estonia, con una duración de seis meses y un centenar de militares desplazados.
El segundo despliegue es único y peculiar: España va a desplazar por primera vez en su historia carros de combate fuera del territorio nacional y se llevan nada menos que a Letonia, seis carros Leopardo más 14 blindados de cadenas Pizarro, con 300 militares para operarlos.
Éste último es un ejemplo de operación militar de envergadura de la que ni el Congreso ni la ciudadanía van a tener noticia. La interpretación en el Ministerio es que se trata de la participación habitual de nuestro país en las actividades de la OTAN que no requieren paso por el Parlamento, lo único es que se produce en Letonia y con carros en lugar de las llanuras de Albacete o el páramo aragonés.
Otro caso similar que escapa al Congreso es buena parte de la actividad internacional de la Armada, sin entrar en los despliegues comerciales en favor de Navantia que se realizan por ejemplo en Australia, como la presencia gran parte de este 2017 en las antípodas de una de las fragatas más modernas de las Fuerzas Armadas. Al parecer el presupuesto australiano paga el gasóleo.
La Armada tiene en estos momentos 12 buques y 2.000 militares en operaciones en el exterior, el mayor despliegue naval militar de la historia reciente, que suma su presencia en el Índico, en el Mediterráneo; pero también -sin Parlamento- en las aguas fronterizas con Rusia tanto en el Báltico como en el Mar Negro (el de Crimea y Ucrania); o en el Golfo de Guinea.
En resumen, las Fuerzas Armadas participan crecientemente en operaciones en el exterior, a menudo en el marco de la OTAN, sin la recomendable autorización del Parlamento y las explicaciones a la ciudadanía. Se cumple la letra de la ley, no su espíritu.
Y se produce cuando sería más necesario que nunca el debate público sobre amenazas, medios y presupuesto destinado a la Defensa militar de España, a tenor de los compromisos más o menos teóricos que la secretaria general del PP, en funciones de ministra de Defensa, va lanzando en el Pentágono o la sede de la Alianza Atlántica y el muy probable incremento del presupuesto, crecimiento cosmético -parte de lo que pagaba Hacienda se incluirá en el presupuesto de Defensa-, pero relevante.
El riesgo del que viene alertando últimamente el expresidente Felipe González, que la gobernanza de los asuntos públicos está quedando en manos de tecnócratas por un lado y desconocedores de los asuntos por otro -«la pinza en la que vivimos entre la arrogancia tecnocrática que menosprecia a la gente y la ignorancia» de algunos responsables políticos- afecta también y directamente a la Defensa.
Carlos Penedo