El ministerio del Interior alemán contabilizó en 2016 más de 3.500 ataques contra refugiados y centros de acogida, diez diarios, agresiones violentas de carácter racista en su mayor parte a manos de personas de extrema derecha.
El dato refleja un problema de seguridad claramente superior a su presencia en los medios de comunicación. Se podría relacionar lo anterior con la investigación en marcha en las Fuerzas Armadas alemanas a raíz de al menos dos militares que preparaban atentados haciéndose pasar por refugiados. Racismo.
¿Sucede algo similar en España? Vayamos al ministerio del Interior, que dedica un apartado específico a estos asuntos en su web y ofrece estadísticas.
Define el Ministerio como delitos de odio todas aquellas infracciones penales y administrativas cometidas contra las personas o la propiedad por cuestiones de raza, etnia, religión, edad, discapacidad, orientación sexual, por razones de género, situación de pobreza y exclusión social o cualquier otro factor similar, como las diferencias ideológicas.
Precisamente el Gobierno Rajoy modificó en 2015 el Código Penal en este sentido, amplió y endureció este apartado -artículo 510-, de relativa actualidad por titiriteros, tuiteros y Carrero Blanco, que aquí se han encajado. La reforma se hizo con cierta obsesión sobre lo que circule por internet, y se acompañó en el tiempo con una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha creado la figura del agente encubierto informático, un policía discreto en las redes.
Contempla la normativa con mayores penas las acciones de incitación al odio o la violencia contra grupos o individuos por motivos racistas, así como actos de humillación y menosprecio.
El ministerio del Interior contabiliza en el último año del que ofrece datos (2015) un total de 1.328 incidentes en España relacionados con delitos de odio (cuatro diarios), de los que se esclarecen la mitad, se entiende que encuentran culpable o se abren diligencias en la mitad de los casos.
Los ámbitos que mayor número de incidentes registran son los de racismo y xenofobia (505), ideología (308), discapacidad (226), orientación o identidad sexual (169, éste es de los pocos que muestra tendencia a la baja), y con cifras ya bastante bajas creencias o prácticas religiosas (70) y cierra el catálogo el antisemitismo (nueve casos en un año).
Los casos anteriores tuvieron 1.166 víctimas, en un 73% españolas; los responsables fueron 464, en un 80% de los casos españoles.
Sorprende que el Ministerio no contemple la islamofobia como categoría delictiva o estadística, diluida entonces en otras figuras como racismo y aporofobia (odio al pobre), también sexismo.
Podemos acudir a otra fuente, aunque sus datos no sean comparables con los de Interior.
La Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia ha presentado recientemente, por tercera ocasión, su informe anual en el que registra 573 incidentes de islamofobia en España en 2016, cifra que duplica la del año anterior.
«La islamofobia es la praxis más extendida de intolerancia en España», destaca el informe, que detalla por tipo de incidente como los más frecuentes los ataques contra los musulmanes en general (284), contra las mujeres (81) y 72 ataques a mezquitas (léase lugares de culto, mezquitas con alminar y almuédano hay muy pocas).
La Plataforma rastrea redes sociales y medios de comunicación en busca de abundantes ejemplos de islamofobia, que relaciona.
Dos curiosidades. En este informe sobre islamofobia aparece una encuesta internacional que refleja la percepción generalizada en países occidentales que el porcentaje de musulmanes es muy superior al real, en España se cree que son el 14% de la población y la realidad ronda el 4%.
De los datos del ministerio del Interior llama la atención que el mayor número de casos de racismo se registran en el País Vasco y Cataluña (luego van Madrid y Andalucía).
Lo anterior da pie para traer a esta columna a un personaje de actualidad como Marta Ferrusola, que ya en 2001, en pleno reinado de la dinastía Pujol en Cataluña, alertaba del riesgo de desaparición de las iglesias románicas sustituidas por mezquitas. En muchos aspectos, los Pujol-Ferrusola han sido unos adelantados a su tiempo.
Los nacionalismos -todos- nunca se han llevado bien con la inmigración, la diversidad y la tolerancia, y en muchas ocasiones presentan tendencia a saltarse la ley.
Volviendo a la seguridad, la realidad de la calle parece que va por caminos distintos al discurso generalizado en política y medios de comunicación sobre amenazas y riesgos, con el terrorismo radical islámico como justificación macro de todo lo que ocurre y de todo lo que se hace, ya sea policial, industrial o militar.
En términos de convivencia, de cohesión social e incluso de número de delincuentes y víctimas, destaca el racismo y más específicamente la islamofobia como el fenómeno más preocupante, junto con un mercado ilegal de armas descontrolado, este mismo año la policía se incautó de 9.000 fusiles de asalto militares (no sé si existen fusiles de asalto civiles).
Aparentemente los responsables políticos y los organismos que se dedican a la seguridad conocen todo esto, aunque su discurso público se oriente en otra dirección.
El crecimiento de la islamofobia, como variante mas frecuente de los delitos de odio, sería una conquista del terrorismo yihadista, sería su mayor logro, junto con excesos de la lucha antiterrorista que limiten las libertades de los ciudadanos.
Sin establecer comparaciones, ahí quedan amenazas tan serias al menos como las que se utilizan a diario para asustarnos.
Carlos Penedo