Con las ciudades es aconsejable tener tino. La economía urbana esta llena de intenciones hermosas que vaciaron las ciudades de población o empleos, y solo al cabo de años se sabe el porqué. La movilidad es, precisamente, uno de esos terrenos donde la prudencia es necesaria, entre otras razones por su relación con el modelo de ciudad.
La huelga convocada por los taxistas esta semana ha vuelto a poner de relieve su enfado. El cabreo de los taxistas es comprensible, como en alguna ocasión se ha escrito aquí. Tiene que ver con el deterioro de lo que consideran una inversión (su licencia) y con un modelo de trabajo que no solo reduce sus rendimientos sino que les somete a imposibles jornadas laborales.
Ciertamente, no es el único sector donde se producen ambos fenómenos. Es seguro que, en términos de mercado, el mundo del taxi deba aprender a relacionarse con la clientela de nuevas formas y que estén pagando décadas de reticencia a la adaptabilidad. Pero la cuestión es si ese deterioro – de renta o patrimonial- contribuye a un modelo de ciudad sostenible.
“Sospecho que este es un país en el que podemos poner impuesto a las bebidas azucaradas para alentar nuestro comportamiento saludable, pero bajar los rendimientos de los taxistas, limitando el progreso del transporte público”
Naturalmente, nadie aceptará esta consecuencia. Pero una caída del precio de la carrera de un vehículo privado no animará mucho la movilidad pública que con tanto ardor se enfatiza.
No hay que engañarse demasiado. El mercado que a las nuevas formas de movilidad interesa en España es el que forman Madrid y Barcelona, y poquito más. En el caso de la capital, todas las medidas que se han adoptado solo han servido para poner más vehículos en las vías: a los taxis de siempre, se han sumado los vehículos de UBER, Cabify y otras licencias de alquiler; a ellos, podemos sumar los Car2gGo o Emov y, últimamente, ya tenemos las motos eléctricas.
Será más o menos sostenible o costoso en términos de emisiones. Pero resulta que a la privatización de amplias zonas de la Ciudad, donde no se puede o podrá circular, se suma la penalización al transporte público. El deterioro de la renta del taxi hace más barata la movilidad privada y castiga otras formas de movilidad, también sujetas a coste regulado: por cierto, las presiones sobre los salarios de conductores de autobús o metro no son ajenas al modelo social que ampara la «uberización».
Los catequistas de la desregulación, con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al frente siempre seguida por el creciente populismo judicial, no vacilan en defender la ocupación de la vía urbana y el negocio sin límite práctico. Apenas hace unos días, se exigía a la Generalitat que cambiara aspectos de su norma como los registros anuales, la obligación de facilitar número de licencia al cliente o cosas parecidas que, en realidad tienden a evitar la economía sumergida.
La externalización de los costes del vehículo y seguridad – incluida la seguridad social- a los conductores es lo que permite un margen de tarifa que reduce un tercio el rendimiento de una carrera. No hay aquí, productividad generada por la tecnología sino por el estrujamiento de la mano de obra, sin coste impositivo para la empresa gestora.
Es la evasión de esos costes lo que reduce la tarifa. Imagino que los elegantes redactores de la CNMC o los catedráticos que elaboran informes para UBER no estarán considerando liberar al estado de los costes que genera su seguridad social.
Aquí no se trata de servicio público privatizado, sino de costes externalizados que las empresas eluden, también desde una perspectiva fiscal. La fiscalidad local española ha girado, casi siempre, en el entorno de la propiedad: las empresas han encontrado la forma de evadirlo.
Las aplicaciones tecnológicas aplicadas a la economía urbana han producido dos efectos notorios: acceso caro a la vivienda – a pesar del deterioro del valor patrimonial- y salarios más reducidos. Esto tiene que ver también con el modelo de Ciudad. Los rendimientos de los taxistas, créanlo o no, guardan relación con ambas cosas: la pérdidas de patrimonio del taxista regulado esta siendo utilizada por la especulación en la licencia de alquiler que, incluso administran las propias empresas.
No enredemos más de la cuenta. No enredemos
Juan B. Berga