Manuela Carmena ha expuesto su oposición a destacar a Miguel Ángel Blanco por encima de cualquier otra víctima del terrorismo. Carmena no podía hacer ni decir otra cosa. No sólo por la especial sensibilidad de su base electoral sobre el fenómeno etarra, sino por coherencia con su propia biografía. Carmena, cuando ha tenido que analizar la violencia política en Euskadi, siembre ha rubricado trabajos de tal equidistancia que merecen igual atención los más de 800 asesinatos de ETA, en su mayoría en democracia, que los 24 de los GAL. Es capaz de profundizar en cómo se reprimió una manifestación pro amnistía en 1977, pero deja en el tintero por qué ETA mató más tras abrirles las celdas la democracia. Iguala un mortal pelotazo de goma de una represión franquista con un tiro en la nuca en plena democracia. Para ella todas las víctimas son iguales; pero en derecho, y ella es jurista, no lo son: elementos como premeditación, pertenencia a banda armada, etc. hacen que el atropello de un ciclista no sea terrorismo. Tampoco un pelotazo, aunque exija prisión del agente. Sólo desde trincheras irracionales puede acusarse de filoetarra a Carmena, pero su peculiar igualación de todo acto violento en Euskadi se confunde con el lenguaje defensivo clásico batasuno: Estado y ETA ejercen igual violencia. La frase era particularmente falsa cuando escribió Carmena los informes, en 2011 y en 2013.
El 27 de febrero de 2013 el Gobierno Vasco le encargó, entre otros ponentes, un documento sobre vulneraciones de derechos humanos producidas desde 1960 hasta 2013 en el caso vasco para establecer “una delimitación preliminar del mapa de dichas vulneraciones que sirviera de referencia fiable para la definición de posteriores actuaciones en materia de memoria y revisión crítica del pasado, así como de reconocimiento y reparación a las víctimas”.
El guión de la parte contratante, el Gobierno vasco, exigía “no inducir a equiparaciones, comparaciones o compensaciones de vulneraciones de signo o naturaleza diferente”. El informe debía “omitir valoraciones o interpretaciones y centrarse en la descripción de los datos objetivos de que se disponen”. El cliente fue servido: en junio de 2013, el suma y sigue de la violencia estaba hecho. Los ponentes esperaban que sirviera para la “regeneración de la paz tras décadas de violencia”.
El esquema siempre era el mismo para cada periodo: se marcaba con igual incidencia la represión y las torturas que los asesinatos.
“1960-1975: Este periodo está marcado por los últimos años de la dictadura franquista y la escalada en la violencia terrorista de ETA, que comienza con actuaciones contra bienes materiales (sabotajes, atracos…) y llega ya en este periodo a atentados contra las personas y sus derechos fundamentales (secuestros y asesinatos). También hay que anotar la represión que se desarrolla por parte del Estado, con un sistema judicial sin las debidas garantías y una actuación policial con prácticas habituales de tortura. A todo esto hay que añadir la actuación de elementos incontrolados de extrema derecha con intervenciones violentas graves (asesinatos, secuestros, agresiones…) que gozan mayoritariamente de impunidad”. El franquismo reprimía sin garantías (hallazgo colosal histórico).
“1976-1978: Se produce la amnistía general de 1977. ETA continúa e incrementa su actuación terrorista. Se comprueba la insuficiente depuración de algunos aparatos del Estado que siguen actuando habitualmente con métodos propios del periodo franquista. Este hecho explica las dificultades, todavía a día de hoy, para acceder a información contrastada acerca de muchas vulneraciones de derechos humanos en ese periodo”. Con este lenguaje telegráfico se plasma que ETA mata más que en la dictadura (con muertos contrastados), pero que enfrente hay abusos policiales por contrastar. No dudo que hubiera torturas policiales en Euskadi, pero ¿se debe igualar la tortura y sin contrastar a la pena de muerte sumarísima? Un periodista puede arriesgarse a opinar sin pruebas basándose en sus fuentes, ¿pero cómo puede decir una juez que existen muchas vulneraciones si admite que no puede documentarlas?
“1979-1982: Se aprueba el Estatuto de Autonomía de la CAV en 1979. El mismo año se produce el fallido intento de golpe de Estado. Son los años más sangrientos de la actividad terrorista de ETA a pesar de los significativos avances en el autogobierno vasco. (…) En la lucha contra el terrorismo, se producen frecuentes casos de inobservancia por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los estándares de derecho internacional de los derechos humanos. Elementos parapoliciales o incontrolados (Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco-Español, GAE, Triple A…) protagonizan acciones terroristas” ¿Es lo mismo una inobservancia de los estándares de derecho que un asesinato? ¿Ya está todo dicho con reseñar que fueron los años más sangrientos de ETA?
“1983-2013: Los GAL, que aparecen en 1983, finalizan su actividad terrorista en 1987. ETA por su parte prosigue con su actuación terrorista, ajena al contexto democrático ya consolidado. La actuación del Estado en defensa de la democracia no impide que, paradójicamente, se sigan produciendo excesos y vulneraciones de derechos humanos, continuando la sombra de la tortura con ausencia de investigación. (…) ETA declara el fin de su actividad terrorista en 2011”.
La pacatez de los sesudos ponentes, cuesta creer que se pague por esto, aquí era doble.
Por un lado, se ventila de un plumazo la actuación de los GAL, sin mencionar su padrinazgo estatal bajo el PSOE.
Hay que recordar que Carmena había sido fichada como asesora del Gobierno vasco en 2011 por el socialista Patxi López y ya pertenecía a una fundación próxima al PSOE. Acaso por ello, los GAL parecen un virús: aparece y desaparece. Punto.
Y de ETA sólo se diagnostica que sigue a lo suyo ajena a la democracia. Olé informe prestigioso y científico, por no hablar de la “sombra de la tortura”, expresión con nulo rigor judicial. ¿Hay sombras o hay pruebas? No hay mayor sombra que la muerte a manos de un etarra. Y las torturas, con resultado o no de muerte, cuando la justicia tiene pruebas, han supuesto condenas en unos procesos complejos donde las dos partes tienen interés en mentir.
Naturalmente, ya es un sesgo cuando se intenta abordar la violencia de signo político en Euskadi en 2013 remontarse a 1960. ¿Por qué no retrotraerse a 1936 o a las guerras carlistas? Porque la tabulación así dispuesta apunta que en Euskadi ha habido una violencia de muy diverso signo y que ETA sólo es una variante más de oveja merina.
Al aumentar los años se distrae el foco. Claro que el franquismo ejerció la violencia en Euskadi. Y en Móstoles.
Pero cuando se diagnostica en 2013 cuál es la violencia política en Euskadi uno no podía más que centrarse en las únicas pistolas que aún humeaban: las de ETA. Cabía recordar a los GAL, sí, incluso recordar las torturas. Pero el mero entrecruzado de datos dio a entender que todo era igual y todo estaba vinculado. Y no. Los GAL actuaron tres años frente a más de 50 de ETA. En cifras, que tanto gustan a los ponentes, 24 muertos por los GAL frente a más de 800 de ETA. ¿Tal desproporción no debió reflejarse en el texto?
Pero Carmena era reincidente como ponente. Previamente, había realizado un “Informe de la Comisión de Valoración sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco 1960-1978”. Los ponentes reflejan así el escenario: “Las cifras de vulneraciones de Derechos Humanos hablan con terrible frialdad, quedando todavía casos por esclarecer. A lo largo del periodo que abarca y mandato de este informe, ETApm, ETAm y CCAA acabaron con la vida de 136 personas. El BVE, la Triple A y los Guerrilleros de Cristo Rey mataron a 8 personas. A su vez, la Policía y la Guardia Civil dieron muerte a 44 personas, en diferentes ámbitos, escenarios y contextos, además se dieron dos fusilamientos. A ello ha de añadirse centenares de víctimas de la violencia policial heridas en manifestaciones y cientos de detenciones practicadas por las fuerzas de seguridad, que dieron lugar a prácticas de tortura y malos tratos, que dejaron a sus víctimas con lesiones físicas y psíquicas de por vida”.
Nuevamente, todo es lo mismo: 136 asesinatos frente a 8 de ultras y 44 muertes, que no asesinatos, atribuidas a las Fuerzas de Seguridad. Los excesos en la represión de las fuerzas de seguridad, disparos o impactos con pelotas de goma, son equiparados al asesinato premeditado, a sangre fría, y nominativo.
Naturalmente, Carmena y demás ponentes podían y pudieron revisar qué ocurrió en un control policial de Bolueta en 1961, qué excesos se dieron en la represión en Vitoria en 1976, pero cuando se denuncia el “uso indiscriminado de armas de fuego por parte de las FOP”, uno no puede dejar de pensar que en esos años ETA hizo un uso indiscriminado mayor y, sin embargo, no mereció el menor detalle de los analistas.
El informe recalca que “especialmente en los años 70, los controles policiales fueron uno de los escenarios donde se produjeron graves violaciones de los derechos humanos, con ataques con armas de fuego indiscriminados contra los ocupantes de dichos vehículos”.
Y aquí surge la trampa del informe: hay violencia de ETA, el informe fue encargado en vida de la banda terrorista, pero también hay violencia policial. Pero se equipara la represión del régimen franquista, violento por naturaleza como toda dictadura, con el terrorismo etarra que ya en democracia y hasta 2011 sufrió Euskadi. La violencia franquista, como los GAL, fueron un magnífico banderín de enganche para ETA. Mal podían soñar los etarras que un informe oficial del Gobierno vasco les daría la razón.
PERO ETA EXISTIÓ Y MATÓ MÁS EN IGUAL PERIODO. Por encima de resarcir justamente la memoria de las víctimas de la represión franquista, se dio un gran contrapeso a la decadente ETA: el Estado también mata. Nadie destacó que el informe hablaba de muertes policiales del franquismo, que el Estado ya no mataba. El informe pormenorizaba cada presunto abuso policial en las manifestaciones proamnistía pero no hundía el lápiz en el detalle de atentados etarras en paralelo o posteriores a la generosa amnistía.
Este pozo de ciencia que suponía este informe de Carmena y demás socios intelectuales llega a plasmar que los consejos de guerra del franquismo carecían de garantías. “En dos casos, las personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas en un Consejo de Guerra sin debidas garantías de defensa en los últimos días del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975”. ¿Sin el informe de Carmena quién habría sabido que Franco fusiló en 1975? Lástima que los etarras lo leyeron tarde, cuando llevaban décadas matando.
El informe pretendía resarcir a otras víctimas de la violencia política, pero se les fue la mano. El mensaje para la democracia era demoledor: 44 muertos a manos policiales, sin reparar que la inmensa mayoría eran obra del franquismo, que, por seguir la expresión del informe, “primero disparaba y luego investigaba”. Pero esa tónica policial franquista podría valer para Bilbao, cierto, pero también para Almería. La pregunta que debió hacerse la comisión era: ¿ETA mató en democracia para resarcir los crímenes del franquismo? ¿ETA mató hasta 2011 porque Franco fusiló en 1975? Obviamente, la venganza no era la hoja de ruta de ETA, aunque fuera una propaganda sentimental magnífica.
El informe hubiera sido perfecto, incluso dando por buenas todas sus acusaciones sin refrendo judicial, que ya es generosidad, siempre y cuando hubiera sido un informe sobre la represión franquista en Euskadi. Pero se llamó “Informe de la Comisión de Valoración sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco 1960-1978”. Y como sobrenombre, Saliendo del Olvido. En 2011, no sólo salían del olvido las víctimas del franquismo.
El informe fue encargado a remolque de una iniciativa parlamentaria en marzo de 2011, meses antes de que, en octubre de ese año, ETA anunciase el cese de la actividad terrorista, pese a ello no fue incluida en el catálogo de horrores al detalle.
Francisco Mercado