Parece que la montaña parió un ratón. No me entiendan mal; lo he escrito aquí más de una vez: cada cosa que se haga contra la violencia que mata mujeres es bienvenida. La cuestión política es que el llamado pacto de estado que tanto se reclamó no ha resultado ser el cambio estratégico que cabría esperar.
Son varias las insuficiencias que se detectan en los sucesivos textos que ha generado la comisión parlamentaria, pero déjenme señalar que lo más insuficiente ha sido el escaso protagonismo que se ha concedido a las organizaciones feministas y de mujeres en el texto.
No cabe duda de que hay avances como es el caso de que las mujeres afectadas puedan acceder a la protección antes de la denuncia o que se extienda la condición de víctima a otras formas de violencia de género, como contempla el Convenio de Estambul. No obstante, el texto no acaba de formular medidas que concreten este objetivo.
No encontrarán Ustedes demasiadas aplicaciones concretas, medidas que publiciten su aplicación. Tampoco, los recursos humanos y materiales o financieros que constituyan una aportación real a la solución del problema.
Lo positivo es que finalmente se reconozca el carácter de problema de estado de la violencia contra las mujeres. Lo negativo, que el nivel de recursos no esté a la altura del problema.
El acuerdo incorpora iniciativas tanto en el campo de la prevención o la mentalización que ya estaban en la legislación actual, profusamente ignoradas en el pasado.
No es menos importante, la denuncia que hace CC.OO sobre al ignorancia de “las garantías de los derechos laborales, protección social y mejoras en la creación de empleo para las mujeres víctimas de violencia de género y sus familias”.
Es un pasito pequeño en relación con la magnitud del problema. Se acercan escandalosamente al medio centenar las mujeres, incluidos niños y niñas, asesinadas en lo que va de año. Una violencia que es fruto, sin duda,de la discriminación y de las desigualdad entre mujeres y hombres.
Debe recordarse que los mejores agentes de igualdad, los Ayuntamientos, perdieron su competencia en esta materia en la reforma de la ley de bases de régimen local. Ni la devolución de la competencia ni una aportación económica de cambio real se contienen en el acuerdo. Mil millones son significativos pero no dan un giro a la política actual.
En suma, parece razonable que la violencia de género se convierta en cuestión de estado, también alguna de las ampliaciones de los contenidos legislativos.
Pero el movimiento feminista y de lucha contra la violencia de género no ha dejado de señalar los déficit del acuerdo que limitan su importancia: participación de las organizaciones feministas, recursos presupuestarios suficientes y ejecutados y atención a todos los aspectos de la violencia sexual
Libertad Martínez