Vivimos estos días un auténtico diluvio de beneficios empresariales en todos los sectores empresariales. Iberdrola bate todas sus previsiones con un beneficio de 1.518 millones de euros (4,2 por ciento); Repsol eleva el suyo hasta los 1.056 millones de euros, lo que supone un aumento del 65,3 por ciento; el beneficio de Enagás aumenta un 25,6 por ciento, hasta los 269 millones de euros; Bankia logra 514 millones de euros más (6,7 por ciento), en línea con Bankinter que aumenta un 6,5 por ciento. La lista es interminable: Albertis, Mapfre, Gas Natural, Endesa…
Paralelamente el Producto Interior Bruto (PIB), la riqueza del país, crece por encima del 3 por ciento y la inflación prevista por el Gobierno se sitúa entre el 1,5 y el 1,9 por ciento.
La sorpresa, el jarro de agua fría que el empresariado ha echado sobre la clase trabajadora, ha sido negar un pacto salarial para 2017. En una actitud decimonónica y caciquil, CEOE y CEPYME han negado el acuerdo, han rechazado la cláusula de revisión y bloqueado la posibilidad de que la banda de incremento de los salarios fuese más allá de su anterior propuesta de 1,2-2 por ciento, ampliable al 2,5 por ciento “en función de las características de cada sector”.
No quiero volcar en este espacio una riada de datos empresariales y macroeconómicos, pero algunas cifras resultan muy esclarecedoras. La Comunidad de Madrid es la más rica de España con un aumento de su Producto Interior Bruto (PIB) en 20.000 millones de euros durante los últimos tres años.
Paralelamente, los salarios se han reducido en un 20 por ciento desde el año 2008. La pregunta es, por lo tanto, a dónde va a parar esa riqueza. Según los últimos datos oficiales disponibles, en Madrid hay más de 600.000 trabajadores y, fundamentalmente trabajadoras, con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Para hacernos una idea comparativa, supondría al equivalente a toda la población de Luxemburgo.
Los datos macroeconómicos indican que la Comunidad de Madrid ha salido de la recesión, durante el año 2015 su PIB creció un 3,4% y durante 2016 lo habría hecho en un 3,7%, situándose como la Comunidad con el PIB por habitante más alto, con 32.723 euros. Estos datos sitúan a la región por encima de los niveles de riqueza en términos de PIB del año 2008.
La riqueza aumenta pero no se distribuye equitativamente sino que se concentra en una minoría, con mayores rentas y patrimonio, mientras que a la gran mayoría no le llega la recuperación
Nadie puede negar, por tanto, que la región está protagonizando un crecimiento tan radicalmente desequilibrado como injusto y que puede llevar a una fractura social y dar lugar a un posible conflicto social.
Desde que en 2001 se instauró el AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) esta ha sido la segunda vez que no se alcanza un acuerdo. La anterior fue en 2009, en plena crisis, cuando el empresariado ni siquiera se sentó en la mesa. En esta ocasión ha habido un largo e irregular proceso que ha concluido con una falta de respeto por parte de la patronal, tanto al diálogo social, como a millones de trabajadores y trabajadoras, pendientes de actualizar sus convenios.
Las organizaciones empresariales están aprovechando la salida de la recesión para engrosar sus billeteras, mientras una inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras siguen padeciendo los efectos de la crisis, en grandes porcentajes, expulsados a la exclusión social.
En las últimas semanas, en la Comunidad de Madrid ya hemos estado observando síntomas preocupantes por parte de algunas empresas, enrocadas en alentar el conflicto. Este verano empieza a oler a otoño caliente, a no descartar movilizaciones generalizadas.
Jaime Cedrún