La economía española tiende al oligopolio. No podía ser menos en la seguridad aeroportuaria. Eulen (21), Prosegur (17), Hispania (7) se reparten el pastel de un modelo precario de privatización de la seguridad de los aeropuertos.
La concurrencia a la baja en las licitaciones solo puede producirse exprimiendo al máximo el factor trabajo. Esa es, por otra parte, la cultura de Eulen, que ofrece un muestrario de obscenidades corporativas, desde siempre.
El fundador del Grupo Eulen, David Álvarez, recomendó: “trabajar más y vivir peor”. Cabe imaginar que fue tal consejo el que animó a sus herederos a su fratricida pelea, mientras lo de “trabajar más y vivir peor” se lo dejaban a sus trabajadores y trabajadoras.
No es sorprendente que el conflicto de El Prat amenace con extenderse a todos los aeropuertos: el aumento de la carga de trabajo se compadece con bajos salarios que no reconocen ni el aumento de productividad ni los beneficios de las empresas. Ni siquiera la ampliación de contratos que AENA concedió para el verano.
“la subida salarial es una exigencia ética y, también, de eficiencia, económica”
El de los aeropuertos y sus negocios relacionados (seguridad) es uno de los sectores privilegiados por la forma en que la economía española esta superando la crisis: el precariado turístico.
Es tiempo de que la economía española disemine su crecimiento a los salarios. No es solo una exigencia de eficiencia – la incorporación del consumo a la economía- sino ética. La distribución de esfuerzos y sacrificios ha sido – y es- tan escandalosamente desigual que amenaza a la propia cultura política no solo a golpe de populismos sino, también, de excesos antidemocráticos.
La agresión a los salarios se vuelve más inaceptable cuando se acompaña de una agresión permanente al derecho de huelga.
Soy de quienes creen que los servicios de seguridad aeroportuaria no deberían privatizarse. No ahora, sino hace quince años. Fue la privatización, compartida por PP y PSOE– quien sacó a la Guardia Civil de los aeropuertos. Un cuerpo que ahora debe volver compulsivamente, casi en modo esquirolaje, a paliar una huelga a la que se ha impuesto un infame nivel de servicios mínimos del 90%.
El derecho de huelga es legítimo, y los consumidores y consumidoras debemos aceptar que somos agentes de su ejercicio, ante situaciones laborales precarias e injustas.
El comportamiento institucional de la Administración, imponiendo unos servicios mínimos que prácticamente anulan la huelga, condenando a la Guardia Civil al esquirolaje y permitiendo la intolerable pasividad de AENA ante el comportamiento del contratista es indecente.
AENA se ha comportado, simplemente, como un cómplice de Eulen y su cultura corporativa sin mas matices ni preocupación ni por los trabajadores ni por los usuarios y usuarias.
La suma de complicidad con Eulen e intolerancia ante la situación de los trabajadores y trabajadoras y al ejercicio de la huelga del gobierno es la que ha provocado y provocará la extensión del conflicto a otros aeropuertos, más temprano que tarde.
Libertad Martínez