La huelga de los trabajadores de la empresa de seguridad Eulen en el Aeropuerto del Prat el pasado mes de agosto ha vuelto a poner de manifiesto el permanente estado de ataque que, en España, sufre este derecho, última herramienta que tiene la clase trabajadora para defender sus condiciones laborales.
El pasado jueves se hacía público el laudo arbitral impuesto por el Gobierno cuyo último objetivo era imponer las condiciones de trabajo que se aplicarán a los trabajadores y trabajadoras. Con esta actitud, no sólo se arremete contra el derecho de huelga, sino también contra la negociación colectiva.
Tal como hemos apuntado desde CCOO, la decisión del Gobierno de imponer el laudo arbitral trasciende el conflicto del Aeropuerto de El Prat y afecta al conjunto de las relaciones laborales en los servicios públicos. Esta práctica gubernamental pone en tela de juicio la viabilidad de un proceso negociador que está abierto y la posibilidad de usar la huelga. Esto es así porque la decisión del Gobierno puede derogarlos de forma singular, suprimiendo tales derechos fundamentales mediante la técnica del arbitraje obligatorio.
El franquismo reprimía las huelgas a sangre y fuego, con penas de cárcel, despidos y listas negras. Con la conquista de la democracia se consigue, por fin, legalizar el derecho de huelga, tal como consagra el artículo 128.2 de la Constitución (“Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.”)
Pero pronto se inicia el ataque contra el derecho de huelga por los poderes, que comienzan a decretar servicios mínimos abusivos ante convocatorias de huelga. En la inmensa mayoría de los casos en que los sindicatos hemos denunciado servicios mínimos abusivos, la Justicia nos ha dado la razón, pero…, la Justicia es lenta y de nada sirven sentencias publicadas años después de la realización de una huelga.
La llegada de la crisis, la aprobación de las reformas laborales y su respuesta con infinidad de manifestaciones y tres huelgas generales fueron contestadas desde el Gobierno con el artículo 315.3 del Código Penal, que ha supuesto un retorno a ese tiempo franquista de encarcelar sindicalistas. Más de 300 sindicalistas han sido procesados por participar en piquetes informativos.
La tercera pata que viene sustentando la guerra contra el derecho de huelga es la vista gorda que se hace ante situaciones de esquirolaje, una práctica ilegal en su práctica tradicional que quiere abrirse paso a través del “esquirolaje tecnológico”. Y es que los artículos 315.1 y 315.2 que, en teoría persiguen ese esquirolaje por parte de los empresarios, sean privados o públicos, son desconocido por la fiscalía y la justicia española. Tenemos casos emblemáticos como el esquirolaje de Coca Cola, reconocido en la sentencia contra el ERE del Supremo, o las 29 sentencias contra los gobiernos de Esperanza Aguirre por servicios mínimos abusivos que atentaron contra el derecho de los trabajadores y trabajadoras. Es la impunidad más absoluta ante agresiones flagrantes y reiteradas al derecho de huelga.
La respuesta de la administración a la huelga del aeropuerto del Prat, realizada en agosto y desconvocada temporalmente tras el atentado yihaidista en las Ramblas de Barcelona en una nueva demostración de lo anterior, es un paradigma de esa corriente que intenta erosionar el derecho de huelga.
Convirtiendo en papel mojado la Constitución, en esta huelga, rematada con un laudo, se decretaron servicios mínimos abusivos y se tiró de la Guardia Civil en las tareas de esquirolaje. La situación, con una respuesta de semimilitarización nos trasladó a aquellos tiempos en que el ejército se hacía cargo de todo lo que estaba en huelga, desde astilleros, a Correos, ferroviarios, policías municipales… La última imagen que tengo de ello es el Metro de Madrid en 1976 conducido por soldados.
La propia AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) en una encomiable y valiente labor criticó que estaban siendo utilizados y mostraron su solidaridad con los huelguistas del Prat que, al fin y al cabo, reclaman lo mismo que los guardias civiles vienen peleando desde hace mucho tiempo.
El conflicto del aeropuerto del Prat ha hecho que se le caiga la careta a las externalizaciones, fundamentalmente en servicios tan delicados como la seguridad aérea. Perversión es la palabra indicada para calificar estas externalizaciones, porque la supuesta disminución de costes no ha sido otra cosa que recortar salarios y condiciones laborales a quienes realizan una labor de seguridad y, paralelamente, favorecer las cuentas de resultados de empresas privadas.
La cuestión, la pregunta que tenemos que hacernos es cuáles deberían ser las responsabilidades de quienes adoptan estas medidas. Sin duda, mientras el derecho de huelga siga siendo atacado, esta democracia estará mutilada; mientras sean los trabajadores y las trabajadoras quienes sufran el acoso por defender sus derechos, la democracia estará herida.
Jaime Cedrún, Secretario general de CCOO de Madrid.
Jaime Cedrún