Los 28 países de la Unión Europea (incluido Reino Unido, en el club hasta que se demuestre lo contrario) destinan más dinero público a la seguridad interior que a la exterior, invierten más fondos en financiar policías, sistema judicial, prisiones y bomberos que en fuerzas armadas.
Según datos conocidos este agosto del organismo estadístico de la UE, Eurostat, en orden público y seguridad interior los presupuestos de los países miembros suman 256 mil millones de euros (en 2015), cifra que representa el 1,8% del Producto Interior Bruto de la UE.
Siguiendo la misma fuente, el gasto conjunto de la UE en defensa militar ronda los 200.000 millones de euros, que supone el 1,4% de la economía europea anual.
Para los objetivos de esta columna se puede equiparar el gasto español en ambos conceptos con el continental, aunque estemos porcentualmente algo por encima en el primero y algo por debajo en el segundo.
A partir de aquí las conclusiones, la primera de ellas que en ausencia de una amenaza existencial para el europeo (no así para el coreano y sus vecinos), los responsables políticos de Europa deciden invertir más recursos en mantener la tranquilidad interior que la exterior.
Se puede interpretar además que el gasto público en seguridad interior tiene menos rechazo ciudadano que en seguridad exterior, por si el gobernante tuviera en cuenta la opinión ciudadana en estas decisiones.
Sucede sin embargo que la amenaza criminal no conoce fronteras, tampoco las tecnologías que se inventan para luchar contra ella, por lo que ya es un tópico referirse a los difusos límites entre la seguridad doméstica y exterior.
Lo más razonable por tanto es hablar de la seguridad como un todo, de la que colgarían los medios para garantizarla, y en esta línea contamos desde septiembre de 2015 con una Ley de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional con una visión global del asunto. Cosa distinta es que sólo se hable de esa ley como posible instrumento contra el desafío independentista en Cataluña.
Al margen de la naturaleza de riesgos y amenazas, a difuminar límites entre seguridad interior y exterior contribuye que se utilizan con frecuencia argumentos domésticos para justificar las intervenciones militares en el exterior y razones externas en la lucha contra la delincuencia en territorio nacional, con mucho o poco fundamento, normalmente escaso.
Tendencia que convive sobre el terreno con fuerzas policiales cada vez más a menudo realizando tareas de seguridad dura (la Guardia Civil lleva años en Mauritania por tierra, mar y aire) y fuerzas militares desplegadas en tierras lejanas realizando tareas policiales.
A esto se podría añadir, sólo para confundir, otra información conocida este verano, la intención del presidente norteamericano de volver a permitir la compra de material militar por parte de las policías de ese país, tras una decisión de Obama en sentido contrario, lo que promoverá la imagen de armas largas y vehículos militares por EEUU, más la Guardia Nacional que se activa cuando los ciclones lo hacen necesario. En este caso la explicación bien puede ser una salida razonable al material militar excedentario tras el repliegue de Afganistán.
Ante las crecientes dificultades de algunos Gobiernos para convencer al ciudadano de la necesidad de un incremento del gasto en Defensa bien podría utilizarse aunque fuera por motivos argumentales este asunto de que la seguridad es un todo; y enlazarlo además con Europa, que así parece que se traga mejor la medicina.
Con todo lo anterior, más allá del dato, acabo con la reflexión que me sugiere el pasado criminal del imam de Ripoll (tráfico de drogas), la delincuencia asturiana que facilitó los explosivos a los autores del 11-M (esclarecedor libro de Manuel Jabois) y que hace unas noches la Guardia Civil detuvo a tres personas en un piso a cien metros de casa con 300 kilos de coca que guardaban en la despensa.
Resulta curioso que distingamos entre delincuencia común, aparentemente menos peligrosa, más habitual o menos llamativa, y el terrorismo fanatizado (redundancia), cuando los actores no se han enterado de la diferencia y saltan de una a otra o las combinan.
La ingente cantidad de dinero y empleados públicos que se destinan a garantizar ciertos niveles de seguridad puede reflejar la existencia de una violencia estructural, mutante en sus manifestaciones, que requiere 450.000 millones de euros públicos en la UE cada año, unos 35.000 millones en España, para mantener en el ciudadano una apariencia de estabilidad que nos lleve sin preocuparnos en exceso al trabajo y al supermercado y a la fiesta de la bicicleta el próximo domingo, para la que no estoy seguro de si habrá dado tiempo tiempo de inventar los bolardos móviles.
Carlos Penedo