Con esta frívola expresión definió el viernes pasado Artur Mas el sino de una república catalana sin el reconocimiento de la Comunidad Internacional. Efectivamente, no se entra a codazos en los Organismos Internacionales ni se cuela uno subrepticiamente en la Unión Europea.
La Unión está constituida por países que contemplan unirse más pero no sus disgregaciones. Menos aun cuando hay en bastantes de ellos vestigios de nacionalismos locales que se envalentonarían con cualquier secesión en un país de la UE. Bien claro lo viene dejando repetidamente el Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, pero los independentistas no quieren escucharle. Ni siquiera constatar la fuga de empresas, bastante de las cuales nunca volverán.
Hay, pues, que seguir trabajando la vertiente internacional de la cuestión catalana. Las Organizaciones Internacionales y la UE no favorecen la secesión. El destino de quienes aspiran a su independencia está sujeto a que los demás se la reconozcan. No se entra en un club solo porque se quiere, sino porque lo quieren sus miembros. Por eso Mas aconseja frenar (pero no parar).
Conviene cuidar también la imagen española en los medios de comunicación internacionales y en las redes mundiales porque son vulnerables a los simplistas, pero eficaces, argumentos independentistas: “votar es democrático”; “los catalanes tienen derecho a decidir su futuro y Madrid lo impide”; “España nos roba”; “su policía nos reprime”. Omnium y la ANC han lanzado una campaña internacional (“Support Catalonia”) pidiendo cartas de ciudadanos a sus gobiernos para apoyar el “procés”.
Votar no siempre es democrático; los catalanes llevan mucho tiempo decidiendo su futuro en elecciones generales, autonómicas y municipales, así como en varios referéndums para aprobar la Constitución española y sendos Estatutos de Autonomía; su prosperidad se ha forjado en el conjunto español y las violencias policiales del 1-O fueron episódicas y limitadas, aunque reprobables. Es esta realidad la que debe trasladarse a las ciudadanías extranjeras.
El pulso entre Gobierno y Generalitat está en una fase muy delicada en la que importa no cometer errores. Rajoy debía recabar de Puigdemont lo realmente ocurrido el 10 de octubre en el Parlament y exigir la vuelta a la normalidad constitucional para que cese esta rebeldía en forma de farsa.
Pero la ambigüedad de Puigdemont persiste y debiera persistir al vencer el segundo plazo del próximo jueves. Aunque cualquier acontecimiento o cálculo temerario puede llevarle a confirmar la DIU, la confusión es su salsa. Debe preferir, asimismo, la aplicación previa del artículo 155 de la Constitución para buscar el caos y el riesgo de incidentes, incluso sangrientos, para volver a tornarse hacia la Comunidad Internacional.
En realidad, estamos en Cataluña ante dos procesos revolucionarios, paralelos y secuenciales. En el primero, fuerzas antagónicas como el PDeCAT (ex CiU), ERC y la CUP, con la compañía viajera de Podemos y Comunes, se unen en la causa de lograr la independencia. Con el segundo, los más extremistas buscan fundar una República Popular al mejor estilo marxista o neo-marxista.
Lo que une estas dos revoluciones es la predisposición a saltarse las leyes y cualquier consideración democrática para conseguir sus fines. Apabullan y presionan incluso con variadas violencias pues la esencia de un proceso revolucionario es cargarse de cualquier manera lo antes constituido. La complacencia de muchos catalanes, antes moderados, con este proceso extremista es fascinante pues atenta contra sus propios intereses.
Este “procés” está revelando el egoísmo y la prepotencia de los separatistas respecto de sus conciudadanos en España, Cataluña incluida, así como su manipulación tanto de la comunicación como de la educación para difundir mentiras y sorber el seso de incautos, necios y, lo que es peor, de niños y jóvenes a los que se les ha negado cualquier imparcialidad educativa. Esto último difícil remedio tendrá si no se corrigen las transferencias en educación a las Autonomías en toda España.
No obstante, hay que celebrar que esta cuestión catalana pueda encauzarse políticamente, a iniciativa del PSOE, hacia una reforma de la Constitución en la que deberá atenderse no solo los intereses catalanes sino también el de las demás Autonomías y los del conjunto de nuestro país.
Pero aún no hemos llegado a ese punto. Antes tendremos que ver que plan aplicarán las autoridades catalanas y si el bloque separatista se divide y debilita ante la gravedad de la encrucijada. Esperémoslo. En cualquier caso, el verdadero proyecto, el de la independencia, seguirá siempre en la recámara a la espera de cualquier oportunidad.
La lealtad constitucional es ya imposible tras haberse quitado los separatistas su careta democrática. Cataluña podrá seguir en España, pero será a mayor cara de perros. Por ello es importante que vuelvan a la sensatez los catalanes que por diversos motivos siguen ahora a los independentistas intransigentes. Para ello, cómo se gestiona esta crisis desde Madrid es relevante.
Carlos Miranda es Embajador de España
Carlos Miranda