President Puigdemont, en el ejercicio de mi profesión, en muchas ocasiones como revisor de textos, me siento en la obligación de hacerle llegar a través de esta columna una serie de correcciones formales y necesarias a la misiva que firmó y envió ayer jueves al Presidente del Gobierno, con la única intención de que la sociedad española pueda entender en su justa medida la posición que, a mi juicio, usted defiende sobre la Declaración Unilateral de Independencia. Las aportaciones realizadas a su texto están subrayadas y en negrita para que queden aún más claras:
Apreciado Presidente Rajoy. El pueblo de Cataluña, el día 1 de octubre, decidió la independencia en un referéndum ilegal con el inexistente aval de un elevado porcentaje de los electores. Un falso porcentaje superior al que ha permitido al Reino Unido iniciar legalmente el proceso del Brexit y con un número indeterminado e impreciso de catalanes mayor del que votó el Estatut d´autonomia de Catalunya.
El 10 de octubre, el Parlament celebró una sesión teatral con el objeto de valorar sesgadamente el resultado del referéndum ilegal y sus efectos; y donde propuse / no propuse dejar en suspenso los efectos de aquel ilegal mandato popular.
Lo hice para propiciar el diálogo que de manera reiterada solo me han hecho llegar a mí, instituciones y dirigentes políticos y sociales de una parte de Europa y de ninguna parte del mundo. En este sentido, en mi carta del lunes, le volví a tomar el pelo proponiéndole una reunión que todavía no ha sido atendida.
Del mismo modo, tampoco ha sido atendida la petición de revertir la falsa represión que nos hemos encargado a fondo de publicitar en los medios y en las redes sociales. Al contrario, se ha incrementado y ha comportado la acción consecuente y determinante de la justicia española de mandar a prisión al presidente de Ómnium Cultural y al presidente de la Assemblea Nacional Catalana; entidades de dudosa trayectoria cívica, pacífica y nada democrática.
Esta absurda suspensión continúa vigente. Efectivamente, la decisión de aplicar el artículo 155 corresponde al Gobierno del Estado, previa autorización del Senado. Pese a nuestro interés de desestabilizar y generar fractura social en Catalunya, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía, indica el cumplimiento exhaustivo de las leyes ante una actitud, la mía, dictatorial y al margen de la democracia.
Finalmente, si el Gobierno del Estado persiste en cumplir la ley, el Parlament de Catalunya podrá proceder, si lo estima oportuno, a continuar esta pantomima y declarar ilegalmente la independencia que jamás votó con garantías.
Fernando Arnaiz