Con la rapidez con la que se esfuma el interés informativo y se camuflan las últimas novedades de Gürtel se produjeron a mediados de octubre más de 130 incendios devastadores en Galicia, con el agravante de que amenazaron zonas urbanas y especialmente la ciudad de Vigo.
En dos días ardieron 35.000 hectáreas, la mitad de toda la superficie quemada en España en 2016; el peor balance es la cifra de cuatro muertos.
Se sucedieron declaraciones campanudas y hasta la publicidad institucional de la Xunta habló de «terrorismo incendiario». Fuera de los contenidos pagados, el propio presidente Núñez Feijóo reconoció que durante 12 horas la situación estuvo fuera de control, que son muchas horas de descontrol.
Feijóo: «Galicia no arde, a Galicia la queman. Son terroristas». Añadió como segunda causa los fuegos que entraban desde Portugal, donde se produjeron 40 muertos y su Gobierno acaba de hacer frente a una moción de censura.
Habría que recordar aquí la indefinición internacional de terrorismo, el de Estado es difícil de encajar.
Los diccionarios dan pistas: para utilizar la etiqueta son necesarios organización criminal identificada, objetivos políticos y aterrorizar a la población como medio para acercarse al anterior. No se cumple ninguno de los tres.
Desde la fiscalía de Medio Ambiente de Galicia se reconoce que no han encontrado en años de investigación trama alguna de criminalidad organizada ni con objetivos políticos detrás de las llamas.
Dicen los expertos en el asunto que causas hay muchas y la explicación es mayoritariamente local, localizada, municipal, individual.
«Terrorismo incendiario homicida».
El resultado de la actuación policial en las semanas siguientes a los incendios ha sido de dos detenidos: un varón en Orense, se dice que ecologista, por provocar un incendio al asar unos chorizos; y una anciana en Pontevedra que quemó un rastrojo y una de las hectáreas de las 35.000 achicharradas.
Cuentan los que se dedican profesionalmente a analizar este asunto que para que se produzca un incendio se tienen que dar tres elementos: alguien que prenda la llama, combustible y unas determinadas condiciones meteorológicas.
Estas últimas fueron las peores imaginables: temperaturas por encima de los 30 grados y la cola de un huracán que excepcionalmente se acercó a la península y provocó vientos inusualmente fuertes. Aquí entra en juego la predicción meteorológica, que no es infalible pero se conoce unos días antes.
Sobre el combustible, depende del cuidado a la baja de los bosques, la escasez de ovejas y ganado ramonenando, el despoblamiento rural; y en los casos de explotación maderera se cuestiona el monocultivo de eucaliptos.
Queda quién prende la llama. El periódico digital infoLibre publica a partir de datos de Instituciones Penitenciarias que hay once personas en las cárceles españolas por delitos relacionados con incendios, la mitad condenados y el resto preventivos.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente informa de que en 2016 se produjeron en España 8.817 incendios, de ellos 2.338 mayores de una hectárea.
Según la Memoria de la Fiscalía en 2016 se investigaron 486 incendios forestales y se detuvo a 51 personas. Los juicios celebrados sobre incendios ofrecieron 151 sentencias condenatorias y nada se dice de personas condenadas, que en cualquier caso no acabaron en la cárcel viendo el número de presos por este motivo.
Se menciona que la Guardia Civil y la Universidad Autónoma de Madrid llevan una década investigando el perfil de las personas que provocan incendios, sin ninguna conclusión rotunda que si existiera hubiera sido aireada para la ocasión.
La causa más frecuente de incendios forestales en España continúa siendo las quemas, tanto de residuos y restos forestales o agrícolas como regeneraciones de pasto, en más de la mitad de los casos.
Las declaraciones del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, hablando de «terrorismo incendiario», hay que tomarlas en sentido figurado, una respuesta emocional a las llamas, aunque deberían tener consecuencias.
Se recuerda estos días la fotografía de Feijóo en la oposición en 2006, en compañía de Rajoy, con una manguera de jardín apagando el fuego que había encendido previamente al culpar a gobiernos de izquierda de negligencia forestal: «Con nosotros no moría gente en los incendios, y con ellos, cuatro personas».
Un biólogo apuntaba estos días que la explotación económica de los bosques es rentable porque los incendios los pagamos entre todos, con dinero público. Añado, igual que las nucleares, en cuyos costes no se incluye el riesgo de accidente (la póliza del seguro), el desmantelamiento de centrales obsoletas y la gestión de residuos durante cientos de años.
Por tanto, si los incendios están relacionados con la política forestal, la Xunta de Galicia y el Ministerio de Agricultura tienen que dar explicaciones.
Si por el contrario en este 2017, a diferencia de años anteriores, la causa primera del monte quemado es la delincuencia organizada con fines políticos, el Ministerio del Interior tiene que dar explicaciones.
El terrorismo se ha convertido en la excusa perfecta para eludir la responsabilidad política. La primera explicación de cualquier accidente aéreo es el terrorismo, lo que ahorra problemas e indemnizaciones a fabricantes y operadores.
El supuesto terrorismo incendiario deberá acompañarse de estrategia de seguridad, detenidos, pruebas, condenados.
Hay que reconocer en los últimos años la patente mejora de los medios de extinción, con la muy criticada en su origen Unidad Militar de Emergencias. Parece el momento de cambiar el foco del final al inicio, atender también al proceso de radicalización de las plantas.
En esto los incendios sí comparten con el terrorismo el trabajo pendiente. Cuando el peligro acecha hay que apagarlo, pero en su origen hay mucho que hacer, en la raíz.
La mayor parte las radicalizaciones comienzan con la palabra.
Carlos Penedo