Por primera vez en su historia, el pasado 27 de octubre, un pleno del Senado español mantuvo la tensión informativa a niveles de un partido de la Champions según las audiencias. Aquella tarde, la cámara Alta aprobó la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, tras una intensa jornada previa en la que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, proclamó unilaterlamente la independencias catalana. Pero aquella tarde, el Senado también avaló, a hurtadillas, el último paso de nuestro país para la plena aprobación del CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), es decir, el Acuerdo Comercial y de Inversión con Canadá.
Las Comisiones Obreras hemos formado parte de esa rebelión civil sin precedentes llevada a cabo contra un acuerdo comercial, mantenida durante meses, con Madrid como abanderada y como centro de movilización. Ciertamente, gracias a la presión sindical europea y canadiense se han incorporado al CETA algunos anexos y “declaraciones interpretativas”, pero que no mejoran sustancialmente el acuerdo y por el que mantenemos nuestro total rechazo.
Ese rechazo no lo es al comercio internacional regulado, sino a un modelo de tratado de libre comercio e inversión que mantiene un sistema de resolución de conflictos de intereses de los inversores que solo beneficia a las corporaciones y no a las personas. En el CETA, los derechos de trabajadores y trabajadoras no están protegidos, ni siquiera se establecen garantías de respeto a los convenios fundamentales de la OIT. Además, la regulación del comercio mundial y de la inversión transnacional se emancipa del control público. La tradicional relación entre derecho-política (o sea, norma-voluntad popular) y economía, se rompe.
Es importante saber que el referente del CETA fue el tratado comercial acordado entre Estados Unidos, Canadá y México (NAFTA). Pues bien, siguiendo a la profesora de Derecho del Trabajo, Adoración Guamán (autora de “TTIP, el asalto de las multinacionales a la democracia”), del NAFTA se derivaron consecuencias contrarias a las prometidas: incremento de la desigualdad, aumento del beneficio de las élites acomodadas, estancamiento de los salarios, crecimiento del desempleo, dumping social, declive de la protección social y violación de los derechos de las organizaciones de trabajadores y de su capacidad de negociación colectiva, incluyendo el aumento de los pleitos millonarios entre grandes multinacionales estadounidenses y estados en relación con determinados servicios públicos o con cuestiones medioambientales, mediante la utilización de los sistemas de arbitraje.
Las promesas del NAFTA se repiten con el CETA y Europa, en vez de rectificar, va a tropezar en la misma piedra. Desde CCOO hemos denunciado, junto a infinidad de organizaciones nacionales e internacionales, que este tratado no empuja el desarrollo económico y social sostenible. Tampoco promueve el empleo, ni garantiza el complimiento de los convenios fundamentales de la OIT, ni protege los servicios públicos y el medio ambiente, ni fomenta los altos estándares laborales y medioambientales.
Además tengo que insistir en denunciar un elemento muy grave: el oscurantismo, la falta de transparencia y debate democrático para concluir su aprobación. No solo eso. En una pirueta inconcebible, desde el pasado 21 de septiembre, a través de una “aplicación provisional”, se ha llevado a la práctica el 98 por ciento del acuerdo sin que todos los parlamentos europeos lo hayan ratificado. Para más inri, el tratado está pendiente de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Llegados a este punto, es interesante tomar nota qué partidos políticos dieron su visto bueno al CETA el pasado mes de junio en el Congreso de los diputados, en el paso previo a la aprobación por el Senado. Además del PP y Ciudadanos, votaron a favor los nacionalistas vascos del PNV y, paradojas de la vida, los independentistas catalanes del PDeCAT. El PSOE se abstuvo, mientras votaron en contra Unidos Podemos, ERC y Compromís. Estos tres últimos grupos intentaron en mayo que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el asunto, pero el resto de partidos lo rechazaron.
No está de más apuntar que, también a hurtadillas, la Unión Europea está negociando nuevos acuerdos con Mercosur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, varios países africanos, caribeños y del Pacífico, sin olvidar la espada de Damocles del TTIP (con Estados Unidos) o el TISA, auténtico caballo de Atila de los servicios públicos, actualmente en negociación entre medio centenar de países de la OCDE.
En los últimos tiempos estamos desgastando palabras como “democracia”. Para que la democracia funcione es imprescindible la transparencia y la información veraz. Por el contrario, vivimos inmersos en un mundo de cortinas de humo y sobredesinformación que hipotecará el futuro de una inmensa mayoría frente a unas élites.
Jaime Cedrún
Secretario general de CCOO de Madrid
Jaime Cedrún