En una misma semana hemos tenido noticias de dos hechos de extrema gravedad que afectan a la Universidad Pública Española, que no es que enciendan las luces rojas sobre lo que está pasando, sino que tienen que hacer ver a la ciudadanía quien nos está gobernando.
En primer lugar, se tiene conocimiento que el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, fruto de un Convenio entre el Ministerio de Defensa y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ha vetado a instancia del primero de los organismos públicos la propuesta del segundo de nombrar a un reputado Catedrático de Sociología con múltiples publicaciones científicas y una dilatada trayectoria docente y como gestor de la propia Universidad, siendo Vicerrector de Investigación y habiendo sido miembro del Consejo de dicho Instituto.
La razón del veto es inconcebible: ser afiliado al Partido Socialista. Los días pasan y ni el Ministerio de Defensa, ni la UNED han dado respuesta de lo pasado, ignorando la obligada legal de transparencia que todo organismo público ha de tener y que la lógica democrática impone. Ello por no hablar del respeto a la autonomía universitaria.
¿Es posible vetar a un docente e investigador por sectarismo político en la España del Siglo XXI? La mera formulación de la pregunta da escalofríos.
En segundo lugar, que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con la connivencia de “algún” funcionario ha falsificado sus calificaciones de un postgrado, un Máster en Derecho Autonómico, en la universidad pública Rey Juan Carlos.
Lo cual de ser cierto, cuestión que hasta el momento no ha sido negada por Cifuentes y por parte delas autoridades universitarias con argumentos contradictorios, pondría en entredicho nuestro sistema educativo superior. Pero ello no es lo más grave, como en el caso anterior pondría en evidencia la catadura moral de quienes nos gobiernan.
La primera reflexión es que estas actitudes demuestran un ejercicio sectario y con aprovechamiento personal del poder político. Ahora bien, ante estos dos hechos conocidos, los medios de comunicación esconden parte de la dimensión de la cuestión: saber cuántos casos similares se estarán produciendo.
La habitualidad de opacidad en la gestión de lo público que el Partido Popular ha venido desarrollando hace pensar que la anécdota puede ser categoría general. Los gobiernos del Partido Popular en Madrid, desde Gallardón hasta Cifuentes, pasando por los de Esperanza Aguirre e Ignacio González, nos han demostrado la total impunidad con la que se ejerce el poder. Como vemos no solo en las grandes cuestiones, en las que lo habitual es hacer acopio personal del patrimonio público, sino también en la política de las pequeñas cosas, en las que afectan a ciudadanos que no viven en la política ni para la política pero que sufren las consecuencias de lo peor de la política, siendo discriminados o engañados.
Madrid ha pasado a ser el territorio más “guarro” y parece que impune para hacer uso de esta forma de gobernar, y ahora llega a la Universidad tomándola como un nuevo lugar a convertir en lodazal. Sea para censurar un nombramiento, vaya usted a saber realmente por qué, o para dar rienda suelta a la falsificación de las notas, pensando que los conocimientos los dan los títulos oficiales. Se está dando un machetazo, sin piedad, en la columna vertebral de un país que aspira a estar en “el círculo de confort del bienestar europeo”. La calidad educativa y la investigación son la punta de lanza para mejorar el futuro. Los países más ricos lo son por haber cuidado y potenciado su educación pública.
Qué decir ahora a las familias que con gran esfuerzo ha sufragado, durante la crisis, una subida de tasas universitarias en Madrid que en cinco años supone un 50% más. Y cómo verán el tema los profesores asociados en la universidad cuyo salario no llega a los 800 €, las plantillas se han congelado y tenemos en España 37.000 investigadores fuera del país. Cómo poder decir que España es un país competitivo cuando las patentes internacionales españolas han caído en un 60% y nos vamos quedando atrás con relación a los distintos países de la Unión Europea.
Es muy difícil intentar explicar todo como un error administrativo poco verosímil, pues si esos errores se producen con la entonces Delgada del Gobierno y no caen en la cuenta hasta dos años después, qué será cuando se trata de un ciudadano de infantería.
La universidad y por ende la investigación es lo que podría convertir a Madrid en un territorio del conocimiento y la excelencia que fuera vivero del empleo y calidad de vida de sus ciudadanos. Por el contrario, cada día vamos cayendo más en un agujero negro. Lo peor con todo es que puedan existir ciudadanos que crean que estas actitudes no les afectan y que todo da un poco igual. Creo que es una obligación cívica que el debate supere los medios de comunicación y en un boca oreja vayamos convenciéndonos de que el poder está en cada uno de nosotros y que no puede hacerse uso del poder público como si fuera un patrimonio personal que a poquitos pone en peligro el futuro de todos.
Álvaro Frutos Rosado es Abogado y Analista Político
Álvaro Frutos Rosado