Dicen que todo está inventado. Algunas cosas parecen nuevas tan sólo porque no nos hemos tomado el tiempo de echar la vista atrás, hacer memoria y comprobar que, salvadas algunas circunstancias coyunturales, casi todo forma parte de una espiral que nos devuelve al punto de partida, aderezado con los adornos de la modernidad.
Fueron los ilustrados del siglo XVIII los que achacaron el retraso secular de nuestra agricultura a la existencia de “manos muertas”, que acaparaban tierras y las mantenían improductivas. Con ese nombre de manos muertas designaban fundamentalmente a la iglesia, las órdenes religiosas, algunos nobles terratenientes y los ayuntamientos.
Carlos III, acosado por las revueltas provocadas por el Motín de Esquilache, ya hizo un intento de aplacar a los campesinos pobres, arrendando tierras comunales a bajo precio, aunque la cosa duró poco y terminó teniendo como destinatarios a los labradores ricos. No era una desamortización como tal, pero sentó un precedente.
Más tarde Godoy, antes de acabar el siglo de las luces, realizó la primera desamortización entrando a saco contra bienes de todo tipo de los jesuitas, con permiso papal, por cierto, con el fin de sanear la deuda pública. Luego vinieron los desamortizadores Bonaparte, los de Cádiz que no quisieron ser menos que los ocupantes en este tipo de medidas, los liberales de Riego, los de Mendizábal, los espadones como Espartero y O´Donnell.
Un siglo entero de furores desamortizadores que, dado el peculiar carácter patrio, se tradujeron en que ingentes cantidades de tierras pasaron a manos de los más ricos, sin cambiar la estructura agraria de propiedad de la tierra, en manos latifundistas.
En algunos sitios, aunque no en todos, mejoró la producción agraria. Derribando conventos, se crearon algunas plazas en núcleos urbanos congestionados (a José Bonaparte, además de Pepe Botella, se le conoce como Rey Plazuelas). Los ministros de Hacienda de la época sanearon sus cuentas, al menos de momento.
Pero ya sabemos que la política española es de cortos plazos. Los nuevos propietarios buscaron beneficios inmediatos deforestando y causaron un desastre ecológico. Y lo peor de todo fue que los bosques y dehesas de los ayuntamientos, que eran utilizados por el pueblo de acuerdo con normativas municipales que permitían el acceso a pastos, madera y otros bienes comunes, se vieron privados de ellos de la noche a la mañana. Condenados a la pobreza y la miseria. El problema agrario quedó irresuelto y dejó una revolución agraria pendiente que pesó sobre el futuro como uno de los grandes males de España.
Si volvemos al presente, comprobaremos que ya llevamos unas cuantas décadas en las que conservadores, liberales y no pocos progres amantes del poder y del dinero, se empeñan en convencernos de las bondades de las nuevas desamortizaciones de bienes públicos, a favor de los nuevos ricos de nuestros días.
Banqueros, aseguradoras, empresas “especializadas” en la gestión de bienes y servicios, fondos de inversión más o menos buitres, oportunistas, cazafortunas de todo tipo, empresas constructoras, se lanzan a acaparar la gestión de los recursos públicos, los de todas y todos, los comunes, los comunales, en una neodesamortización, con la aquiescencia y la justificación de los propios poderes públicos.
La educación, la sanidad, las pensiones, las autopistas, el agua, las viviendas públicas, los servicios sociales, la seguridad pública, la atención a la dependencia, las políticas de empleo, los servicios funerarios, deportivos, culturales, la formación de los trabajadores. Todo es factible de convertirse en negocio.
Primero se desencadenan campañas de descrédito, a base de recortar los recursos y deteriorar la imagen de un servicio público, se le declara inoperante, improductivo, una “mano muerta” y luego se entrega a la gestión privada, porque quien busca el negocio particular se supone que tiene interés en gestionar mejor.
Al final, quienes necesitan esos servicios públicos se encuentran con que la cartera de prestaciones se recorta, los recursos públicos se debilitan, se introducen fórmulas de copago para financiar una parte de las prestaciones, la calidad no mejora y los costes, que iban a ser más baratos, terminan siendo más caros, los alquileres de vivienda social crecen, terminamos pagando una gestión centrada exclusivamente en el beneficio, costeando las pérdidas y hasta el precio del agua sube.
Las modernas desamortizaciones de los servicios públicos, se mire por donde se mire, son un gran negocio para unos pocos y un mal negocio para la mayoría de quienes más los necesitan.
Javier López