Este año han ingresado un 30 por ciento menos de perros en los centros de acogida municipales que el año pasado. Si comparamos con el 2016, la cifra aumenta al 40 por ciento. Y no es que haya menos abandonos. Ni que se haya disparado la adopción. Es que no los admiten porque están saturados. La causa es la ley de sacrificio cero.
Fue una gran noticia para las asociaciones protectoras de animales. Se prohibía matar a cualquier perro abandonado, pero el resultado no es tan positivo sin dotación económica suficiente y sin acompañar la ley de campañas que favorezcan la adopción y la esterilización. Por eso, los expertos que trabajan en estos centros, las protectoras y las asociaciones ecologistas dan la voz de alarma.
«De no poner solución a esto nos encontraremos en breve con animales vagabundos por las calles», asegura un informe de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM).
Según este estudio, hay «centros de recogida municipales que han restringido la recogida debido a los altos niveles de ocupación y están utilizando artimañas y vacíos legales para dejar en la calle y en el más absoluto desamparo a los animales». Además, como no tienen sitio, los animales maltratados cuya situación es denunciada «quedan en custodia del mismo maltratador». Y existen centros de recogida municipales «gestionados por empresas», que están hacinando a los animales, por lo que «se están produciendo situaciones de maltrato».
El coste anual de un perro
¿Saben cuánto cuesta mantener un perro al año en un centro municipal? 730 euros, según el Ministerio de Agricultura. Si multiplicamos esta cantidad por el número de animales recogidos, unos 140.000, el resultado es de 102 millones de euros.
La única solución: esterilizar
El análisis de la Federación cree que la solución más realista es que la ley obligue a esterilizar a los particulares, eliminar la cría en casa. Y que los requisitos sean estrictos, para que sólo puedan tener camadas quienes acrediten el valor genético contratado de animales registrados, con pedigrí y con el fin de mejorar las razas.
«La realidad es que ahora mismo es imposible para la administración controlar la compra venta de animales por particulares, y prueba de ello son los cientos de anuncios que se pueden encontrar en una sola búsqueda en Internet y en las redes sociales, un mercado negro que incurre en delitos contra la Hacienda Pública e incluso contra la salud pública», asegura Arancha Sanz, abogada de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid.
Noelia Camacho