Uno de los ámbitos más opacos y que solo parecen interesar a las organizaciones de derechos humanos y a instituciones como el defensor del pueblo o el Consejo de Europa son nuestras cárceles.
Periódicamente aparecen sus informes que solo han tenido algún impacto con motivo del debate del acercamiento de los presos de ETA, de la euroorden del juez Llarena en Bélgica y sobre la situación de los políticos independentistas. Un debate que a penas ha servido para interrogarse sobre los excesos de la prisión preventiva en España.
En los últimos años tambien asistimos a las protestas y reivindicaciones de los funcionarios de prisiones por los efectos de los recortes sobre las plantillas y su función rehabilitadora.
Solo con motivo de la crónica de sucesos es que nos asaltan los tópicos de siempre y en muchas menos ocasiones nos enteramos de los datos relativos a la criminalidad, las penas, las condiciones de las prisiones y la finalidad de la reinserción.
Ha sido mucho más frecuente, sin embargo, el prejuicio de partida y el populismo punitivo, como respuesta. En un clima represivo además de banalización de la prisión como fórmula fácil para acallar el desorden, sea éste social o político.
Prevalecen los tópicos falsos de las cárceles como hoteles de cinco estrellas, de la insuficiencia de las penas con el ‘se entra por una puerta y se sale por otra’, del fracaso de la reinserción, en particular en los delitos más graves..etc
De nada ha servido que los datos refuten los dictados drásticos de las emociones, ni que sea inconveniente legislar al calor del shock y la sensibilidad por los crímenes.
Se pasa por alto que España es de los países europeos con menos delitos y también con un número más bajo de asesinatos, en particular de los más graves que siguen disminuyendo al nivel de los años ochenta, pero paradojicamente con el doble de encarcelados.
Se oculta tambien que, a pesar de ello, el código penal español, establece unas de las más largas penas y obliga a un alto cumplimiento de las mismas, lo que explica que nuestra tasa de encarcelados sea un 30% mayor de la media europea, duplique la media de años de prision y se encuentre entre las mayores de Europa.
Poco importa que sigan siendo la gran mayoría los delitos de drogas y contra el patrimonio los que muy mayoritariamente pueblan nuestras cárceles.
Unas penas desproporcionadas e incrementadas en cada reforma como la de hasta cuarenta años de prisión para determinados delitos que podría equipararse a una cadena perpetua o incluso la muerte a plazos y en la que se renuncia a cualquier tipo de rehabilitacion y se opta por la retribución y aniquilación de la persona pura y dura. Si se tiene en cuenta que a partir de veinte años de encierro la desestructuración de la personalidad es total y por ende podría ser catalogada como otra forma de pena degradante.
Tampoco se reflexiona sobre la inutilidad de la prisión perpetua como disuasión de los delitos, cuando no son precisamente los países con mayores penas los que sufren los mayores índices de este tipo de delitos.
Para el populismo punitivo, lo de menos es cual sea la finalidad de la pena que, desde luego,no es la venganza sino la rehabilitación y resocialización del condenado.
Es precisamente ahí, donde los poderes públicos y la sociedad española tenemos márgenes más amplios de mejora. Sin embargo, lejos de favorecer las experiencias educativas y rehabilitadoras, las administraciones y en especial los últimos responsables penitenciarios del PP, las han abandonado para recurrir únicamente al encierro sin esperanza.
Unas unas cárceles cada vez más modernas pero más inhumanas y con un ambiente cada vez mas favorable de tráfico y consumo de estupefacientes.
No es de extrañar entonces el alto índice de enfermedades mentales y suicidios en nuestras cárceles.
Cada año fallecen unos 150 presos en las cárceles españolas de los que aproximadamente el 15% se ha quitado la vida.
La población penitenciaria en España ascendía a principios de año a 51.121 reos, de los que el 26% son extranjeros, que tan solo con una equiparación de penas se podría reducir a la mitad.
En total, el año pasado, 23 presos se quitaron la vida. Casi la mitad de ellos (46%) estaban en tratamiento por enfermedad mental y cuatro en situación de aislamiento. Los suicidios representan el 14,75% de las muertes en prisión o en el hospital de referencia de la cárcel, que en 2016 se elevaron a 156 (0,30% de la población reclusa). Un número a todas luces excesivo y que exige cambios urgentes.
También nos encontramos con argumentos falsos sobre un supuesto tipo de crímenes no rehabilitables, cuando los estudios cuentificos mas solventes muestran similares tasas de reinserción para uno u otro tipo de crímenes y con mayor reincidencia tan solo en el caso del pequeño delito patrimonial.
Lo fundamental es pues el tratamiento educativo, terapéutico y rehabilitador que se lleve a cabo, pero no ha sido esta la prioridad de los últimos responsables penitenciarios.
Y sin embargo existen y están acreditados modelos alternativos de rehabilitación y reinserción, como el modelo de las unidades Terapéuticas y Educativas, en los que España y Asturias han sido pioneras y que han rebajado las tasas de reincidencia en el delito a mínimos.
Este modelo de reinserción, junto con las organizaciones no gubernamentales de apoyo a la educación, la rehabilitación y la reinserción son las que dan la verdadera medida del desarrollo de una sociedad y de la aplicación del mandato constitucional de reinserción.
«Porque ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás”
Nelson Mandela
Gaspar Llamazares