Parece inevitable que el Gobierno Sánchez, en su política de apaciguamiento con los independentistas catalanes ofrezca resultados materiales tangibles, que tengan buena venta entre los situados en la zona tibia del espectro, que ahora parece situarse en territorio de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y que estimule el pragmatismo atávico de una parte importante de la sociedad asentada en el cuadrante nororiental.
El dinero es el mejor lubrificante de las maquinarias políticas y, en este caso, también se cuenta con que se cumpla esta afirmación, que, a fuer de sincero, no contradice los altos ideales y las inamovibles ideologías de algunos.
En estas jornadas tórridas, ya hay quien lanza a sus escuderos para que vayan sentando las bases de sus aspiraciones y no son pocos los artículos de prensa que en este verano tratan de introducir doctrina sobre el futuro sistema de financiación. Hay una serie de simples opiniones que se quieren pasar por axiomáticas, como si se tratara de delimitar un campo deportivo con el carrito de la cal. Fuera de la línea que se pretende marcar no hay nada y por dentro del terreno de liza, esos mensajes forman el reglamento.
Uno de esos artículos que quieren marcar pautas ha aparecido en El País hace unos días. En dicho artículo se trastoca el modelo actual radicalmente, de tal forma que el Estado queda reducido a garante de unas normas de financiación autonómica y a receptor de los fondos residuales de unas autonomías first classe, para que los distribuya entre eso tan bonito y que tan bien suena de “el resto de España”.
La acumulación de falacias formales poco importa. Por ejemplo, aquella que dice que un sistema fiscal a la carta para las autonomías sería un estímulo a la creación de riqueza y a la solidaridad, como si ambas cosas fueran los dos carriles de una cremallera y como si nuestra experiencia no dijera exactamente lo contrario.
Hay frases verdaderamente hirientes en el artículo de marras, que constituyen otra falacia, cuando se afirma, por ejemplo, que esas comunidades autónomas “que son solidarias, que generan y aportan riqueza al país y que tienen una clara voluntad de autogobierno, podrían acceder a un determinado nivel de autonomía fiscal”, fin de la cita textual.
Ahí quería llegar, “aquellas CCAA que tienen una clara voluntad de autogobierno”. No hace falta decir de qué estamos hablando, señor Durán-Sindreu Bouxadé, autor del artículo que comento. Pero, por si no lo hubiéramos entendido (hay millones de ciudadanos españoles que les entendemos a la primera todo lo que dicen, aunque no lo crea) lo repite un poco después, preconizando una España fiscal de dos o más velocidades, en la que unos gozarían de un “sistema especial” que vendría a ser el reconocimiento explícito y normativizado de su “deseo de máximo nivel de autogobierno en el marco que la Constitución les permite y que son generadoras de riqueza y solidarias con el resto de CCAA”.
Como no puede faltar es este contexto, hay que basar los argumentos en otra falacia: “el derecho a un sistema fiscal propio”. ¿Dónde está expresado ese derecho? ¿Acaso en esa Constitución elástica que interpretan siempre pro domo sua?
Por no alargarme más, pero no callar lo fundamental. Ni una sola palabra sobre los verdaderos titulares de derechos, los ciudadanos. Otro lugar común entre los componedores, ignorar a los ciudadanos vivan donde vivan. Los territorios no pagan impuestos. Los ciudadanos, todos.
Thomas