Ciudadanos acaba de proponer la eliminación del impuesto de sucesiones, el impuesto liberal por excelencia, escudándose en la desigualdad que según ellos provoca su gestión autonómica y en los habituales tópicos conservadores de una supuesta doble tributación y el carácter expropiatorio del mismo.
Como si el causante y el heredero o legatario fuera la misma persona o si pagar IVA e IRPF fuese doble tributación o expropiación.
Una supresión injusta y temeraria que continúa y amplía la competencia populista en el ámbito de la derecha, esta vez en materia fiscal, a las puertas de las elecciones autonómicas andaluzas.
Un recorte injusto, regresivo e inoportuno, precisamente cuando es más urgente la defensa de una fiscalidad justa y progresiva, en la defensa de los servicios públicos y en la lucha contra las desigualdades y en particular frente las desigualdades de origen o de cuna.
Sobre todo cuando en estos días acabamos de conocer que el número de los ricos y muy ricos ha aumentado, primero en la crisis y ahora en la recuperación, y se han incrementado aún más las diferencias sociales de éste 1% con el resto de los ciudadanos.
El número de ultrarricos en España que declaran patrimonios superiores a los 30 millones de euros casi se triplicó entre el año 2006 y el año 2016, al pasar de 200 contribuyentes a un total de 579, según los últimos datos sobre declarantes del Impuesto de Patrimonio publicados por la Agencia Tributaria.
Por eso son imprescindibles los impuestos como el de sucesiones: porque son impuestos directos ( gravan la capacidad económica o el patrimonio acumulado) , progresivos ( mayores cuanto más patrimonio) e igualitarios porque reducen las diferencias por origen de cuna que siguen siendo mucho mayores que las de renta.
Precisamente además en un momento de desfiscalización en que España compite en fraude, exenciones, bonificaciones, así como en baja presión fiscal tanto sobre plusvalías como en sociedades y patrimonios, siendo por contra el impuesto sobre la renta de los asalariados y los impuestos indirectos, que pagamos todos por igual independientemente de nuestra capacidad económica, sobre los que recae el sostenimiento de la hacienda pública.
Es decir, son los trabajadores y los sectores medios los que pagan la mayor parte de los impuestos con su salario y el consumo.
Sin embargo, las diferencias de patrimonio siguen siendo mucho mayores que las de renta como nos ha mostrado Piketti en su libro ‘El Capital del Siglo XXI’.
La movilidad social está condicionada, por el patrimonio familiar, las relaciones determinadas por la clase ( sociales, educativas, culturales) y en mucha menor medida por el mérito y la capacidad.
Además, en situaciones de estancamiento económico y demográfico, como las de las últimas décadas, aumentan las diferencias en favor del patrimonio acumulado y la retribución del capital frente a los salarios y se concentran las herencias en cada vez menos manos al reducirse el número de herederos.
Por eso el impuesto de sucesiones, no solo es el más justo, es que además se constituye en la última frontera frente a la elusión y el fraude fiscal.
La rebajas sucesivas del impuesto a la herencia por imposición de las derechas en su loca carrera populista ha significado ya la eliminación práctica del impuesto para los herederos directos en las CCAA, y más aún para la herencias de empresas, al elevar el mínimo exento y eliminar el tope del volumen de facturación de la empresa familiar. Las rebajas han convertido también la vivienda familiar más que en un bien de uso en un valor de mercado.
Ya al día de hoy una familia con dos hijos y una herencia de más de un millón de euros no tiene que pagar nada de impuesto de sucesiones como tampoco desde la contrarreforma Zapatero paga ya impuesto de patrimonio.
No se trata pues ni de clases medias ni de trabajadores en absoluto. El impuesto de sucesiones ahora no afecta siquiera al 2% de los herederos directos como media en el conjunto de las CCAA.
No en vano ha sido rechazada la supresión del impuesto preconizada por Rivera por parte de los sindicatos de clase, por los técnicos de Hacienda e incluso por el que fuera uno de los gurús de su último programa electoral y ex consejero de la CNMV Manuel Conthe que han visto en ella un beneficio para una absoluta minoría de ricos en detrimento de la mayoría que verán reducida su expectativa de movilidad social y también la financiación de unos servicios públicos ya bastante recortados.
Porque lo que no ha dicho tampoco Ciudadanos es cómo se va a compensar la eliminación de un impuesto directo como el de sucesiones: si aumentarán otros impuestos indirectos ya que no tocan el de patrimonio, o con más endeudamiento que lo pagamos todos y muy caro, o si con recortes sociales y más privatizaciones.
Más de dos mil millones de euros de recorte de ingresos que afectarán a gasto social actual y limitarán nuevos derechos y nuevas inversiones.
Por eso hay que rechazar la supresión de los impuestos al patrimonio acumulado y al heredado. Porque favorece a una minoría. Porque frena aún más el ascensor social y dificulta la solución de las preocupaciones de los españoles: el paro, la precariedad, la corrupción, la situación económica y la sanidad. Porque supone un recorte de ingresos que no dicen cómo van a compensar y porque incrementa las desigualdades cuando mayores desigualdades y pobreza vivimos como consecuencia de una crisis y recuperación precarias e injustas.
Por eso la izquierda proponemos mantener el impuesto, mejorar su progresividad, aumentarlo en los tramos mayores de un millón de euros y armonizarlo para evitar diferencia así como la competencia entre CCAA.
Todo ello junto a una reforma fiscal global que aborde en particular la lucha contra el fraude, eleve el tipo efectivo del impuesto de sociedades y de plusvalías y mantenga los impuestos progresivos sobre el patrimonio acumulado.
El anuncio populista de Ciudadanos de supresión del impuesto sobre las herencias trata en definitiva de agitar la legítima frustración y rabia de sectores en favor de la minoría de los mas ricos de la sociedad para volver a asaltar lo público y entonar un sálvese quien pueda.
La gente de la izquierda que nosotros representamos debería sin embargo canalizar esa indignación para transformar la sociedad con justicia y solidaridad, con transparencia y petición de cuentas frente a la corrupción y con más calidad y humanidad en los servicios públicos.
Gaspar Llamazares