El malhadado Pacto de Toledo ha vuelto a hacer una de las suyas. Con toda pompa y circunstancia ha anunciado un acuerdo sobre pensiones que consiste en indexar con algún IPC (denominado IPC real en el anuncio de la Comisión) la revalorización anual de las retribuciones de los jubilados. Una vez más, el Pacto de Toledo ha recurrido al engaño de la revalorización de las pensiones sin definir ni cuanto (ese misterioso IPC real) ni cómo, ya que no expresa la financiación de la que se va a servir para hacer frente al gasto añadido.
Así no es difícil llegar a acuerdos. Se marca la senda reclamada por los jubilados (unos con menos razón que otros) y de deja para más adelante la solución de los problemas de fondo, que no son de revalorización sino de las propias pensiones. Los electores jubilados doblemente satisfechos. Ven incrementadas las pensiones y sobre el futuro de las mismas, que discutan los políticos, pero sin hacer ruido, sin cargos de conciencia.
La senda de lo fácil ha sido la seguida por el llamado Pacto de Toledo en los veintitantos años de existencia. Por la Comisión han pasado, en este periodo, cientos de diputados. Algunos la dejaron, han vuelto a ella, pasado el tiempo y como el primer día, nada entre dos platos. De información han dispuesto, de expertos, también. Las decisiones de fondo, sin embargo, nunca llegan.
El documento emitido por la Comisión es frustrante para quienes quieren y deben planificar su presente (previsión) y su futuro (jubilación). Sin modelo es muy difícil ahorrar para la vejez. Sin hablar de otro asunto peliagudo, la fiscalidad. Los planes y fondos de pensiones, esos ahorros que revuelven las tripas a los populistas, que quieren a todo trance acabar con ellos, han sufrido cambios radicales de fiscalidad, determinantes en la vida del ahorro a largo plazo. Hoy, los rescates pagan como renta personal, ya sea un rescate en bloque, que deja en la mitad los ahorros, por pequeño que sea el fondo, ya sea en pequeñas retiradas mensuales o anuales.
Los políticos crearon el Pacto de Toledo para sacar las pensiones del debate electoral. Ni siquiera eso ha conseguido. Luego han asentado que el sistema de reparto es el único posible. Un imperativo en el debate. Más tarde hablaron de la correlación entre cotización y prestación. Hasta inventaron una palabreja, la contributividad. Se ha hecho justo lo contrario, elevar sistemáticamente las que menos han contribuido y plafonar las que más. ¿Para qué seguir?
Ni este ni ningún gobierno del pasado se han puesto a pensar el sistema de pensiones de este siglo sin dogmas ni apriorismos. Consideran que el de jubilados es un bloque electoralmente uniforme, preocupado exclusivamente de sus condiciones de supervivencia e, instalados en tan burda simplificación, ponen dinero al día. El futuro lo tedran que resolver otros, lo cual no deja de ser un alivio.
Thomas