El término desaforado tiene varias acepciones, pero para el tema que me gustaría tratar, me referiré a la definición que hace referencia a aquel que actúa obviando la ley o la justicia. Si esto es así, el término aforado debería aludir a lo contrario, ¿verdad? Una persona aforada debería ser aquella que siempre obrara en consonancia con la ley. Vaya, pues creo que aquí hay algo que no cuadra.
Veamos, realmente la definición de aforado aduce a aquella persona que goza de algún fuero o privilegio a nivel jurisdiccional por motivo de su rango o profesión y, antiguamente también, por motivo de su dignidad. Esto último de la dignidad creo que no aplica mucho en los tiempos que corren, así que me quedaré con los elementos anteriores de la definición.
A lo que vamos, hoy en día que tanto se oye hablar de los aforados, lo importante es saber que son aquellos que por el único motivo de ejercer un cargo público o por su tipo de profesión, gozan del derecho de que, si son imputados por un delito, sea del tipo que sea y si llegara el caso, serán juzgados por un tribunal distinto al que le correspondería a un ciudadano de a pie.
Pero, ¿un aforado no debería actuar en consonancia con la ley y por tanto nunca debería ser juzgado porque no debería existir motivo para ello? Bueno, ya sabemos, una cosa es la teoría y, otra, la práctica, y más en este país.
¿Qué motivo existe para la existencia de aforados? Parece ser que un tribunal ordinario en caso de juzgar a un cargo público, probablemente, podría verse sometido a más presiones políticas de lo que podría suceder si es un tribunal superior el que lo juzga, como se supone que es el caso del Tribunal Supremo que debería ser más ajeno a este tipo de presiones.
Sin embargo, en el escandaloso caso del máster de Pablo Casado es una jueza de un juzgado de instrucción la que ve claros indicios de delito como para elevar el caso al Tribunal Supremo que es el que podría juzgar a este político del PP por el hecho de ser aforado. Qué paradógico resulta que finalmente sea el Tribunal Supremo el que no aprecie indicios de delito que sí estaban claros en un tribunal ordinario.
Pero hagamos un repaso de ciencia política básica en cuanto a los tres poderes que rigen en democracia y su separación, ellos son: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo es el que debe hacer cumplir las leyes y corresponde al Presidente que hace las funciones de Jefe de Estado; el legislativo es aquel que aprueba o deroga esas leyes y corresponde al Congreso de los Diputados y al Senado; y el judicial es que interpreta esas leyes y las hace respetar o las invalida, que es llevado a cabo por la administración de justicia.
Montesquieu fue quien acuñó su teoría de separación de poderes y con ella lo que se pretendía era evitar que una sola persona o grupo de personas concentrara en sus manos todos los poderes del estado, tratando de prevenir así su abuso. Por ello, si se distribuyen los poderes entre diferentes órganos, en teoría, los derechos de las personas estarán más garantizados, especialmente en lo que se refiere al poder judicial que debería ser el más independiente de todos.
La cuestión es que ningún poder es completamente neutral y, como podemos ver hoy en día, el poder judicial no es en absoluto independiente, lejos de ello, está muy influenciado por el poder político ya que son los propios políticos quienes pactan los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. ¿En qué se traduce esto? Pues en que la justicia no es igual para todos, claro que nunca lo ha sido ni creo nunca lo sea. Cada vez que oigo eso de que la justicia es igual para todos, me río del cinismo que subyace a tal afirmación porque sé que no se la cree ni quien lo dice. Otra cosa es lo que debería ser pero, insisto, la teoría es muy bonita, lo malo es la cantidad de veces no se materializa en la práctica.
Después de lo visto, la siguiente pregunta es: ¿por qué hay tantísimos aforados en España? De hecho, tenemos cerca de unos 250.000 entre fuerzas y cuerpos de seguridad, la familia real, gobierno y altos cargos, diputados y senadores, cargos autonómicos y jueces y fiscales. La verdad es que la cifra es excesiva, máxime si miramos, por ejemplo, a Europa y vemos que esta figura directamente no existe en la mayoría de ellos. Solo en Italia y Portugal, donde el único aforado es el presidente de la república, y en Francia, donde también es aforado su presidente y algunos ministros.
No sabría responder a la pregunta anterior porque, quizás, al inicio de nuestra democracia sí tenía más sentido que existieran los aforamientos de cara a que los políticos más de izquierdas pudieran ejercer su función sin estar afectados por la presión de esas figuras herederas de la dictadura en diferentes ámbitos, cuando quedaba muy patente la falta de independencia judicial. Sin embargo, a día de hoy, no parece que tenga mucho sentido que sigan existiendo los aforamientos y menos aún en tan alta cuantía.
¿Cuánto tiempo más existirán? A saber, pero creo que lo más lógico es que todos esos aforados pasaran a ser desaforados, sin excepción.
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