Volvamos brevemente a los hechos ocurridos el pasado 27 de diciembre, en la sede de la embajada de México en Bolivia. Nueve prófugos, presuntos delincuentes solicitados por las autoridades de Bolivia, se habían “refugiado” en la sede. En tales circunstancias, en extremo delicadas, violando las más elementales precauciones propias del ejercicio diplomático, dos funcionarios de la embajada de España, la encargada de negocios, Cristina Borreguero, y el cónsul, Álvaro Fernández, decidieron hacer una “visita de cortesía”, escoltados por cuatro oficiales de seguridad, llamativamente encapuchados.
El despropósito, lo inadecuado de la supuesta “visita” es más que evidente. En el momento en que el nuevo gobierno de Bolivia lucha por estabilizar al país y trabaja con denuedo para organizar un proceso electoral que ofrezca garantías de respeto a la voluntad popular; en el momento en que el poder judicial de Bolivia actúa para castigar a los culpables del fraude electoral -documentado con amplitud y rigor en el informe “Análisis de Integridad Electoral. Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”, del 20 de octubre de 2019-; en el momento en que ya eran públicas las tensiones entre México y Bolivia, por la decisión del gobierno de López Obrador de proteger a los nueve exfuncionarios, varios de los cuales han sido acusados de manipular los resultados electorales (lo que les calificaría, de confirmarse los señalamientos, de haber cometidos delitos penados por las leyes de Bolivia), en este marco de cosas, se produce la impertinente, extraña, desajustada e impropia visita a la casa donde se encuentran los prófugos en cuestión.
Las sospechas de los vecinos, que reaccionaron en contra de los encapuchados y en contra de la presencia de los vehículos, está más que justificada: fueron desatadas por las extrañas conductas de los visitantes. La conclusión de que se aprestaban a rescatar a algunos de los prófugos, se fundamenta, no solo en la inoportuna visita, sino en los largos vínculos que unen a varios dirigentes del partido Podemos, con el delincuente electoral, Evo Morales (aprovecho para recomendar aquí la lectura del informe de la OEA que mencioné en el párrafo anterior: muestra que el fraude electoral en Bolivia fue previamente diseñado, que fue posible por toda una estructura de complicidades, y que fue supervisado directamente por Evo Morales y varios de sus ministros).
Este no es un hecho aislado: inaugura la nueva diplomacia encabezada por Pablo Iglesias -y no por Pedro Sánchez-, que será quien dicte las pautas de las relaciones del nuevo gobierno de España con América Latina. Es una mala noticia para los demócratas de México, que resisten el avance del siniestro populismo de López Obrador. Lo es para los bolivianos, hartos de los fraudes cometidos por Evo Morales para eternizarse en el poder. Los es para la oposición democrática nicaragüense, que paga con la cárcel, con torturas o con la vida, el objetivo de recuperar la libertad. Y, por supuesto, es una noticia terrible para los venezolanos, que encontrarán un nuevo escollo que salvar en la política exterior de España y, en consecuencia, de Europa.
Mientras las más importantes asociaciones criminales del continente, los Ortega, los Maduro, los Kirchner, el Partido de los Trabajadores de Lula, el Foro de Sao Paulo, las FARC, Petro, los colectivos dedicados al narcotráfico, Correa y su combo, el PSUV de Diosdado Cabello, celebran la toma del poder por parte de sus socios de Podemos, Iglesias y sus asistentes ejecutan su primera gran operación diplomática, cuyo avance tuvo lugar en Bolivia: usar la estructura diplomática de España para blanquear las huellas del financiamiento ilegal recibido por los gobiernos corruptos de América Latina.
La fallida operación, impedida por los vecinos, anuncia la nueva política exterior de España hacia Venezuela y América Latina, al mando de Iglesias y Rodríguez Zapatero, que dictarán los lineamientos que deberá cumplir Josep Borrell como canciller de la Unión Europea.
Con Iglesias como jefe de gobierno, vienen trabas para la circulación de las denuncias sobre la sistematicidad de las violaciones de los derechos humanos. Trabas para impedir que los países que han reconocido a Juan Guaidó Márquez como presidente encargado de Venezuela, reconozcan a sus embajadores. Vienen obstáculos para que los medios de comunicación bajo el control o influencia directa de Podemos, informen sobre la tragedia que asola a millones de familias, dentro y fuera del territorio. Viene, y esto es clave, una arremetida en el ámbito de la opinión pública, para distorsionar la realidad de nuestro país, bajo el siguiente relato: que lo que ocurre es el resultado de un enfrentamiento político entre dos poderes, y no lo que es: una dictadura que persigue al conjunto de la sociedad, al costo de sus vidas, mientras se enriquece y se aferra al poder, violando los principios básicos de la democracia.
En esta nueva etapa, donde Josep Borrell tendrá la tarea de asegurarse que Europa siga el rumbo señalado por Iglesias y Rodríguez Zapatero, se agitará, todavía con más fuerza, la política de hacer silencio y mirar hacia otro lado mientras Maduro reprime y tortura y mata a indefensos, bajo el supuesto de que España debe proteger sus intereses empresariales. Y más: es previsible la reaparición de Rodríguez Zapatero, para el relanzamiento de la inútil, agujerada y fracasada tesis del diálogo como única solución a la crisis venezolana, alentada desde ya, por López Obrador y por el kirchnerismo, socios de Maduro y Morales.
Miguel Henrique Otero